El 18 de julio, 82 aniversario del golpe de Estado con el que se iniciaría en 1936 la guerra civil que desembocó en la dictadura de Francisco Franco, es la fecha elegida para la celebración del juicio contra las nueve personas vinculadas al BNG que el pasado 26 de septiembre ocuparon de manera simbólica la casa Cornide de A Coruña, histórico edificio propiedad de los herederos del dictador, que los denunciaron. Este viernes el BNG ha querido mostrar su apoyo a los activistas y destacar que “la coincidencia de la fecha hace aún más evidente la anomalía democrática y el esperpento que supone que, 40 años después de la muerte de Franco, siga siendo necesario luchar contra el franquismo, mientras los herederos del régimen que segó la vida de miles de gallegos y gallegas continúan a disfrutar de los bienes robados al pueblo gallego y recibiendo títulos nobiliarios por parte del Gobierno del PP”.
La ocupación de la casa Cornide de A Coruña, propiedad de los Franco, se produjo un mes después de que militantes del BNG ocupasen también de manera simbólica el Pazo de Meirás. En los dos casos los herederos de los Franco piden penas de cárcel para los activistas, a pesar de que los implicados en los actos destacan que fueron protestas pacíficas en las que no se dañó ningún bien y que duraron poco tiempo. En el caso de Meirás, la Fundación Franco llegó a advertir de un “justo castigo” a los militantes del BNG.
Este viernes en A Coruña el BNG quiso trasladar su “total apoyo a las nueve personas denunciadas así como su solidaridad y orgullo por su imprescindible activismo”. “Con el acto simbólico y pacífico en la Casa de Cornide no hicieron otra cosa que defender la dignidad del pueblo gallego, la dignidad de las víctimas de la dictadura que aún no recibieron justicia, ni fueron compensadas, ni su memoria restituida, y defender los valores más elementales de una democracia que se precie”, destaca la formación.
El BNG confía en que esta nueva denuncia “no tenga recorrido alguno y se resuelva con prontitud y contundencia a favor de estas 9 personas que con su acto reivindicativo asumen el papel que tendrían que haber hecho el Gobierno del Estado y la Xunta de Galicia: defender valores democráticos fundamentales que, en este caso, pasan por acabar con la ignominia de que el Franquismo sin Franco siga campando a sus anchas, ocupando bienes que son del pueblo gallego y recibiendo honores nobiliarios”.