La Autopista del Atlántico no paga el IBI a los ayuntamientos por los que pasa gracias a un beneficio concedido por el franquismo hace más de cuarenta años. En realidad, sí paga, pero tan sólo el 5% del total del Impuesto de Bienes Inmuebles que particulares y empresas deben abonar a los municipios al grabárseles el valor de las titularidades que poseen en cada territorio. Este privilegio de Audasa prevé mantenerse hasta 2023, plazo en el que finalizaba la concesión original de la autovía a la empresa y que el Gobierno central amplió más tarde hasta 2048. Pero varios ayuntamientos se han rebelado contra este favor fiscal. Con Abegondo a la cabeza, las 22 localidades de la provincia de A Coruña por las que cruza la principal arteria de comunicación de Galicia se han unido para reclamar el fin de esta exención y preparan ya la batalla legal en Bruselas.
En Galicia, es la AP-9 la única vía que no paga el 95% del IBI gracias a las bonificaciones previstas en la ley de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión aprobada en 1972, en pleno franquismo. El decreto del 17 de agosto de 1973 por el que se adjudicaba la concesión administrativa para la infraestructura gallega preveía que esta contase con los “beneficios” que figuraban en el artículo doce de dicha ley y “a lo largo del período concesional”. A pesar de que su construcción está más que amortizada y pese a los millonarios beneficios que genera, la exención ahí sigue, aplicándose en el nivel máximo de reducción permitido por la legislación de aquella del régimen dictatorial.
El pasado jueves 20 de abril, 15 de los 22 ayuntamientos por los que pasa la AP-9 y están afectados por esta exención acudieron a una reunión en Abegondo convocada por José Antonio Santiso, alcalde de una de las localidades más perjudicadas. Representantes de los municipios de Culleredo, Cambre, Oleiros, Betanzos, Ordes, Oroso, Ames, Teo, Ferrol, Cabanas, Pontedeume, Paderne, Bergondo y Miño se reunieron en un encuentro al que no pudieron asistir A Coruña, Compostela, Fene, Narón, Mesía, Padrón y Neda. En él, el bufete madrileño Gonzalo Abogados, especializado en hacienda local y financiación municipal, apuntó el recurso ante la Comisión Europea como la mejor estrategia para reclamar.
Los expertos -que colaboraron con Arteixo para lograr que pudiese cobrar por el uso del dominio público por parte de las eléctricas- advierten que podrían recuperarse cinco millones de euros por año entre todos los municipios afectados e incluso advierten de la posibilidad de reclamar con carácter retroactivo el pago de los últimos diez años: 50 millones a repartir entre los 22 municipios.
Acudir a la UE parece la opción más factible, al entender la consultora que existe una norma jurídica en el Estado que va contra los principios de los tratados comunitarios, como el de autonomía local. De hecho, desde 1990 las nuevas concesiones no disfrutan de esta exención fiscal y desde 2002 las autopistas de peaje son consideradas por ley Bienes Inmuebles de Características Especiales (Bices). Con todo, la exención se ha mantenido y se mantiene.
“En el momento en el que se aplicó la exención, el beneficiado era el propio Estado, pero ahora se está perjudicando a los ayuntamientos y no tiene ningún sentido; acudiremos a la UE para que se aplique el 100% del IBI a Audasa”, explica José Antonio Santiso, alcalde de Abegondo por el PP e impulsor de la iniciativa.
La UE, única vía
La vía comunitaria es también la más recomendada vistos los precedentes judiciales en el Estado. Después de una iniciativa de la Diputación de Pontevedra para reclamar el pago de compensaciones a los ayuntamientos afectados por la exención, las sentencias contrarias han ido cayendo una a una sobre la docena de municipios que acudieron a la justicia. El Tribunal Superior de Madrid descartó las reclamaciones, aunque años antes sí había dictaminado a favor de Pontevedra y le había reconocido el derecho a ingresar más de 1 millón de euros. En 2011, el Supremo anuló el dictamen y sentó jurisprudencia, advirtiendo que “ni los compromisos internacionales asumidos por España, ni la Constitución ni la legislación común imponen al Estado, de manera ineluctable, el deber de transferir a los ayuntamientos las cantidades que dejen de percibir como consecuencia de los beneficios fiscales que se otorgaran u otorguen sobre tributos locales”.
El Gobierno central, ante la reclamación que habían llevado a cabo formaciones políticas como el BNG, denegó en varias ocasiones a posibilidad de compensar los ayuntamientos afectados. La última vez, en 2011 con el PSOE en la Moncloa. “Desde Galicia hubo varias iniciativas que fueron rechazadas continuamente; lo único que nos queda es ir a la Comisión Europea para que modifique la normativa que permite mantener esa exención”, insiste Santiso, alcalde de Abegondo, uno de los ayuntamientos más afectados por las prebendas de Audasa. Según los cálculos realizados, tendría que recibir cerca de 600.000 euros al año frente a los menos 30.000 que percibe ahora. Acoge 20 kilómetros de autopista, peajes y alguna otra infraestructura.
Para decidir definitivamente la estrategia a seguir, los ayuntamientos de la provincia de A Coruña implicados prevén nuevas reuniones pero la idea es clara: denunciar ante la Comisión Europea a través de un recurso de incumplimiento, al no haber corregido el Gobierno de España una actuación que consideran que va contra tratados comunitarios. Habría que revisar la valoración catastral de la autopista en cada localidad para, más adelante, reclamar administrativamente en Europa ya con el informe jurídico en la mano.
Los cálculos que hacen son de 5 millones al año, mientras que los 12 municipios por los que pasa la AP-9 en la provincia de Pontevedra habían reclamado ya 4 millones no hace tanto tiempo a través de la Diputación. De aplicarse la retroactividad, con un límite de diez años, los más de treinta ayuntamientos afectados podrían recuperar hasta unos 100 millones.