La Comisión Europea acaba de abrir otro procedimiento de infracción contra España por “no cumplir los requisitos de la legislación de la UE sobre seguridad ferroviaria”, proceso derivado de la fiscalización constante que diversos entes comunitarios mantienen sobre el sistema ferroviario español desde que ocurrió el accidente del tren Alvia en Santiago, con 80 muertos, el 24 de julio de 2013. En estos años la plataforma de víctimas del siniestro y la eurodiputada del BNG Ana Miranda, que está actuando de representante de hecho de ellas en Bruselas, han desarrollado un constante trabajo de presión, con reuniones y denuncias al más alto nivel, para que las instituciones comunitarias no olvidasen su situación. Ahora la decisión europea llega mes y medio después de que el juez instructor de la causa penal diese por finalizada la investigación y propusiese juzgar por el siniestro no sólo al maquinista del tren, que se despistó y no frenó a tiempo antes de la curva de Angrois, sino también a un cargo de Adif por no habilitar las medidas de seguridad adecuadas para evitarlo.
El procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea no analiza el caso concreto del accidente de Angrois, ni siquiera si la red ferroviaria española es segura, sino la manera en que diversos organismos estatales supervisan esa seguridad e investigan los siniestros. ¿Por qué es tan relevante esta decisión para el caso de ese accidente?
La carta de emplazamiento que emite ahora la Comisión, que el Estado tiene dos meses para responder, va más allá de los organismos de investigación. El procedimiento de infracción va sobre el cumplimiento por parte de España de las normativas de seguridad ferroviaria en general. ¿Dicen la Comisión y el Estado que no va de un caso concreto? Pero si no hubiera sido por la presión que hicimos con el caso de Angrois no saldría nada ni del caso concreto ni de los casos generales. El procedimiento de infracción es consecuencia directa de ir en 2015 con las víctimas a Bruselas, de continuar trabajando en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, del seguimiento y reuniones con la comisaria de Transporte, de volver con las víctimas a Bruselas, de la presión política. Claro que ningún procedimiento de infracción va sobre un caso pasado. Los procedimientos de infracción analizan la situación actual. Pero si hacemos cuentas, si no se cumple con la legislación en 2019, tampoco se cumplía en 2013.
¿En qué medida las denuncias contra España que presentaron usted y las víctimas a raíz del accidente de Angrois están detrás de este procedimiento o es más bien fruto de que tras el siniestro la propia Comisión puso el foco en España?
Todas las miradas se pusieron en España, pero si no hubiese esta presión y esta implicación y no la tomasen en serio en Europa, no habría ido todo tan lejos. Porque después de las presiones políticas que tuvieron de Fomento durante el Gobierno anterior, y que supongo que tendrían estos días también, era tan inevitable y tan evidente, que en Bruselas me llegaron a decir que no se podía parar. Me siento orgullosa de este procedimiento de infracción pero no porque se culpe a España. No es por eso. Es para que nunca más haya un accidente tan trágico. Para que cumplamos la ley y no se siga diciendo que España es diferente. Para que hagamos las cosas bien. Para que demos paz a las víctimas. Prefiero que se cumpla la ley que las multas.
Tras el accidente, el entonces secretario de Estado y después ministro Rafael Catalá y el presidente Feijóo alertaban del daño que podía hacer al sector hablar mal de la alta velocidad española. ¿Hay algún interés oscuro de otros socios comunitarios detrás de esta decisión de la Comisión Europea que vuelve a poner en entredicho al sector?
Creo que no, que realmente lo que hubo fue una ocultación de que el accidente no había sido sólo por el maquinista, como dijo el Gobierno central [del PP, que gobernaba en 2013, con Ana Pastor al frente de Fomento], que tuvo una responsabilidad directa en la puesta en marcha del tren, igual que el exministro José Blanco que autorizó la puesta en marcha de la línea sin una evaluación de los riesgos. Si tienen algo de decencia, Blanco y Pastor deberían estar dimitiendo de sus cargos públicos.
¿Cree que un ministro, fuese el socialista José Blanco que inauguró la línea en 2011 o la popular Ana Pastor que estaba en el cargo cuando ocurrió el accidente, debe saber de sistemas de seguridad ferroviaria?debe saber de sistemas de seguridad ferroviaria
Tiene que haber un mecanismo a nivel ministerial para informarse de que una puesta en marcha de una línea como se hizo esta implicaba esto. Evidentemente un ministro no se mete en una cuestión tan particular, pero la responsabilidad máxima es de él. Estamos hablando de 80 vidas, y de unas repercusiones psicológicas en mucha gente. El otro día hablaba con uno que aún tiene miedo de subir en ascensores. Sobre todo es la falta de verdad.
¿Está usted aprovechándose del dolor de las víctimas en su propio beneficio político o para debilitar a sus rivales?
Para nada. Y ellas lo saben, eso es lo más importante. Si me aprovechase de las víctimas, que es el argumento más terrible que puede decir alguien que no quiera saber la verdad, yo no estaría dedicando a esto tantos años de mi vida política, prometiendo mi toma de posesión del escaño con víctimas al lado que vinieron a título personal y diciendo que lo asumía para llegar al final del accidente del Alvia. Ayer mi correo explotaba de agradecimientos desde A Coruña hasta Madrid. Yo les digo que esto no es una cuestión mía, que es de ellos, que yo lo que hice fue poner el oído y trabajar con ellos, sólo ponerme delante cuando se necesitaba presión política. Y en ocasiones la Comisión no trata igual a una parte implicada como las víctimas que a un mediador institucional, como es un diputado. Yo soy una mediadora. Es más, si me aprovechase de ellos, me gustaría que me lo dijesen porque me pondría en un segundo lugar. Pero al contrario, me animan a que siga. Porque en Bruselas hay políticos de todos los colores, y podían ser otros los que cogiesen este dosier, pero nadie más lo hizo porque todo el mundo pensó que se iba a perder y yo pensé siempre que se iba a ganar, porque las víctimas tenían razón y el maquinista no era el culpable. Yo sé que tengo razón y voy a ir hasta el final.
En la plataforma de víctimas hay heridos y familiares de fallecidos de toda España y de muy diversas tendencias políticas, y usted es representante de una formación de izquierda soberanista que en las elecciones europeas de mayo aspira a repetir en el escaño en coalición con Bildu y ERC. ¿Provoca eso algún conflicto?heridos y familiares de fallecidos de toda España y de muy diversas tendencias políticas
No lo sé porque yo con ellos no hablo de política partidaria. Yo con ellos sólo hablo del dosier del Alvia, de las responsabilidades políticas y de su dolor tratando de empatizar con ellos. Nunca hubo ningún conflicto porque creo que ellos llegaron a la conclusión de que lo mío no es una cuestión partidaria sino que era una persona buscando la verdad. Si no, no habría dedicado tanto tiempo a esto.
¿Que expectativa de resultados tiene de cara a las elecciones de mayo y cuáles serán sus líneas de actuación si sale reelegida?
Esperamos unos resultados buenos, francamente. Creo que estamos en un buen momento, con mucho ánimo con Ana Pontón [portavoz nacional del BNG] a la cabeza pilotando este proyecto y con un escaño que creo que resultó útil para el pueblo gallego pero también para otras causas, como demuestra el tema del Alvia, los refugiados, o el saneamiento de las rías. Vamos a seguir trabajando en esos temas, con los sectores productivos y llevando allí la distintas voces gallegas a defender sus intereses.
El histórico Xosé Manuel Beiras [exportavoz del BNG] viene de sugerir que su actual formación, Anova, concurra a las elecciones europeas de mayo con el BNG. ¿Qué opina?
De eso opinó ya Ana Pontón y yo prefiero abstenerme de esta cuestión. Hoy [por el viernes] presentamos la coalición [con ERC y Bildu] y vamos con compañeros buenos de camino con los que podemos construir una Europa de los pueblos real pero con autonomía en esa coalición.