A apenas una semana del inicio oficial de la campaña del 5A, los partidos políticos empiezan a a valorar la idea de que la crisis del coronavirus pueda llevarse por delante el desarrollo del proceso electoral o, incluso, provocar el aplazamiento de las elecciones. El Partido Popular de Galicia acaba de suspender uno de sus actos más significativos: la Romería de O Pino, en un pequeño ayuntamiento rural próximo a Santiago de Compostela. En ella había previsto reunir este fin de semana a más de 4.500 simpatizantes.
El presidente de la Xunta y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, da por hecho que su formación tendrá que suspender más actos y no descarta ni siquiera la posibilidad de que las elecciones tengan que ser aplazadas: “No lo sé, nunca se ha dado este hecho ni una situación así. En Francia hay elecciones municipales y de momento se mantienen”, aseguró este martes durante un acto en A Coruña.
La afirmación del presidente de la Xunta recoge las grandes dudas que en estos momentos se han instalado en los cuarteles generales de las formaciones políticas: ¿es posible una campaña electoral sin mítines y grandes actos?, ¿a quién correspondería el aplazamiento de unas elecciones ya convocadas? La respuesta a estas preguntas abre todo un abanico de incertidumbres sobre una materia inédita.
La suspensión de mítines o el aplazamiento de las elecciones por el coronavirus supone la colisión de dos derechos fundamentales: el derecho a la salud y el derecho a la participación política, ambos recogidos en la Constitución. “En una situación extrema se puede hacer primar el derecho a la salud si el riesgo de la pandemia es muy grande”, señala a eldiario.es un experto constitucionalista.
La entidad encargada de tomar la decisión es la Xunta Electoral de Galicia, ya que en periodo de elecciones recaen sobre este organismo todas las competencias relacionadas con el derecho de reunión en relación a actos políticos. Ni el gobierno de la Xunta ni la Delegación de Gobierno tienen ya competencias para decidir sobre alteraciones en el desarrollo de la campaña como consecuencia de la evolución del coronavirus.
La opción de suspender la campaña pero mantener las elecciones parece jurídicamente complicada, según las fuentes consultadas. La ley electoral (LOREG) considera los 15 días de campaña como un derecho de las formaciones concurrentes equiparable al de concurrir a los comicios. Esa ley que rige las normas de los procesos electorales hace mención expresa a la celebración de mítines y aclara que “los Ayuntamientos deberán reservar locales oficiales y lugares públicos de uso gratuito para la celebración de actos de campaña electoral”.
Más de 20 casos confirmados
Con poco más de una veintena de casos confirmados, Galicia es, por el momento, uno de los territorios españoles con menir incidencia del virus. Pero la situación puede cambiar en breve, ya que la multiplicación de los enfermos es a veces exponencial. De la evolución del número de contagios en esta comunidad autónoma dependerá en buena medida las decisiones que pudieran alterar el desarrollo de la campaña e incluso la jornada de votación.
Entre las preocupaciones que ya barajan en las formaciones políticas, no solo está el desarrollo de los mítines y actos de campaña y que este tipo de actos masivos contradigan las medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad. También la propia jornada de votación puede suponer un riesgo, explican desde la oposición. Si las elecciones siguen su curso, el 5A habrá que configurar casi 4.000 mesas electorales a las que están llamados los más de 1,8 millones de gallegos residentes con derecho al voto.
La portavoz nacional del BNG y candidata a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón, llamó ayer a que Alberto Núñez Feijóo convoque una reunión de urgencia con los líderes de las formaciones políticas gallegas. “Queremos que se pongan en común las medidas que están siguiendo y uno de los temas es, sin duda, como podría afectar al proceso electoral”, afirma Rubén Cela, coordinador de campaña de los nacionalistas, “siempre en base a decisiones técnicas y políticas. La salud pública ante esta emergnecia nacional es lo primero”.
Fuentes de Galicia en Común, la coalición electoral de Unidas Podemos, Anova y varias mareas municipales, no descartan ningún escenario, ni siquiera el que supondría la suspensión de campaña y elecciones. En todo caso, y más allá de criticar los recortes neoliberales en la sanidad pública, no cuestionan las medidas adoptadas por el ministerio. “Están justificadas no únicamente por la virulencia del virus, sino para intentar frenar su propagación y naturalización”, dicen, “si Salud Pública anula actos de concentración de personas, que condicionaría la celebración de mítines, no hay motivos para cuestionarlas. La salud es lo primero”.
Desde el PSdeG alertaban contra “alarmismos innecesarios y exagerados, pero es un tema importante”. Reclaman “transparencia” de la Xunta también “en relación a aquello que afecte a la campaña electoral y las elecciones”.
También preocupa también los efectos que el temor a la epidemia puedan tener sobre la participación. En el caso del Partido Popular el temor es específico ya que su hegemonía electoral tiene uno de sus principales puntos de apoyo entre los electores de más de 65 años. Si el temor entre los mayores provoca una especial cuota de abstención en este sector de la población, la mayoría que busca Alberto Núñez Feijóo podría complicarse para el candidato a la reelección.