El difícil camino para aplazar las elecciones del 5A: declaración del estado de alarma o reforma exprés de la ley electoral

Todo el espectro político sopesa la suspensión de las elecciones del 5A, pero nadie sabe cuál sería el camino exacto para realizar una decisión de esas características. La posibilidad de aplazar los comicios gallegos y vascos supone una dificultad de carácter jurídico en la que la clase política no tiene claro qué camino a seguir. La ley no prevé como frenar un proceso electoral en marcha y el máximo árbitro electoral, la Junta Electoral, carece de las competencias para tomar esa decisión.

La posibilidad de suspender unas elecciones solo ofrece dos caminos, según los expertos consultados por eldiario.es: declarar el estado de alarma o excepción o acometer una reforma exprés de la ley electoral para incluir esa posibilidad.

La declaración del estado de alarma y excepción están recogidos en la Constitución. Según su artículo 116, el estado de alarma “será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un aplazo máximo de quince días”. El Congreso debe aprobar la propuesta y renovar sus efectos cada vez que finalice el periodo de tiempo inicialmente marcado por la ley. La ley que desarrolla su aplicación es clara a la hora de explicar los motivos que pueden justificar una medida de esas características: “Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves”.

La formulación del estado de alarma hace mención expresa a la limitación de derechos como el de reunión, pero no hace referencia específica al aplazamiento de unas elecciones ya convocadas. “Aplicar el estado de alarma para aplazar las elecciones vascas y gallegas obligaría a una interpretación extensiva de las limitaciones que recoge la ley y eso siempre es muy arriesgado”, asegura a eldiario.es un exalto cargo con responsabilidades en Presidencia durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El catedrático de Derecho Constitucional Roberto Blanco Valdés no ve, sin embargo, otra salida que la declaración del estado de alarma y la asunción de poderes excepcionales por parte del Gobierno central. Este debería entonces instar a la Junta Electoral Central a la “suspensión y aplazamiento” de los comicios. “En Galicia ni siquiera habría que alargar la legislatura, ya que está aún no ha terminado”, afirma. Núñez Feijóo adelantó las elecciones al 5 de abril. La legislatura terminaba en octubre. “Creo que es la tesis más razonable si es que se dan las circunstancias necesarias. Pero eso deberán decirlo los epidemiólogos, no yo”, añade, “porque a una reforma de la ley electoral no daría tiempo”.

Esta reforma es, con todo, el otro camino posible que señalan algunos expertos para frenar las elecciones a causa del coronavirus: una modificación exprés de la ley electoral, que incluya en ese texto la previsión de aplazamiento en casos como el de la pandemia del COVID-19. Una reforma de esas características tendría que plantearse a través de un proyecto de ley suscrito por todas las fuerzas parlamentarias, que evitaría el trámite de enmiendas. Solo así se podría llegar a tiempo antes del inicio de la campaña electoral, previsto para el día 20. Como tarde, el Congreso debería tramitar la propuesta el próximo lunes.

Mientras los equipos de los diferentes partidos analizan posibilidades, los presidentes de las dos comunidades autónomas con elecciones a la vista (Galicia y País Vasco) han emplazado a las formaciones que concurren a esas elecciones a compartir ideas y soluciones sobre la manera de abordar los procesos electorales en medio de la pandemia. El jefe del ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo ha citado al resto de formaciones a una reunión para el próximo lunes en la que abordar la situación.