“Evidentemente no se puede acusar a la ministra Ana Pastor o al ministro José Blanco de cometer 80 homicidios imprudentes, pero sí hay muchas responsabilidades políticas y muchas respuestas que tienen que dar en el Congreso”. La frase es del presidente de la plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia en una entrevista con este diario y las respuestas intentarán encontrarse este lunes, a las 16.00 horas, en la comparecencia de los dos exministros de Fomento en la comisión de investigación política abierta más de cinco años después de un siniestro en el que el 24 de julio de 2013 murieron 80 personas y 144 resultaron heridas. Blanco estaba en el cargo cuando se inauguró esa línea de AVE Ourense-Santiago con menos seguridad de la inicialmente prevista, y Pastor puso en servicio en ella los trenes Alvia de los que a los pocos días se desconectó el sistema de control de la velocidad, decisiones en las que las víctimas quieren conocer el papel jugado por los entonces ministros. Además, Pastor es cuestionada también por los afectados por los obstáculos puestos por Adif y Renfe a las investigaciones posteriores sobre el siniestro.
La comparecencia de Blanco y Pastor en el Congreso se produce dos meses después de que el juez instructor de la causa penal propusiese, con el apoyo del fiscal, dar por finalizada esa investigación y juzgar al maquinista del tren, Francisco José Garzón, y a un exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, por delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, en el primer caso por despistarse y no frenar a tiempo el tren Alvia antes de la curva de Angrois, en la que descarriló, y en el segundo por no habilitar medidas que evitasen ese previsible error humano. En sus comparecencias tanto en el juzgado como en el Congreso el pasado octubre, Cortabitarte, que ocupó cargos de libre designación con PSOE y PP, siempre ha negado recibir presiones políticas para tomar las decisiones que tomó, pero está por saber cuántos detalles conocían Blanco y Pastor sobre esas decisiones.
Blanco inauguró el AVE Ourense-Santiago en el que ocurrió el accidente en diciembre de 2011, ya como ministro en funciones tras perder el PSOE las elecciones generales celebradas unas semanas antes. Un año antes, a propuesta de Renfe, Adif había modificado el proyecto original de la línea para operarla en ancho de vía ibérico y no en el ancho internacional del resto de los AVE. La medida se pensó para evitar demoras derivadas de la instalación de cambiadores de ancho en un tramo aislado del resto de la red de alta velocidad, pero la supresión de esos cambiadores acabó derivando en una serie de modificaciones de la configuración de seguridad, validada finalmente por Cortabitarte, que dejaron sin protección a la curva de Angrois.
Posteriormente, en junio de 2012, ya con Pastor al frente de Fomento, comenzaron a operar entre Ourense y Santiago los trenes Alvia, en los que una semana después Renfe pidió a Adif desconectar a bordo el sistema de control constante de la velocidad porque fallaba. Varios expertos vienen señalando que esos fallos no afectaban a la seguridad sino que sólo provocaban demoras de los trenes. Nuevamente Cortabitarte fue quien autorizó desde Adif esa desconexión del sistema, que permaneció averiado hasta más de un año después de ocurrido el accidente.
Además de esos dos hechos centrales para la investigación judicial (la modificación de la seguridad de la línea en 2010 y la desconexión del sistema de control de la velocidad en los Alvia en 2012), tras el accidente la ministra Pastor, en otra comparecencia parlamentaria, prometió máxima colaboración con las investigaciones. Sin embargo, con ella al frente de Fomento fueron varias las ocasiones en que el juzgado apercibió a Adif y Renfe por ocultar o demorar la entrega de documentación relevante para la instrucción. Hace tres semanas, en esta misma comisión, el ex-ministro Rafael Catalá, entonces 'número2' de Pastor, negó haber obstaculizado la investigación para culpar al maquinista y dijo que habría actual igual.
Igualmente, la investigación técnica del propio ministerio, que concluyó atribuyendo el siniestro exclusivamente al despiste del maquinista y en la que se basó inicialmente la investigación penal, fue descalificada por la UE por su falta de independencia. El máximo responsable de aquella investigación compareció en octubre en el Congreso y culpó inicialmente a Pastor de no permitirle reabrir aquel análisis para, a las pocas horas y tras movilizarse el entorno de la popular, rectificar.
Y hace dos semanas, tras años de presión de la plataforma de víctimas, la Comisión Europea anunciaba la apertura de un nuevo procedimiento sancionador a España por incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria de 2004, lo que afectaría a varios gobiernos desde entonces, en materias como la investigación de los accidentes, la supervisión de la seguridad ferroviaria o los análisis de riesgos, cuestión que la investigación penal considera clave.
Durante los cinco años y medio que han pasado desde el accidente, la única destitución o dimisión relacionada con el mismo se produjo aún el pasado septiembre. Fue la del director de Seguridad en la Circulación de Renfe, Antonio Lanchares, la persona que solicitó en 2012 a su homólogo de Adif la desconexión a bordo de los Alvia del sistema de control de la velocidad. Estaba imputado en la causa judicial desde octubre de 2017, pero no dejó el cargo que ocupaba desde principios de la pasada década hasta que las víctimas, que ya se lo habían pedido sin éxito a anteriores ministros de Fomento, se lo volvieron a solicitar al actual, el socialista José Luis Ábalos. Tres meses después el juez proponía desimputar a Lanchares y seguir la causa sólo contra su homólogo en Adif, Cortabitarte, que sigue ocupando un cargo inferior de libre designación pero con competencias muy limitadas y ajenas al área de seguridad.
Tanto Blanco como Pastor ya se reunieron en el pasado con representantes de las víctimas, ante los que el primero negó prisas para inaugurar la línea ferroviaria recordando que su apertura había sido prevista mucho antes de fijarse las elecciones de 2011, mientras que la segunda insistió en sus reiteradas apelaciones al apoyo a los afectados y a la colaboración con la justicia. Sin embargo, durante más de cuatro años tanto PP como PSOE se opusieron a que esas explicaciones se diesen en una comisión de investigación política en el Congreso que sólo fue posible tras el cambio de postura de los socialistas después de que Pedro Sánchez retornase a la secretaría general del partido. Ahora Blanco, diputado en el Parlamento Europeo, y Pastor, presidenta del Congreso en el que en esta ocasión tendrá que actuar como compareciente, darán sus explicaciones ante la Cámara, con las víctimas manifestándose a sus puertas para exigirles responsabilidades políticas y con el foco judicial ya centrado en un excargo de Adif durante gobiernos tanto socialistas como populares que asegura que no recibió presiones políticas para tomar las decisiones que tomó.