Feijóo ha destapado completamente sus cartas electorales. Quiere colocar las urnas en uno de los tres últimos domingos del mes de julio: el 12, el 19 o el 26. El mismo tono solemne que usó durante semanas para negar que pensase ni un solo segundo en los comicios le ha servido este miércoles para argumentar por qué a los gallegos les conviene votar cuanto antes. Y las razones, por supuesto, no son políticas. O eso ha argumentado, apoyándose en cuatro informes médicos encargados por la Xunta antes de hablar con los partidos de la oposición, una vez más al margen del juego presidencial. “Cuanto más atrasemos las elecciones, más riesgo de rebrote obtendremos”, afirmó.
Por el camino se ha quedado la voluntad de “consenso” con las demás fuerzas políticas para reanudar el proceso electoral que tantos titulares le ganó el 17 de marzo. Ese día, el arco parlamentario gallego y Ciudadanos rubricaron un decreto, publicado en el Diario Oficial de Galicia, por el que se suspendían las elecciones del 5 de abril. El coronavirus y las duras medidas sociosanitarias adoptadas para contenerlo así lo aconsejaban. El texto pactado dice en su artículo segundo que solo habrá nueva convocatoria al Parlamento gallego “una vez levantada la declaración del estado de alarma y la situación de emergencia sanitaria”. A Feijóo el aplazamiento le sobrevenía por fuerza mayor en un momento en el que algunas encuestas situaban su mayoría absoluta, y con ella el gobierno, en el filo.
Durante unas semanas, reinó cierta paz política en Galicia. La oposición rebajó el volumen. Las cifras de la epidemia colocaban el país en una situación desconocida. Pero Feijóo no abandonó su estrategia de fondo. Con una baraja, echaba sus cartas de barón centrista del PP por oposición al extremismo de Casado. Con la otra, de consumo gallego interno, criticaba duramente al Gobierno de Sánchez. No por casualidad la victoria electoral de este y su acuerdo de izquierdas había hecho crecer las posibilidades de PSdeG, BNG y Galicia en Común de articular una mayoría alternativa. Sus continuas intervenciones en directo en la televisión pública y su poco aprecio por la comparecencia parlamentaria -si finalmente hay elecciones en julio, habrá pasado dos veces por la Cámara en cuatro meses- completaban el paisaje.
Pero a finales de abril, ya superado el primer mes de confinamiento de la población, el País Vasco se cruzó en su camino. Euskadi también iba a votar el 5 de abril y también había paralizado el proceso debido a la pandemia. Ahora, el lehendakari Urkullu anunciaba en el Parlamento vasco, es decir, públicamente, que julio era la mejor nueva fecha. Si se dejaba pasar el verano, añadía, el inicio del otoño podría coincidir con un rebrote de coronavirus. Acto seguido, convocó a los demás partidos a una reunión para discutirlo.
Mientras, Núñez Feijóo juraba y perjuraba que los comicios no estaban en la agenda de su gobierno. Declaración que, por supuesto, no le eximía de conducirse no pocas veces como en una precampaña electoral. Fue el caso del celebrado -por medios próximos- estudio epidemiológico del Sergas. En principio, iba a testar a 100.000 personas para conocer la extensión real del virus en Galicia y así proponer medidas adecuadas de cara a la desescalada. La desescalada llegó antes que los resultados del mismo, que hoy también le sirvió como refuerzo para su intención de hacer coincidir los comicios gallegos con los vascos. Según Feijóo, con apenas media encuesta sobre el COVID-19 realizada, no hay mucha inmunidad entre la población -solo un 1% ha pasado la enfermedad- y sería un riesgo esperar al otoño para votar.
Euskadi retomó el debate electoral con luz y taquígrafos. En paralelo, el PP gallego negaba la mayor. “Lo primero es lo primero, que la situación permita levantar el estado de alarma y después el de emergencia sanitaria”, declaraba el 27 de abril su portavoz parlamentario, Pedro Puy. La mosca, sin embargo, ya revoloteaba detrás de la oreja de la oposición. “Debe centrarse en salvar vidas y no en el calendario electoral”, venían a coincidir, socialistas, BNG y Galicia en Común, para los que no procedía hablar del tema si la situación sanitaria no estaba bajo control y el estado de alarma, y así las restricciones de movilidad, continuaban vigentes. Tampoco es que hubiera muchas oportunidades de hacerlo: el presidente no frecuentaba el Parlamento y apenas llamaba a la oposición después de sus videoconferencias con Sánchez para comentarlas. Había, además, un detalle: el texto publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) impedía a Feijóo hacer uso de su potestad como presidente y llamar a las urnas antes de levantarse el estado de alarma.
La llamada de Calvo
Todo cambió con una llamada telefónica de Carmen Calvo el 5 de mayo. La vicepresidenta contó a Feijóo que el PNV había introducido una enmienda en el decreto del estado de alarma, cuya prórroga se votaba dos días más tarde en el Congreso. Gracias a los nacionalistas vascos, estaría habilitado para convocar elecciones independientemente de lo que hubiese publicado el DOG. Y de los acuerdos verbales con los otros partidos gallegos para suspender los comicios. Feijóo vio la luz. Se le pasó la preocupación por los “derechos civiles y las libertades” que había mostrada apenas unas horas antes y que le habían llevado a avalar el voto en contra al estado de alarma propugnado por Pablo Casado. Su repentino giro ayudó a la abstención vergonzante del PP en Madrid.
Desde ese día, el presidente de la Xunta comenzó a mostrar sus verdaderos intereses en lo que respecta a la fecha electoral. Hasta este miércoles, en el que convocó una rueda de prensa con apenas tres horas de antelación. A la misma hora que la Deputación Permanente del Parlamento gallego fiscalizaba la muy contestada política de la Consellería de Cultura durante la crisis del coronavirus y preguntaba por las residencias de ancianos a la responsable de Política Social, Feijóo destapaba al fin sus cartas. Elecciones cuanto antes, para evitar rebrotes. Y también, de paso y aunque no lo dijo en voz alta, el cuestionamiento sosegado de su gestión durante estos dos meses de presidencia sin apenas control del poder legislativo. Y en prime time en la televisión pública, desde luego.