Los Franco vuelven a fracasar en su intento de juzgar por delitos de odio a los manifestantes que protestaron en el balcón de uno de sus palacetes en A Coruña

Los herederos de Francisco Franco no desisten de su empeño de pelear en los tribunales por las propiedades con las que la familia se hizo durante la dictadura. Quedó visto para sentencia este jueves el juicio contra los nueve militantes del BNG que en septiembre de 2017 se subieron al balcón de la Casa Cornide, en A Coruña, para desplegar una pancarta que rezaba: “Que nos devuelvan lo robado. Franquismo nunca más”. El abogado de los nietos del dictador defendió que las pretensiones eran “coaccionar a alguien para que renuncie a unos derechos de propiedad”, pero el juez le negó que fuese más allá y plantease que la protesta se puede vincular a un delito de odio y otro de allanamiento de morada.

Los descendientes del dictador intentaron que los acusados se enfrentasen a estos delitos, por los que pedían hasta 81 años de cárcel en conjunto para los nueve activistas, pero la Audiencia de A Coruña ya había tumbado esa pretensión. En la vista oral de este jueves, el juez la rechazó también. Los protagonistas de la protesta están acusados de un delito leve de coacciones.

La Casa Cornide, un emblemático palacete del siglo XVIII, ha sido puesta en venta por los Franco. El Ayuntamiento coruñés ultima una demanda judicial para reclamar su restitución al considerar que fue adquirido “de forma fraudulenta”.

La protesta de septiembre de 2017 fue, según el abogado de los acusados, “una acción simbólica y pacífica contra un expolio”. Así lo admitió uno de los agentes de policía que aquel día acudió al edificio para tratar de poner fin al acto.

Situada en el corazón del casco antiguo de A Coruña, la Casa Cornide sigue los pasos del Pazo de Meirás, restituido hace dos meses al Estado por sentencia -ahora recurrida- tras 82 años de ocupación por el dictador y su familia. El movimiento cívico y político que fue clave en la consecución de la devolución al patrimonio público de la emblemática propiedad de Sada se ha extendido a la casa solariega de A Coruña.

Fue adquirida en 1962 por Carmen Polo, la esposa de Franco, mediante “un procedimiento de permuta, subasta y compraventa ilegales”, según el dictamen jurídico que el Ayuntamiento encargó para preparar su demanda de restitución. En la vista oral contra los nueve activistas, el juez aceptó la documentación presentada por la defensa sobre las acciones que está llevando a cabo la corporación coruñesa para intentar recuperar el singular edificio. “La denuncia es una interpretación de la realidad por parte de la familia Franco, para ellos los tiempos deberían estar cambiando”, comentó el abogado de la defensa.

Como testigos de los Franco, comparecieron el empleado que reside en el palacete coruñés y tres policías que intervinieron aquel 26 de septiembre de 2017 para que los activistas desistieran de su protesta. “No bajaron a la primera, tardaron unas dos horas”, declaró uno de los agentes que confirmó que la protesta no fue agresiva: “Estaban en el balcón y nada más”. Los militantes del BNG no entraron en la casa, sino que se sirvieron de una escalera para subir y bajar del balcón en el que colgaron su pancarta. Pese a las reiteradas preguntas del magistrado, no quedó aclarado de dónde salió esa escalera.

La misma pancarta que exhibieron en aquella acción de protesta fue desplegada este jueves a la puertas del juzgado. Un grupo de militantes del BNG se reunieron allí para respaldar a sus compañeros. “En pleno siglo XXI es inaudito que la familia del dictador denuncie a activistas democráticos”, criticaron.