Un día después de divulgarse la condena de un juzgado de Pontevedra a Audasa, concesionaria de la AP-9, principal autopista gallega, a devolver a los usuarios los peajes cobrados durante los atascos, el Poder Judicial hizo pública otra sentencia, del Tribunal Supremo, que anula la decisión tomada en julio de 2017 por el Gobierno de Rajoy de reducir a la mitad, de alrededor de 12 a 6 millones de euros, la compensación que paga cada año a la concesionaria por liberar de peaje los tramos de Rande y A Barcala de acceso a Vigo y A Coruña respectivamente. El alto tribunal condena al Estado a indemnizar a Audasa por el dinero que ha dejado de recibir en este tiempo más los intereses.
En julio de 2017 el Ministerio de Fomento, entonces encabezado por Íñigo de la Serna, redujo a la mitad de manera unilateral la compensación que a medias con la Xunta venía pagando a Audasa por la supresión de los peajes en los tramos Vigo-O Morrazo y A Coruña-A Barcala decidida en 2006 por el PSOE. Uno de los argumentos que esgrimía el ministerio era que esa supresión había provocado un efecto llamada, un aumento del tráfico en esos tramos muy superior al experimentado en el resto de la AP-9, y que eso, aplicado al pago por parte de las administraciones por cada vehículo que circula por esos tramos, le estaba suponiendo a la concesionaria un “enriquecimiento injusto” a cargo de las arcas públicas que habían asumido esos peajes liberados.
El Supremo reconoce a la Administración la posibilidad de modificar unilateralmente las condiciones de una concesión, pero sólo si no altera las “condiciones esenciales” de ésta. El alto tribunal reprocha en este caso a Fomento que “se haga depender la retribución compensatoria de elementos extraños al sistema inicialmente determinado”, que era el del pago de una tarifa por cada vehículo que circulase por los tramos en cuestión, con independencia del aumento o no del tráfico en otros tramos de la autopista.
Aquella decisión de Fomento de variar la fórmula de cálculo de la compensación permitió no solo reducir a la mitad ese coste sino también que el ministerio decidiese pasar a asumir en solitario el pago, eximiendo de su mitad a la Xunta, cuestión que fue presentada como un logro por el presidente Feijóo. Ahora la sentencia del Supremo anula aquella decisión de Fomento y obliga a la Administración General del Estado a compensar a Audasa por lo que dejó de cobrar “sin perjuicio del derecho que pueda asistirle frente a la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia a consecuencia de los efectos que puedan derivarse de los compromisos acordados en el año 2006”, cuando las dos administraciones decidieron pagar a medias esa supresión de los peajes. Un pago a medias para el que la Xunta consignó durante años 200 millones menos de lo necesario para asumir su parte del compromiso hasta el final de la concesión en 2048.
La decisión de reducir la compensación a Audasa tomada en 2017 por Fomento contó con el aval del Consejo de Estado, presidido por José Manuel Romay Beccaría. En su informe, esa institución reflejó que durante las negociaciones previas entre Fomento y Audasa la concesionaria propuso, ante las quejas del ministerio, “que se restableciera el peaje”.