Cinco años después de que dejasen de hacerlo tras recortar la Xunta las prestaciones de ese servicio, los dos helicópteros de emergencias sanitarias del 061 gallego vuelven a operar todas las horas de luz del día, del orto al ocaso, y no sólo 12 horas diarias, lo que hacía que en verano, con más horas de luz, parte de ellas quedasen sin cobertura. El aumento del horario del servicio se produce quince meses después de que lo anunciase el propio Feijóo y tras un largo proceso marcado por la lucha administrativa y judicial de dos empresas por hacerse con el servicio.
Este martes la propia Xunta publicitó el aumento del horario de los helicópteros de emergencias sanitarias, coincidente con el inicio de las operaciones de los aparatos por parte de la nueva empresa adjudicataria, Eliance Helicopter, antes denominada Habock, impulsada por un antiguo directivo de la firma que venía prestando el servicio, Inaer, ahora incorporada a la multinacional Babcock.
Durante el último año Babcock intentó con diversos recursos evitar que Eliance comenzase a prestar el servicio, lo que le permitió a ella seguir haciéndolo de manera prorrogada. Ese conflicto entre empresas desveló que la Xunta había adjudicado inicialmente el concurso a Eliance sin comprobar previamente que cumplía con requisitos de seguridad. Tras subsanar los problemas administrativos, ahora se produce el cambio de adjudicataria entre críticas de los pilotos, que temen un empeoramiento de las condiciones laborales por parte de la nueva empresa, y que también alertan de esa situación en la propia Babcock en toda España, destacando la pérdida de calidad que eso supondrá para la ciudadanía usuaria de esos servicios.
A pesar del cambio en el 061, Babcock sigue operando en Galicia los helicópteros de Salvamento Marítimo (con aparatos que le alquila la Xunta tras vendérselos por considerarlos obsoletos), lucha contra incendios y 112. Buena parte de esos contratos presentaron diversas irregularidades durante los últimos años, según constató el Tribunal de Cuentas y la justicia, lo que no impidió que la Xunta eligiese a la empresa como socia industrial junto con Indra para la base de drones de Rozas (Lugo). La empresa también fue condenada por la Audiencia Nacional a pagar 9,3 millones de euros a Hacienda por operaciones contables para evitar impuestos cuando era Inaer y está siendo investigada en el marco del denominado cártel del fuego.