Inspección de Trabajo ordena a la Xunta que distribuya mascarillas entre todo su personal y no sólo a aquellos funcionarios que trabajan de cara al público. La resolución llega después de una denuncia del sindicato Comisiones Obreras en la que se ponía de manifiesto que la administración gallega obligaba a la mayoría de su plantilla a traerse los elementos de protección desde sus casas. El sindicato denunciante celebra la decisión adoptada pero, a través de un comunicado de prensa, dice lamentar que la Xunta no hubiera atendido sus demandas de oficio y sin la necesidad de la mediación de un tercero.
En la denuncia presentada por el sindicato ante la Inspección de Trabajo se hacía hincapié en que el Gobierno gallego había decidido incumplir sus propias normativas al no facilitar el material de protección frente a la COVID a sus trabajadores.
No es la primera vez que el poder político alrededor del Partido Popular de Feijóo pone freno a asumir el coste de las mascarillas en lugares en donde hay concentración de personas. La semana pasada el PP votó en contra de una proposición parlamentaria que planteaba la confinanciación de las mascarillas para los alumnos que habían empezado el curso escolar. El PP argumentó que las mascarillas “no tienen que ver con la Educación”.