El coronavirus ha irrumpido en la campaña electoral gallega. Un brote detectado el pasado 23 de junio y que, a 3 de julio, afecta ya a 85 personas -26 más en la última jornada- ha provocado que los tres partidos de la izquierda cancelasen sus actos en A Mariña, en la costa de Lugo. El PP todavía no la ha hecho, pero su candidato a la reelección como presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comienza a mostrar su preocupación por como un repunte de la epidemia influiría en las urnas del 12J.
Una encuesta de Celeste-Tel para eldiario.es publicada hace un mes concluía que alrededor de un tercio de los gallegos y gallegas se lo pensarían antes de acudir aa votar si existiese riesgo de contagio. El mismo sondeo añadía que el 44% no “consideraba adecuada la decisión de convocar elecciones en medio del estado de alarma”. Un 39% la apoyaba. En cualquier caso, la reanudación de la carrera electoral, suspendida en marzo por la pandemia, fue una iniciativa unilateral de Feijóo. Y la adoptó en contra de las consideraciones de la oposición, para la que el proceso carecía de “garantías de normalidad y seguridad sanitaria”.
Es ahora el líder de los populares el que teme a la desmovilización. Hace dos días, en una entrevista en la Cadena Ser llamaba a la participación. “Lo que pido es que voten. Es participar. Es ejercer como gallego”, afirmaba, “me gustaría que la gente fuese a votar sin miedo porque no hay riesgo”. La parte más sólida del electorado popular se encuentra además en las franjas de mayor edad y, por lo tanto, más expuestas a la enfermedad. Según Celeste-Tel, el 31,3% de los electores de más de 65 años se inclinan por el PP. El siguiente partido en sus preferencias es el PSdeG, pero a gran distancia, un 11,1%. El protocolo de la Xunta prioriza a los mayores de 65 años en los colegios electorales.
Los 85 contagiados de A Mariña, una comarca que abarca 15 ayuntamientos y más de 70.000 habitantes, han supuesto además el confinamiento de unas 550 personas -la Xunta no consigue ofrecer una cifra exacta-, obligadas a guardar cuarentena en su domicilio. Como se garantizará el derecho a voto de estos ciudadanos dentro de una semana y dos días es algo todavía no claro.
Desde la vicepresidencia del Gobierno gallego, que se encarga también de las cuestiones relacionadas con la administración pública, explican la metodología. “Según la normativa del Ministerio de Sanidad, las personas confinadas deben estarlo 10 días. La Dirección Xeral de Saúde Pública seguirá controlando la situación epidemiológica y, de acuerdo con la Junta electoral, realizaría las indicaciónes necesarias”, dicen. Esta misma vicepresidencia entregó el “asesoramiento, dirección, supervisión técnica y formación de los 133 representantes de la administración a los efectos de coordinar y colaborar en la adopción de medidas frente a la COVID-19 en los locales electorales” a la mutua privada Ibermutua.
En la mencionada entrevista en la Ser, Feijóo insistió en que la jornada electoral, “si no hay cambios, va a ser con un riesgo sanitario bajo”. De fondo de esas declaraciones de Feijóo estaba lo sucedido en Francia. El pasado domingo, 28 de junio, el país celebró la segunda vuelta de sus elecciones municipales, retrasada como las gallegas debido a la expansión de la COVID-19. La abstención alcanzó el 59%.
El PP en A Mariña
Fuentes de la dirección del Partido Popular explican que no había ningún mitin de Núñez Feijóo programado en A Mariña pero que tampoco han dado ninguna orden de paralizar su calendario de actos en la zona. Mientras, la Xunta, que informa diariamente del brote, se reunió este viernes por videoconferencia con seis alcaldes de la comarca, los de Foz (PSdeG), Burela (PSdeG), Xove (PP), Ribadeo (BNG), Cervo (PP) y Viveiro (PSdeG). La alcadesa de Barreiros, la nacionalista Ana Ermida, no fue invitada y mostró su malestar.
El Gobierno gallego se limitó a pedir a los ediles que “velasen por el cumplimiento de las medidas de control, vigilancia y limpieza establecidas por causa de la COVID-19”. Control de aforos, uso de las mascarillas, distancia de 1,5 metros son las principales. “Ante la necesidad de garantizar la protección de la salud de la población, las autoridades sanitarias -entre las que se incluyen los alcaldes- podrán, tras haber informado a su población, incoar expedientes sancionadores, en el caso de incumplirse las normas de prevención”, señala.