Mientras Xunta y comité de huelga se reúnen en un nuevo intento por poner fin al conflicto, el paro indefinido del personal de la Administración de la Justicia en Galicia suma su décima jornada efectiva, con un amplio seguimiento -que los sindicatos cifran de promedio entre el 85% y el 90% cada día- y con los juzgados del país paralizados. Los cálculos hablan de cien juicios aplazados al día en cada ciudad y de un total de unos 7.000 los que se habrían aplazado en toda la comunidad desde que comenzase la protesta el pasado 7 de febrero.
Los datos de participación de los trabajadores en el paro son semejantes en cada jornada. Cambian poco los que facilitan los sindicatos y los que da la Xunta, que aclara que alrededor de 145 funcionarios no acuden al trabajo por ausencias justificadas desde que se iniciase la huelga y que 775 cumplen con los servicios minimos. Además, diariamente, son más de 1.000 las personas que ejercen su derecho a la huelga. Según estas cifras oficiales, un mínimo de 1.200 personas de las 2.700 que conforman el personal en conflicto se ausentan cada jornada de paro. Y sobre 800 más cumplen con las labores marcadas legalmente. Los números de las centrales son todavía más elevados.
Además, y según los cálculos sindicales, en Galicia se están suspendiendo unos 100 juicios al día, toda vez que en medio de la semana, en las jornadas con más carga, son 120 los aplazados, mientras que en el comienzo y final de la semana suelen ser 80. Con todo, hay diferencias según la sede judicial: en A Coruña, por ejemplo, son ya más de 1.000 los aplazados, y en Vigo superan los 800. Haciendo el cálculo, y obviando el martes de Carnaval festivo en muchas localidades, no menos de 6.800 procesos han sido suspendidos, a lo que habría que sumarles varias docenas más de procesos en otras villas y poblaciones.
¿Cuándo se celebrarán? Dado que muchos juzgados tenían juicios marcados para el mes de junio, como mínimo hasta el último trimestre de este año no se podrán celebrar. Y más bien hacia el final del ejercicio. No obstante, son ya varios los juzgados en los que la cita está marcada para 2019. Mismo procesos que se están celebrando en otras comunidades autónomas se están viendo afectados de tener que llevar a cabo trámites que tengan que ejercer el personal judicial en Galicia, como declaraciones de testigos o por vídeoconferencia.
Además, en el caso de aquellos juicios urgentes que los servicios mínimos obligan a celebrar, el proceso no queda resuelto de todo al no notificarse y registrarse las sentencias, un trámite que no está incluido entre los requeridos legalmente. Esta misma situación ocurre con otros procedimientos como, por poner un ejemplo, la adquisición de una licencia de enterramiento: se tramita pero no se envía, por lo que no consta oficialmente.
En los Registros Civiles, son miles los trámites que se están suspendiendo, al estar paralizados al 100% y tan sólo realizarse aquellos procedimientos necesarios para no incumplir plazos de los que dependa, por ejemplo, el cobro de una pensión. Fes de vida, partidas de nacimiento, expedientes de nacionalidad o divorcios... Casi todo menos casos como los certificados de defunción.
Sí se están realizando, no obstante, bodas civiles. A pesar de que no es un servicio esencial de los incluidos en los servicios mínimos, el comité de huelga ha decidido que se llevasen a cabo “por no perjudicar más a la ciudadanía” e impedir que se tuviesen que suspender también convites o celebraciones posteriores.
“Los perjuicios son evidentes, pero a la Xunta parece importarle poco porque incluso presume de que está ahorrando dinero con la parte del salario que no se nos está pagando por estar en huelga”, dicen desde el comité.
Un conflicto “estancado”
A pesar de todo, el conflicto sigue a estas horas “estancado”. La Xunta ofrece mejoras que se plasmarían en convertir en fijas 36 plazas de refuerzo y cambios ya en las sustituciones. No obstante, no hay avance alguno en lo que tiene que ver con el incremento salarial, que limitan a esos entre 816 y 1.080 euros al año, o en la “discriminación” que sufre el funcionariado gallego en lo que tiene que ver con los descuentos en bajas por incapacidades temporales.
Antes del arranque de la reunión, los sindicatos se mostraron partidarios de que la prensa pudiera seguir las negociaciones en directo y desde dentro, una opción que rechazaron los representantes de la Xunta. Además, la Administración puso sobre la mesa nueva documentación demandada por el comité de huelga.
En un de los recesos en la negociación en el mediodía, el portavoz de En Marea, Luís Villares, acudió a la sede donde se celebra la reunión para apoyar las reivindicaciones de los trabajadores y pedir a la Xunta “que los escuche” y que sea el vicepresidente, Alfonso Rueda, “quien se ponga al frente” de las conversaciones. Además, reclama el “cese inmediato”, del director general de Función Pública, José Barreiro. “Una persona que ofrece emigrar no puede estar en la negociación”, dijo, después de recordar que el funcionariado “lucha por los derechos de todos los ciudadanos para que funcione bien la Justicia”.