La huelga indefinida del personal de la Administración de la Justicia en Galicia celebra este jueves su segunda jornada después de un miércoles con un seguimiento masivo -el 90% de los trabajadores secundaron el paro, según los sindicatos-, lo que obligó a la suspensión de unos 700 juicios, así como de miles de trámites y procedimientos en todo el país. A pesar de los servicios mínimos, fueron muchas las dependencias judiciales que permanecieron vacías o con escasos trabajadores, una situación que se repetirá en los próximos días.
La falta de acuerdo entre la Xunta y los representantes del personal ha abocado a una huelga indefinida a la que están llamados unos 2.700 funcionarios judiciales que demandan mejoras que compensen la “discriminación” que dicen sufrir, tanto en el aspecto salarial como en sus derechos laborales, con respeto a los trabajadores del resto del Estado o que no dependen del Gobierno gallego.
Por ciudades, según datos sindicales, el seguimiento este miércoles fue de un 85% en A Coruña, otro 85% en Ferrol, un 93% en Santiago, 93,7% en Ourense, 94,4% en Vigo, 94% en Pontevedra y 85% en Lugo. Además, en otras localidades como A Estrada o Marín incluso se llegó al 100% de seguimiento, mientras que en Cambados o Lalín alcanzaron el 98%.
No obstante, la Xunta redujo el seguimiento de la huelga a un 38,7%, aunque sin contabilizar ausencias justificadas y servicios mínimos. En cuyo caso, asume más de un 70%, una cifra “importante”, según el director xeral de Xustiza, Juan José Martín. En un comunicado, el Ejecutivo dijo “mantener su disposición a dialogar y su oferta de hasta 900 euros anuales por trabajador, que coloca a Galicia por encima del promedio del conjunto de las comunidades autónomas”.
Con todo, y a pesar de la ausencia de reuniones o convocatoria alguna, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ofreció a “seguir hablando” y retomar el diálogo, pero insiste en que subir el salario este año, una de las reivindicaciones de los funcionarios, “sería ilegal”. Además, aseguró en la sesión de control en el Parlamento que “aceptar la propuesta que está encima de la mesa” supondría un incremento de retribuciones para todos los trabajadores públicos de la Xunta y un gasto extra “de 600 millones de euros”.
El jefe del Ejecutivo gallego dijo querer “solucionar” el conflicto, insistió en que la oferta de la Xunta era de una subida de entre 600 y 900 euros anuales -algo que niegan los trabajadores, que dicen que sería a repartir en tres años- y que esta propuesta “pondría Galicia por encima del promedio de las comunidades autónomas”. Además, destacó las “inversiones en infraestructuras” judiciales y le preguntó al portavoz de En Marea, Luis Villares, si quiere “solucionar el problema de la Justicia o incendiarlo”.
Desde el comité de huelga, su portavoz, Manuel Tejada, destacó que el personal de la Administración de Justicia “está indignado y enfadado y va a aguantar todo lo posible”. En las concentraciones que se llevaron a cabo en todas las sedes judiciales se gritó contra el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y, además de los funcionarios dependientes de la Xunta, también hubo presencia de jueces que apoyaron las demandas de sus compañeros.
Así, la plataforma unitaria sindical advierte de que sólo admitirán “un interlocutor en el conflicto, que es la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia” porque, según dicen, “los problemas son sectoriales y de personas y no de números”.