La viuda de Camilo José Cela, Marina Castaño, y el exconselleiro de la Xunta Dositeo Rodríguez se sentarán en el banquillo de los acusados por el caso de la Fundación Cela. Responderán ante un tribunal popular después de que el juzgado de primera instancia número 2 de Padrón haya dictado definitivamente auto de apertura de juicio oral contra ellos dos, así como contra la hija del exdirigente popular y exdirectora de la Fundación, Covadonga Rodríguez, y el exgerente de la misma entidad Tomás Cavanna. Todo ellos, además, tendrán que pagar fianza solidaria por importe de 200.000 euros.
Los cuatro están acusados de un presunto delito de malversación de caudales públicos por, según indica el propio auto, “de común acuerdo” y para beneficiar al gerente de la fundación, simular el despido de este y acordar que la indemnización que le correspondía por los servicios prestados fuese de 150.000 euros brutos “a pesar de ser conscientes todos ellos de que no se trataba de un despido, sino que el gerente quería abandonar voluntariamente la Fundación”.
La jueza ratifica así la apertura de juicio oral después de rechazar las peticiones llevadas a cabo por los acusados, que solicitaron el sobreseimiento provisional y archivo de la causa -e incluso sentencia absolutoria como en el caso de Cavanna- o, por lo menos, que no fuera un jurado popular quien los juzgase, tal y como reclamó Marina Castaño. La magistrada ha negado todas las peticiones.
En este nuevo auto, con fecha del pasado martes 6 de junio, el juzgado insiste en que hay pruebas suficientes de que los cuatro participaron en la presunta negociación ilegal para que Cavanna dejara voluntariamente su cargo pero que la Fundación lo indemnizara igualmente con 150.000 euros como si fuera un despido.
La jueza, tal y como le había ratificado la Audiencia Provincial anteriormente, considera que se produjo una malversación de caudales públicos y advierte que desde el año 2007 más del 50% de los ingresos de la Fundación provenían de subvenciones públicas y que en 2010, cuando Tomás Cavanna dejó la Fundación con una indemnización de 150.000 euros, la entidad ya tenía la consideración oficial de Fundación Pública Gallega. Por tanto, considera que los acusados eran funcionarios públicos a efectos penales al llevar a cabo funciones en una fundación del sector público y que el dinero implicado en la investigación eran caudales públicos, por lo que considera justificado abrir juicio ya contra ellos, que en el caso de este delito debe ser juzgado por un jurado popular.
La polémica viene de lejos. La Consellería de Cultura había avalado que la Fundación Cela pagase en 2010 con dinero público esta indemnización de 150.000 euros a Tomás Cavanana. El montante de ese despido “simulado”, como lo calificaba la Audiencia Provincial de A Coruña, fue comunicado, según el relato del tribunal, por Dositeo Rodríguez, que había sido conselleiro de Manuel Fraga durante una década y patrón de la fundación, al entonces secretario general de Cultura, Antonio Fernández-Campa y al entonces secretario general de la Presidencia, Valeriano Martínez, hoy conselleiro de Hacienda. En el mismo auto, la Audiencia de A Coruña indicaba que posteriormente Cultura incrementó su aportación a la fundación para sufragar “ex post” aquella indemnización.
Poco después, la Xunta rescató a la Fundación Cela en plena ola de recortes. Mientras los presupuestos culturales cayeron a plomo durante los peores años de la crisis, tan solo una partida mantenía una aportación económica idéntica durante varios ejercicios y a pesar de las rebajas en otros ámbitos. La institución ya había sido nacionalizada por el Ejecutivo gallego en abril de 2012 tras años de degradación y mala gestión económica, agudizada tras la muerte de su fundador en 2002, año a partir del cual asumió el control de la entidad a viuda del Nobel, Marina Castaño.