Una comisión de estudio sobre la seguridad ferroviaria en general para evitar que se cree la comisión de investigación política sobre el accidente del Alvia en Santiago que piden las víctimas del siniestro. Esa es la propuesta que según avanza Europa Press ha registrado el PP en el Congreso de los Diputados después de que la Mesa de la Cámara autorizase la semana pasada, con el rechazo sólo de los populares, que se tramite la comisión de investigación. La propuesta con la que los populares pretenden evitar la investigación política y sustituirla por un análisis más genérico pasaría por retomar el trabajo que ya hizo una subcomisión del propio Congreso creada tras el accidente de Angrois para estudiar el sistema ferroviario español en general y que en junio de 2015 concluyó reclamando más seguridad pero barata.
Según Europa Press, la comisión de estudio no permanente que solicitan ahora los populares trabajaría durante toda la legislatura en un “análisis de la siniestralidad ferroviaria para seguir implantando medidas preventivas en materia de seguridad”. Un análisis que concluiría con una serie de propuestas emitidas por la Cámara para el sistema ferroviario en general pero sin entrar, como reclaman las víctimas con el apoyo de PSOE y Podemos-En Marea, en las posibles causas y responsabilidades políticas del accidente de Santiago, en el que el 24 de julio de 2013 murieron 80 personas.
Tras el siniestro, cuando el PP tenía mayoría absoluta en el Congreso y el PSOE también rechazaba la creación de una comisión de investigación política, se pusieron en marcha dos iniciativas similares a la que ahora piden los populares. Por una parte, el Ministerio de Fomento creó una denominada comisión científico-técnica de expertos, y por otra el Congreso creó la citada subcomisión de análisis del sistema ferroviario. Las conclusiones de esta última se aprobaron en junio de 2015 remitiéndose en grand medida a las que a su vez habían llegado los expertos del ministerio.
Por la subcomisión del Congreso, cuyas sesiones se desarrollaron a puerta cerrada, lo que no impidió que varios medios de comunicación diesen cuenta de lo que allí se dijo, pasaron 39 comparecientes. Sus conclusiones genéricas, aprobadas por PP y PSOE con la abstención del Grupo Mixto en el que entonces estaba el BNG, fueron que la red ferroviaria española es segura, pero que aún lo puede ser más y sería deseable que el coste de sus mejoras se adecue al volumen de tráfico de cada línea. Esa subcomisión parlamentaria apostó por considerar las grandes infraestructuras ferroviarias como proyectos de Estado al margen del ciclo político. El Congreso reclamó finalizar lo antes posible las líneas de AVE ya planificadas pero adecuando sus prestaciones, incluida las de seguridad, y su coste, al volumen de tráfico previsto.
Las conclusiones de esa subcomisión parlamentaria fueron más genéricas que las que había emitido la comisión científico-técnica creada por Fomento, en las que a su vez se basó y que habían sido desveladas un año antes. En ellas, los expertos convocados por el ministerio pedían la revisión “urgente” de la señalización, de las normas y de los sistemas de seguridad de todas las líneas ferroviarias y hacían 30 recomendaciones concretas para la mejora de la seguridad, algunas de las cuales ya se habían comenzado a implantar tras el accidente de Santiago.
A pesar de celebrarse ya esos dos foros de análisis, los populares piden ahora un tercero que analice las mismas cuestiones frente a la reclamación de las víctimas de Angrois de que se investiguen las responsabilidades políticas del siniestro, ocurrido en una línea de AVE Ourense-Santiago inaugurada en 2011 por el PSOE y con un tren puesto en servicio en 2012 por el PP. El cambio de postura del PSOE, favorable ahora a esa investigación política, como también lo es Podemos-En Marea, deja en manos de Ciudadanos la decisión de a cuál de las dos comisiones da su apoyo. Las víctimas recuerdan que el partido de Albert Rivera les prometió su respaldo, pero esperan acontecimientos.