Fue sabido que el primer debate de política general de la legislatura gallega iba a estar condicionado por el proceso soberanista catalán. Se supo desde el momento en que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo promovió su inicio el 4 de octubre, tres días después del referéndum suspendido por el TC, y quedó definitivamente ratificado cuando el presidente de la Xunta dedicó los primeros veinte minutos de su discurso inaugural a lanzar duras críticas al Govern catalán, a apoyar “todas” las medidas que el Gobierno de España pueda tomar contra él y, además, a anunciar que en la parte resolutiva del debate promovería una votación al respecto en la que no cupieran “equidistancias”. “O se avala, o se condena”, advirtió a la bancada izquierda. Esas propuestas ya han sido presentadas e implican que el PP provoque la “adhesión” del Parlamento de Galicia al discurso pronunciado por el rey sobre Catalunya, además de apoyar el despliegue policial para impedir la consulta sobre la autodeterminación.
En el marco de las cuarenta propuestas de resolución que cada grupo plantea en este debate los conservadores introdujeron dos ligadas directamente al referéndum catalán. En la primera promueven que la Cámara se “adhiera” al “contenido del discurso” del monarca, “en el que demanda el cumplimiento del orden constitucional, el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía”.
En la segunda promueven que el legislativo gallego manifieste “su solidaridad y respaldo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil” en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades amparados por la Constitución“. El texto incluye una ”condena“ al ”acoso que están sufriendo sus miembros, entre los que se encuentran agentes gallegos y gallegas desplazados a Cataluña“, por ”defender el Estado de Derecho y salvaguardar la convivencia, la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía“. El texto no incluye ninguna referencia a las cargas policiales del pasado 1 de octubre ni a las personas heridas en ellas, de cuya cifra han dudado públicamente miembros del PPdeG nos últimos días.
Catalunya, el soberanismo y el modelo territorial del Estado están también presentes en las propuestas de resolución de los grupos de la oposición, aunque con un tono diferente. Así, En Marea promueve un texto a favor del “derecho de los pueblos a decidir”, “concretamente el pueblo gallego”, y el BNG concreta su propuesta de apertura de una “ponencia” que “aborde un nuevo marco institucional” en el que, “partiendo de la condición de Galicia como nación, supere los corsés constitucionales y estatutarios” hacia “una república”. El PSdeG, en un texto más amplio, plantea un texto en el que se “deplora” la “ruptura del orden constitucional” por la Generalitat, pero se aboga por el “diálogo” para reconducir la situación y, en el caso gallego, se apuesta por retormar la reforma estatutaria, posibilidad que Alberto Núñez Feijóo ya ha rechazado.
En el ámbito del autogobierno se enmarca también una propuesta presente, con planteamientos diversos, en las cuatro formaciones: el traspaso de la autopista AP-9. En el caso del PP se remite a pedir que la Xunta la “continúe solicitando”, aunque sin mención alguna a que el Gobierno de España ha vetado en dos ocasiones que sea debatida en el Congreso donde, dado el juego de mayorías actual, podría salir aprobada. El propio Feijóo descartó, además, adoptar ninguna acción política al respecto hace apenas una semana.