“¿Se imagina una mujer obligada a tener contacto íntimo con otras personas sin la mínima precaución sanitaria, en estas circunstancias? Pues esto está pasando ahora mismo, todos los días, en toda España”. La Rede Galega contra a Trata traslada la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres trabajadoras sexuales víctimas de la trata seres humanos con las que la entidad colabora.
La COVID-19 ha generado una grave crisis sanitaria, pero supone también una emergencia social que empieza a destapar cuestiones que estaban ahí mucho antes de la pandemia. Realidades contra las cuerdas, como las de mujeres que viven en una situación de confinamiento durante todo el año ejerciendo la prostitución forzosa.
En las ciudades gallegas ya hace unos años que cerraron la mayoría de los clubs, diseminados ahora a lo largo de zonas rurales, y la actividad de explotación sexual vinculada a la trata se concentra en pisos. Un 60% tiene menos de 25 años y tres de cada diez son madres.
Carlos Villar es abogado especialista en Derecho de extranjería y migraciones. Realiza atención jurídica en la ONG Ecos do Sur y es portavoz de la Rede Galega contra a Trata, desde donde alertan de la desprotección en la que se encuentra buena parte del colectivo “que irá empeorando con el paso del tiempo”.
¿Desde la Rede Galega contra a Trata y otras entidades sociales están en contacto estos días con las trabajadoras sexuales víctimas de trata con las que suelen colaborar?
Hay varias entidades sociales que están haciendo visitas a los pisos. Desde la Rede Galega contra a Trata seguimos ofreciendo nuestros recursos, pero es limitado por las prohibiciones de derecho de circulación derivadas del Estado de Alarma. No obstante, seguimos realizando atención mediante los teléfonos de atención de urgencia, y en casos de emergencia, en las propias sedes de la organización.
¿Cuál es la situación que les cuentan?
Una situación que empeorará conforme pasen los días. Lo vemos ya en los seguimientos que hacemos. Vemos que en los pisos empieza a aumentar la carencia de bienes de primera necesidad. Crece la preocupación por cómo mandarán dinero a sus familias y la ansiedad por la situación económica, también a veces por problemas de consumos adictivos al que muchas mujeres tienen que recurrir para sobrellevar la situación en la que viven habitualmente, preocupación por cómo pagaran el alquiler de su habitación... Además, a menudo se ven obligadas a pagar la mitad de cada servicio al proxeneta, y reciben multas constantes por retrasos en bajar a la sala, durante el período de menstruación o por encontrarse enfermas. Son métodos de coacción o de incremento de la deuda, porque la situación de trata o explotación no desaparece por la coyuntura actual.
Por tanto, aumenta la deuda económica, cifras que ya son muy elevadas y pueden llegar hasta los 10.000 euros si proceden de Rumanía o hasta 40.000 de Nigeria y que se van incrementando a base de intereses.
Estamos empezando a detectar situaciones de mujeres que trabajan en pisos haciendo plaza (períodos de veintiún días que una mujer pasa en un piso fijo, alquilando una de las dos o tres habitaciones, hasta ser trasladada a otro) que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. O mujeres que viven en clubs y que con el confinamiento tienen problemas de acceso a alimentos y a artículos de higiene.
¿Entre ellas, las menores de edad víctimas de trata y explotación sexual en Galicia?
Sí, hace cuatro o cinco años vimos que en Galicia empezaba a haber más menores de edad. Es una triple vulnerabilidad: víctima de explotación sexual, migrante procedente de África o Europa del Este, y menor de edad. Quieren ofrecer novedad porque es lo que demandan los clientes.
¿Algunas se han quedado estos días en situación de calle?
En la mayoría de los casos, de momento, siguen dentro de los pisos y de los clubs, pero esto puede cambiar conforme pasen los días. Ya se han dado casos de expulsión de mujeres de pisos y ya hay situaciones de calle, vulnerabilidad y desamparo. Si ya no resultan rentables, se deshacen de ellas: es así de crudo.
Y sin ningún tipo de derecho laboral. Según la Xunta, los centros de la Rede Galega de Acollemento aún no están al máximo de su capacidad y hay 4.000 plazas hoteleras en Galicia. ¿No se están habilitando también para esto?
Es una medida activada de manera muy reciente el de las instalaciones hoteleras como recursos habitacionales también para víctimas de violencia de género y de trata y explotación sexual. Nos surge la duda en cómo se va a identificar a esas víctimas de trata o explotación sexual y su acreditación, puesto que la competencia corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, y la identificación de las víctimas es un proceso que lleva tiempo, a lo que hay que añadir el alto grado de desconfianza que estas mujeres tienen sobre las autoridades policiales, por la corrupción en sus países de origen, donde muchas veces participan en el proceso de trata.
¿Hay pisos y clubs en los que las mujeres tienen que seguir recibiendo clientes?
¿Se imagina una mujer obligada a tener contacto íntimo con otras personas sin el mínimo control ni precaución sanitaria, en estas circunstancias? Pues esto está pasando ahora mismo, todos los días, en toda España. En Galicia hay pocos clubs en las grandes urbes, la actividad en los núcleos urbanos se ha traspasado mucho a los pisos y tanto en unos como en otros se dan esos casos. Por las características de Galicia, los clubs, numerosos y de pequeño tamaño, están dispersos. El típico club de carretera solemos encontrarlo en el rural, no demasiado visible. No hay mucha prostitución de calle, hay más pisos y clubs y hay situaciones claras de trata sexual. También se están dando casos en donde el putero pide que se desplacen a su piso.
¿Les ha informado la Xunta de si están abordando algún tipo de medida al respecto?
No tenemos noticia de que esté habiendo ningún control. La trata de seres humanos y la explotación no se detienen ni en esta situación. No son mujeres que acudan a servicios sociales, hay un estigma sobre ellas teniendo en cuenta su situación documental, están en situación irregular.
¿Y las ayudas a la atención integral de personas en situación de explotación sexual?
Las ayudas a las entidades que trabajamos en la atención de las víctimas funcionan mediante subvención y en el caso de la Xunta ya han sido resuelta su concesión. No así la subvención a nivel de Ministerio que aún no ha sido convocada.
Los riesgos sanitarios son permanentes para este colectivo, pero hay que añadir ahora el peligro de una exposición a la infección por coronavirus.
En este momento, su desprotección sanitaria es doble. Además del riesgo habitual sufren muchas trabas en el acceso a los servicios públicos de salud. Sus solicitudes suelen concluir con la denegación al acceso de la prestación de asistencia sanitaria.
¿Una regularización exprés como la emprendida en Portugal para personas migrantes que hubiesen solicitado permiso de residencia sería una vía para algunas mujeres?
Una de las características de las mujeres víctimas de trata es que tienen retenido el pasaporte y, además, tienen poco contacto con el exterior. Para este caso concreto una regularización así es también difícil de aplicar porque primero habría que detectarlas e informarles de la posibilidad de esa hipotética regularización.
¿También por una cuestión burocrática de racismo y clasismo administrativo?
Entre otras cosas debes tener certificado electrónico. Siguen dependiendo de un servicio de asesoría. Cuando una mujer acaba de pagar su deuda muchas veces sigue siendo explotada sexualmente, porque ¿cómo podemos afirmar que una mujer pasa a ejercer la prostitución de manera voluntaria cuando procede de esa situación previa de necesidad o vulnerabilidad?