El bloque conservador del Tribunal Constitucional se ha roto este miércoles durante el debate de una sentencia que planteaba absolver a un sindicalista gallego que en 2014 fue acusado de hacer llamamientos a la quema de la bandera en el transcurso de una protesta sindical frente al Arsenal de Ferrol. Los hechos se remontan a 2014, momento en el que el condenado acompañaba a un grupo de trabajadoras de la limpieza que reclamaban el pago de sus salarios por los servicios prestados en la instalación militar.
Tras horas de debate, el Constitucional ha votado en contra de la propuesta absolutoria que había puesto sobre la mesa el conservador Andrés Ollero, a quien se había encargado redactar la ponencia de sentencia. En sus planteamientos, el ponente defendía que la libertad de expresión y el derecho a la actividad sindical están por encima de los límites que marca el delito de ultraje a la bandera y por ello pedía que se estimase el recurso de amparo del recurrente. El bloque ideológico de Ollero en el tribunal le ha dado la espalda: seis magistrados han votado contra su sentencia y cinco la han apoyado.
Tras la votación se le ha encargado a Andrés Ollero que redacte una nueva ponencia de sentencia, acorde con el sentido del voto de la ajustada mayoría. Ollero se ha negado a aceptar el encargo y ha anunciado que cuando el tema vuelva a la mesa del TC presentará un voto particular explicando se puede pedir “prenderle fuego a la puta bandera” durante el desarrollo de una protesta sindical sin que eso lleve aparejada una condena por ultraje.
El recurso planteado por el sindicalista Pablo Fragoso tiene encaje en la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea y así se ha hecho explícito durante el debate al que han asistido los miembros del pleno del Tribunal Constitucional. La decisión adoptada sitúa al tribunal de garantías español en riesgo de ser corregido una vez más por Europa. Al sector más conservador del organismo no ha parecido importarle y han preferido darle la espalda a uno de los suyos antes que enfrentar el debate de la bandera desde la defensa de los derechos civiles.
Con su decisión, el Constitucional sortea una sentencia que supondría un golpe a la marina española, muy implicada en el proceso. También se evitan situar al tribunal en el centro del debate sobre los símbolos nacionales en un momento en el que la presencia de Vox en Congreso ha empujado a toda la derecha a sobreactuar sobre la necesidad de cuidar a la insignia nacional.
El sindicalista condenado siempre negó haber pronunciado las palabras “hay que prenderle fuego a la puta bandera” durante aquella protesta de 2014. Fue el almirante jefe del Arsenal Militar de Ferrol en esa época, Manuel Garat Caramé, quien le acusó de haberlo hecho y presentó ante los tribunales el testimonio de un guardamarina bajo su mando acreditando sus acusaciones. No se aportaron vídeos ni grabaciones de audio y Pablo Fragoso fue condenado por ultraje.
Lo que el Constitucional ha estudiado esta semana no es si Fragoso pronunció esas palabras, sino si habría tenido derecho a pronunciarlas. Un magistrado conservador ha propuesto absolverle al entender que sus derechos constitucionales le amparaban. El resto de la derecha lo ha dejado solo. De cara al futuro se anuncia tormenta, votos particulares y, quien sabe, si un último capítulo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.