Tras el accidente del tren Alvia en la línea de alta velocidad Ourense-Santiago el 24 de julio de 2013, en el que murieron 80 personas, voces del Gobierno y de la Xunta, encabezadas por el entonces secretario de Estado y después ministro Rafael Catalá y el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, insistieron en que no se podía decir que había sido un accidente del AVE. Según aquella visión, rechazada hace tiempo en la causa judicial por varios jueces y peritos que coinciden en que tanto el tren como la línea eran de alta velocidad, decir eso formaba parte del interés de otros países por desprestigiar el saber hacer español en esa área de la ingeniería cuando había importantes concursos internacionales en juego. Cinco años después de aquello, técnicos que suman varias décadas de experiencia como profesionales de esa alta velocidad española y que tuvieron algún tipo de participación en la construcción o supervisión del AVE Ourense-Santiago aseguran en el Congreso que no han leído la investigación oficial del accidente y por lo tanto tampoco las mejoras de seguridad que aquel documento recomendó tras el siniestro de la curva de Angrois.
Un año después del siniestro la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del Ministerio de Fomento emitió su informe oficial sobre el mismo en el que centró toda la responsabilidad en el maquinista, que se despistó y no frenó a tiempo antes de la curva sin que hubiese activo ningún sistema que evitase o paliase su previsible error humano, cuestión por la que hoy están imputados seis técnicos de Adif, Renfe e Ineco además del maquinista. Aquel informe de la CIAF incluía además nueve recomendaciones de mejora de la seguridad dirigidas a Adif, Renfe y el ministerio de Fomento. Tres años después la Agencia Ferroviaria Europea consideró que aquel informe no había sido realizado de manera independiente ya que la composición de la CIAF dependía del ministerio, lo que afectaría a la conclusiones que obtuvo sobre las causas del siniestro, pero no puso en entredicho sus recomendaciones, que se han venido aplicando en los últimos años.
Ahora, en la comisión de investigación política sobre el accidente que se está celebrando en el Congreso de los Diputados están compareciendo diversos técnicos y cargos relacionados en mayor o menor medida con el diseño, construcción, supervisión o puesta en servicio del AVE Ourense-Santiago en el que ocurrió el accidente. A la mayoría de ellos el diputado de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca, uno de los que menos protagonismo está teniendo en esas sesiones, está preguntándoles si conocen el contenido del informe de la CIAF. Y varios de los comparecientes ya han declarado que no han leído ese informe oficial sobre el mayor accidente ocurrido en el sector en el que llevan décadas trabajando.
El pasado 12 de septiembre compareció en el Congreso Beatriz Sierra, ingeniera industrial experta en el sistema de control constante de la velocidad ERTMS que trabaja desde 2002 para la empresa pública Ineco, dependiente de Fomento y encargada de supervisar la seguridad de las nuevas líneas de AVE. Sierra participó en las pruebas de compatibilidad entre el ERTMS embarcado en los trenes y el existente en la línea Ourense-Santiago, pero en su comparecencia, en la que dijo no saber de muchas de las preguntas que se le formularon, insistió en que ella no analizaba cuestiones de seguridad. Cuando Martínez Oblanca le preguntó si conoce el contenido del informe de la CIAF sobre el accidente su respuesta fue: “No lo he leído”.
Más sorprendente ha sido la respuesta de otro compareciente a una pregunta similar. El 26 de septiembre le tocó el turno a Juan Olmedilla, técnico de la unión temporal de empresas formada por Thales y Dimetronic encargada de instalar los sistemas de seguridad en la línea Ourense-Santiago. También con años de experiencia en el sector ferroviario, desde 2005 hasta la actualidad, Olmedilla también dijo que no leyó el informe de la CIAF, y explicó por qué. “No está en mis atribuciones como coordinador de seguridad conocer ese informe, sé que existe por la prensa, lo mismo que el informe de la Agencia Ferroviaria Europea, pero no lo he visto ni tampoco por otra parte tengo acceso fácil a él”, fue su explicación. El informe está colgado en la web del Ministerio de Fomento, en este enlace.
El mismo 26 de septiembre compareció también Alejandra Pérez Jiménez, en su caso técnica de Adif, empresa pública para la que supervisó la instalación del sistema ERTMS previa a la inauguración de la línea de AVE Ourense-Santiago. Lleva 17 años trabajando en el sector, tanto en Ineco como en Adif. “¿Usted conoce el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios?”, le preguntó también Martínez Oblanca. “No, no lo conozco”, fue su respuesta.
El 3 de octubre compareció en la comisión otro técnico, Eduardo del Río, experto en material rodante de la Agencia Ferroviaria Europea desde 2013. En su caso, él no participó en el AVE gallego y está fuera del sector de la alta velocidad española desde antes del accidente de Santiago. Pero tampoco él, pese a su comparecencia en la comisión, conoce el informe oficial sobre Angrois, en el que también se analizan cuestiones de su área de especialidad. “Sé que hay un informe pero no lo he leído”, dijo.
Frente a este desconocimiento del informe oficial sobre el mayor accidente del sector en el que trabajan desde hace años, otros profesionales comparecientes en esta misma comisión sí han declarado conocer el documento. Así lo hicieron, por ejemplo, el maquinista jefe de Renfe José Ramón Iglesias Mazaira, que había alertado del riesgo de la curva de Angrois un año y medio antes del accidente, o José Luis González Navarro, técnico de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y previamente de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de Fomento que autorizó la puesta en servicio de la línea Ourense-Santiago.
A pesar de que en las comisiones de investigación en el Congreso los comparecientes no pueden mentir, grupos minoritarios como En Marea o ERC o la propia plataforma de víctimas del siniestro vienen criticando que diversas personas citadas se escuden en su desconocimiento o falta de memoria sobre las preguntas que se les realizan para evitar dar respuestas que sospechan que podrían perjudicar a las empresas para las que trabajan.