En 2011 la Xunta de Galicia firmó un convenio con Ence a la medida de esa empresa de celulosa con el que le rebajó hasta un 60% la tasa por usar el muelle de Ribadeo (Lugo), de titularidad autonómica, para embarcar en él la pasta de papel que produce en su factoría asturiana de Navia. El Gobierno gallego justificó aquel convenio por la amenaza que suponía otro acuerdo previo entre Ence, el Principado de Asturias y Feve para conectar por ferrocarril esa fábrica con el puerto de Gijón y que fuese aquel la salida de sus productos. Pero esa línea férrea sigue sin finalizarse y ahora el Tribunal de Cuentas, en un informe de fiscalización de las inversiones de Feve entre 2005 y 2012 publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 22 de noviembre, insta a denunciar a Ence por “daños y perjuicios” tras constatar el “escaso interés” de la empresa por continuar la obra en Asturias una vez que logró la rebaja de impuestos en Galicia.
Hacía años que Ence venía moviendo diversos productos de su factoría de Navia a través del puerto de Ribadeo, a 35 kilómetros por carretera, cuando en 2010 firmó un convenio con el Principado y Feve para construir un ramal de 2,5 kilómetros que conectase sus instalaciones con la línea ferroviaria que articula la costa cantábrica y pasar a usar puerto de Gijón, a unos cien kilómetros. De los 9 millones que se preveía que costaría ese ramal de acceso a su fábrica, Feve pagaría 3,5, el principado otro tanto y Ence 2 millones.
Con esas obras ya iniciadas fue cuando la Xunta firmó con Ence un acuerdo para rebajarle hasta un 60% las tasas por el uso que ya venía haciendo del puerto de Ribadeo. El principal argumento ofrecido por el Gobierno gallego para esa exención fue precisamente la amenaza de que Ence se llevase a Gijón por tren los tráficos que venía captando Ribadeo. De la misma forma, el argumento esgrimido por el Principado para justificar su aportación de fondos públicos para construir la vía ferroviaria a la fábrica de Navia era el de que así Asturias pasaría a beneficiarse de unos tráficos que hasta aquel momento pasaban por Galicia.
Tras gastar en la obra ferroviaria unos seis millones de euros de fondos públicos, los trabajos se pararon, entre otras cosas, según dice el Tribunal de Cuentas, “por no conseguirse un acuerdo entre Feve y la empresa propietaria de la factoría para la cesión temporal de los terrenos en el interior de la planta”. Ese estancamiento de las obras en Navia se produjo una vez que Ence ya había conseguido la rebaja de impuestos en Ribadeo, lo que ahora el Tribunal de Cuentas relaciona en su informe. La negativa de Ence a facilitar que continúen las obras del acceso ferroviario a su fábrica de Navia, dice Cuentas, “unida al hecho de que durante todo este período de tiempo hasta la actualidad ha venido supliendo este servicio de transporte por ferrocarril con el transporte por carretera al puerto gallego de Ribadeo más próximo a su factoría, pone de manifiesto su escaso interés por la finalización del proyecto”. Ante esta situación, el ente fiscalizador hace una petición a Feve, empresa pública ahora repartida entre Renfe y Adif: “Sería conveniente que se intensificaran las negociaciones para poder terminar con la construcción del tramo o, en su caso, se denunciara el contrato y, conforme a lo establecido en los contratos firmados, se exigiera a la empresa propietaria de la factoría la indemnización de los daños y perjuicios provocados por su actuación”. Según añade Cuentas, Renfe está pensando en iniciar acciones legales después de requerir a la empresa que cumpliese sus deberes “sin obtener respuesta”.
El informe del Tribunal de Cuentas desmonta así la operación asturiana de Ence en la que la Xunta se amparó a modo de amenaza para justificar rebajarle impuestos en Galicia. Una rebaja que, tal y como fue redactada en el convenio firmado al efecto entre Portos de Galicia y Ence, desvelado en febrero del año pasado por este diario, no evitaría la marcha de la empresa sino que en la práctica supuso un perdón unilateral de las tasas que venía pagando hiciese lo que hiciese la empresa. Por otra parte, aquella rebaja se concretó a través de un convenio para el cual fue preciso modificar previamente en diciembre de 2010 la ley autonómica de tasas de Portos de Galicia. Esa modificación legal para permitir al ente público gallego firmar convenios de rebaja de tasas con empresas privadas sólo se empleó una vez: con Ence.
Una rebaja que para Portos de Galicia supone una reducción de ingresos de entre 300.000 y 500.000 euros anuales (entre el 2% y el 3% de los ingresos comunes del ente público). Pero la rebaja no fue la única concesión que hizo la Xunta a Ence en Ribadeo. Tras la amenaza de dejar Galicia por Asturias que ahora Cuentas desmonta, la Xunta invirtió 2,2 millones de euros en mejorar el puerto lucense, obras que el propio Feijóo vinculó a las necesidades de la empresa en su inauguración en julio de 2012.
Durante estos años, desde la rebaja de impuestos de la Xunta, y el abandono de la obra asturiana, Ence viene presentando unos beneficios en aumento año tras año. En los tres primeros trimestres de este 2017 la empresa obtuvo un beneficio neto de 59,5 millones de euros, lo que supone un 183% más que en el mismo período del año anterior.
Por otra parte, el responsable de aquella modificación legal y del posterior convenio para reducir impuestos a Ence en Ribadeo fue el entonces presidente de Portos de Galicia, José Manuel Álvarez- Campana, contratado en septiembre de 2015 por el gobierno local de Arteixo, del PP, con el cargo oficial de “gestor eficaz de recursos”.