El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de condenar a la Xunta por ocultar información al Parlamento gallego relativa a la fracasada fusión de las cajas de ahorro en 2011. Los documentos que el Gobierno de Feijóo no quiere sacar a la luz pública tratan sobre la vertiente política de la operación: el informe-propuesta de la entonces conselleira de Facenda Marta Fernández Currás y el acta de la reunión de secretarios generales del ejecutivo previa a la reunión de la Xunta en que se autorizó la fusión entre Caixa Galicia y Caixa Nova.
El fallo, emitido en respuesta a un recurso contencioso-administrativo presentado por el diputado del Grupo Común da Esquerda Antón Sánchez, concluye que la Administración ha vulnerado los derechos constitucionales del parlamentario “a la participación en los asuntos públicos”. “La conclusión inevitable es que la Administración demandada incumplió la obligación de facilitar la información que le había sido pedida, y como ninguna razón fundada en Derecho se ha expuesto que ampare su posición, es claro ha incurrido en infracción del artículo 23.2 de la Constitución Española”, dice la sentencia. El citado artículo afirma que los ciudadanos “tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”.
Las peticiones de Sánchez desatendidas por la Xunta fueron realizadas en mayo, julio y septiembre de 2018. Además de los dos documentos mencionados, el diputado quiso acceder a la carta de encargo del Gobierno gallego a la consultora KPMG para “la elaboración del diagnóstico acelerado de viabilidad sobre la fusión de las cajas gallegas”; a los informes técnicos, jurídicos y de intervención emitidos en relación a ese diagnóstico; a los informes técnicos y jurídicos de los servicios de la Xunta; y a los informes de viabilidad económica de la fusión distintos del emitido por KPMG.
El Tribunal Superior entiende que la Administración sí permitió el acceso a esta última información. En parte asegura que se encontraba entre la documentación remitida por la Xunta a la comisión de investigación sobre la operación constituida en la Cámara gallega, en parte llegó al parlamentario después de que este presentase el recurso contencioso-administrativo ahora resuelto. Lo que en ningún momento el Gobierno entregó al demandante son aquellos papeles que, presumiblemente, servirían para conocer mejor como actuó el ejecutivo de Feijóo en una operación que liquidó el sector financiero gallego.
La comisión parlamentaria sobre lo sucedido arrancó a comienzos de 2013. El parón veraniego de 2013 la dejó congelada hasta 2016, año en que Feijóo revalidó por tercera vez su mayoría absoluta. Aunque el PP anunció que la volvería a ponder en marcha, no fue así. A día de hoy, la comisión no ha publicado ninguna conclusión. Prácticamente todos los directivos de las extinguidas cajas -Caixa Galicia y Caixa Nova- acabaron en prisión.
El tribunal dictamina finalmente que la Xunta deberá “facilitar a la recurrente la información solicitada [...] o bien exponer las razones fundadas en derecho que lo impidan, o comunicar la disposición o permitir el acceso directo”. Contra el fallo cabe recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo o ante “la sala correspondiente” del TSXG, “siempre que se acredite interés casacional”.