La Xunta se apropió de un terreno privado durante las obras de una autovía para favorecer a la constructora

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra ha condenado a la Xunta, en una sentencia del pasado 7 de febrero, a devolver a su legítimo propietario un terreno de 15.376 metros cuadrados del que se apropió durante las obras de construcción de la Autovía do Morrazo, en la orilla norte de la Ría de Vigo, reponer la parcela a su estado originario, lo que costará unos dos millones de euros, e indemnizarle con 47.391,40 euros por cortar los árboles que allí había. La sentencia señala que la Xunta no expropió legalmente el terreno y que se “apropió” de él durante las obras para acabar convirtiéndolo en una escombrera no por ninguna modificación del proyecto de la autovía, sino por “la conveniencia de liberar a la empresa constructora de la costosa carga de transportar hasta un lugar autorizado las tierras y escombros sobrantes de la obra”, procedimiento con el que el Gobierno gallego cometió desviación de poder.

Según la sentencia, la Xunta se apropió por “vía de hecho” del terreno de más de 15.000 metros cuadrados, situado en el municipio de Moaña, al ejecutar las obras de desdoblamiento del anterior Corredor do Morrazo para su conversión en la Autovía do Morrazo, inaugurada en junio de 2019, ocho años después de la primera licitación. La construcción de ese último tramo de la autovía en el que está situado el terreno del que se apropió la Xunta fue adjudicada a una unión temporal de empresas (UTE) formada por las constructoras Covsa y Taboada y Ramos, esta última de un empresario afín al PP.

Según la sentencia, el Gobierno gallego incurrió en una “omisión total y absoluta del procedimiento establecido”. “En el marco de una expropiación urgente, la apropiación por la Administración de una superficie de suelo no recogida en el acta previa a la ocupación y por la que no se abonó el preceptivo depósito previo, ni se expidió siquiera acta de ocupación, constituye, sin duda, una vía de hecho, una actuación material sin título jurídico”, señala la sentencia. Además, el juez recalca que en las expropiaciones urgentes “los trámites de acta previa, depósito previo y acta de ocupación son esenciales”, pues sin ellos “no se puede ocupar el terreno que se pretende expropiar”.

“Para la adquisición y ocupación material de suelo por la Administración mediante título de expropiación forzosa debe tramitarse previamente un procedimiento administrativo”, destaca el juez, al tiempo que subraya que en ese documento “deben cumplirse los presupuestos formales para la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación de los bienes afectados”. En este caso, según la sentencia, “no se expuso al público la nueva relación de bienes afectados, ni el interesado fue notificado con un trámite de audiencia”, entre otros procedimientos administrativos no realizados por la Xunta como debiera.

Ni durante el proceso judicial emprendido por el propietario ni durante el juicio la Xunta intentó defenderse, según refleja ahora la sentencia. En ella, el juzgado condena a la Xunta a devolverle el terreno al propietario, eliminando los rellenos y escombros depositados en él. El perito judicial valoró el coste de esa reposición en casi dos millones de euros. Además, la Administración deberá indemnizar al demandante con 47.391 euros por los árboles que fueron cortados.

Durante la construcción de los primeros tramos de la misma Autovía do Morrazo, la Xunta ya había decidido modificar sus previsiones iniciales de que las obras se pudiesen compaginar con la circulación de vehículos por el Corredor originario para así agilizar y facilitar los trabajos de las constructoras. Esa decisión de cortar el tráfico para facilitar los trabajos había sido criticada unos años antes por el PP cuando la tomó el anterior Gobierno bipartito de la Xunta durante la ejecución de la Autovía do Salnés asegurando que suponía hacer un favor a las constructoras.