A finales de 2012, en plena crisis económica, la Xunta culminaba una controvertida operación. Acababa de vender los dos helicópteros de salvamento marítimo de los que disponía a la empresa Inaer, el gigante del sector que ya los había gestionado anteriormente, a cambio de que operara con ellos durante cinco años. Esa media década ya ha transcurrido y el pasado abril la Consellería do Mar lanzó un nuevo concurso para renovar el servicio, esto es, para contratar una empresa que realice estas labores, ya sea con los helicópteros que antes eran públicos o con otros. El Gobierno gallego puso sobre la mesa para esta operación 40 millones de euros pero, sin embargo, acaba de certificar que no ha sido capaz de encontrar una compañía que se haga cargo del contrato.
Este jueves, 8 de junio, la mesa de contratación encargada de tramitar este procedimiento se reunió para abordar la única oferta que se había presentado. No se trataba en este caso de Inaer, propiedad actualmente de la multinacional británica Babcock, sino de una compañía de mucha menor dimensión, Seprogal, con sede en Ferrol. Según la resolución firmada por la secretaria general de la Consellería, Isabel Concheiro, “una vez comprobada la documentación de capacidad, solvencia y habilitación”, esta empresa no se ajusta a los requisitos exigidos. Así, corresponde declarar desierto el concurso, una resolución formal que la empresa excluida podría optar por recurrir ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Más allá de la determinación que adopte la única empresa que se ha presentado, lo cierto es que este es un nuevo episodio de un proceso en el que, como informó Praza.gal, el Consello de Contas -órgano encargado de fiscalizar la gestión económica de la Xunta- detectó diversas irregularidades, tal y como acreditó en un crítico informe del año 2014, en el que en referencia concreta a los helicópteros de salvamento marítimo resaltaba que la Xunta no había hecho “ningún estudio” sobre la “repercusión” que esta venta tendría para la Administración pública. Esos aparatos eran patrimonio público desde el año 2005, cuando entre ecos de la catástrofe del Prestige la Xunta de Manuel Fraga los compró en Estados Unidos por 27 millones de euros. Se ponían así en marcha el Pesca 1 y el Pesca 2.
El Gobierno gallego disponía de los helicópteros, pero no de personal propio para emplearlos. Por eso sacó a concurso la operación y el mantenimiento, proceso que ganó Inaer. Aquel primer contrato finalizó en junio de 2009 pero, en palabras del Consello de Contas, la Xunta “no planificó con la suficiente antelación” ese final, por lo que tuvo que seguir dependiendo de Inaer a través de una prórroga hasta marzo de 2010, con un nuevo concurso que volvió a ganar la misma compañía por 7,5 millones al año. Aquella contratación iba a durar dos años, pero cuando faltaban 8 meses para su finalización la Xunta lo rescindió alegando, precisamente, motivos económicos.
A pesar de aquella rescisión, los helicópteros siguieron en manos de la misma empresa hasta octubre de 2012, 17 meses de prolongación que el Gobierno de Feijóo autorizó con un trámite “excepcional” en el Consello da Xunta que, según Cuentas, “omitió los procedimientos legalmente establecidos”. Justo después llegó el concurso en el que el Gobierno vendió los helicópteros que habían costado 27 milóns por la mitad de su precio, 13,5 millones de euros. Ahora, con el concurso desierto, se verá obligado a articular otra fórmula de adjudicación -un nuevo concurso por más importe o un procedimiento negociado, por ejemplo- pero con una mayor limitación que hace cinco años, ya que no dispone de helicópteros propios.