El Consello da Xunta del pasado 29 de diciembre, el último del año, aprobó la prórroga de los Presupuestos Generales de 2016, que duró hasta que las cuentas de 2017 terminaron su tramitación en el Parlamento. En aquella misma reunión el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo dio su visto bueno a traspasar los “créditos que se encuentren sin comprometer”, esto es, fondos no gastados en los objetivos proyectados, al apartado del presupuesto dedicado a “imprevistos y funciones no clasificadas” para, posteriormente, “reasignarlos” a otros fines. El montante total de aquel trasvase fue de 227,6 millones de euros procedentes de múltiples departamentos gubernamentales, según acaba de comunicar la Xunta al Parlamento, como marca la ley. Entre estos fondos figuraron 1,4 millones de euros no gastados en dos de los planes estrella del Gobierno: los de ayudas a familias sin recursos para pagar recibos de la luz.
Los Presupuestos del pasado año habían reservado un total de 2,7 millones de euros para financiar estas ayudas. La partida más cuantiosa, de 2,1 millones -un 40% más que en 2015-, fue la del “tícket eléctrico”, la ayuda para sufragar parte de la factura eléctrica que equivale a, aproximadamente, un recibo y medio al año. Este plan fue “complementado” con las “ayudas urgentes para evitar los cortes”, de hasta 200 euros anuales por solicitante y dotadas de un presupuesto de 600.000 euros.
Pero el tícket eléctrico acabó llegando a muchas menos familias de las previstas. Aunque el objetivo oficial fijado en los presupuestos era repartir 7.000 ayudas el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, elevó públicamente la estimación a 40.000. No obstante, una portavoz oficial de la Consellería de Economía confirmó a Praza.gal que el subsidio acabó llegando a 6.000 hogares, lo que supuso una aportación económica total de “433.200 euros” de los 2,1 millones presupuestados.
En este escenario, una vez cerrado el plazo para solicitar las ayudas -estuvo abierto entre enero y julio- en las arcas de la Xunta estaban disponibles el 80% de los fondos del tícket eléctrico y, como informó eldiario.es, la Xunta decidió transferir gran parte de los mismos a otros compromisos de la Administración. El 40% de los 2,1 millones, 830.000 euros, acabaron financiando gastos tan dispares como la cuota anual de la Fundación Ferias y Exposiciones de Lugo, paneles indicadores en hospitales, los cuestes de la demanda a la Xunta presentada por una empresa minera, un estudio sobre publicidad o incluso alumbrado de la controvertida Cidade da Cultura.
Tras estas reasignacións quedaban aún sin comprometer, no obstante, el 40% de los fondos de estas ayudas. Eran, concretamente, 836.438,88 euros, que con la operación presupuestaria del 29 de diciembre pasaron a ser parte del fondo de imprevistos del Gobierno gallego.
Las ayudas “urgentes”
El alcance del tícket eléctrico fue en 2016 mucho menor de lo previsto y algo semejante sucedió con la otra línea de ayudas, las “urgentes”, concebidas para evitar la suspensión del suministro a quien no pueda pagarlo. En este caso el plazo de solicitud era más amplio, de enero a noviembre. Pero el bajo volumen de ayudas adjudicadas llevó a la Consellería a adoptar una medida de flexibilidad no aplicada al tícket eléctrico: a finales de octubre prolongó el plazo hasta mediados de diciembre para “garantizar la mayor eficacia posible”, dado que “hay crédito sobrante”, y así “asegurar a las familias el acceso continuado a un suministro esencial como es electricidad”.
A pesar de la prolongación del plazo a finales de año quedaba sin gastar el 88% de los 600.000 euros con los que se financiaban las ayudas. Por este motivo, esos 531.116,71 euros “sin comprometer” pasaron a formar parte también del fondo de la Administración para pagar imprevistos. De este modo, de los 2,7 millones de euros presupuestados por la Xunta para ayudar al pago de recibos de la luz solo unos 502.000 euros fueron finalmente para esta finalidad, el 18,60% del total. Mientras, los mencionados 830.000 euros financiaron otros gastos de la Administración y 1,4 millones se movieron al fondo de imprevistos.
Después de la transferencia de 227 millones al fondo de imprevistos, entre ellos los de las ayudas de la luz, el Gobierno gallego aprovechó los dos días que quedaban del año para reubicar hasta 155 millones de esa partida. Casi 130 millones sirvieron para financiar gastos farmacéuticos del Sergas y otros 18, cuotas pendientes de Sanidad con centros sanitarios privados. Otras operaciones de menor importe fueron 2,5 millones de euros que Política Social destinó al plan concertado de los Ayuntamientos -servicios sociales municipales que dependen de la financiación de la Xunta- o 400.000 euros para pagar producciones externas de la TVG.
Justificación de la Xunta y críticas de la oposición
El hecho de que apenas el 20% de las ayudas para la luz acabara teniendo este cometido tiene dos lecturas diferentes entre Gobierno y la oposición gallega. Así, la Consellería de Economía subrayó a este diario que concedió “todas las ayudas que se solicitaron” y cumplían los requisitos, un total de 2.168 familias en el caso del tícket eléctrico, y el propio Feijóo destacó el pasado enero en el Parlamento que “atendimos todas las solicitudes que llegaron, a todos los que las pidieron se les concedió”, un argumento que reiteró esta misma semana en la Cámara en respuesta a la portavoz del BNG, Ana Pontón. Además, la Xunta ponen el acento en que las órdenes de ayudas de este 2017 están pensadas para “seguir ayudando a las familias con menos recursos” y hacerlo “sin límites”. No obstante, el presupuesto inicial de ambos subsidios ha sido reducido: un 62% en el caso del tícket eléctrico y un 33% en las ayudas urgentes, subsidios que ahora también se extienden a las facturas de gas.
Mientras, para toda la oposición gallega el problema reside en los requisitos de las ayudas y en el procedimiento establecido por la Xunta para solicitarlas. Así, el pasado febrero, los tres grupos de la izquierda apoyaron una proposición de En Marea -PSdeG y Bloque formularon también iniciativas en el mismo sentido- para ampliar los umbrales de renta de las familias destinatarias de las ayudas, eliminar requisitos como que tengan que tener a su cargo menores o personas con discapacidad y, sobre todo, facilitar que puedan ser tramitadas también por la vía presencial, ya que las órdenes de ayudas establecen que las solicitudes solo pueden ser presentadas “por vía electrónica” y, excepcionalmente, con ayuda de personal público en alguna sede de la Xunta. La proposición fue rechazada.