En el año 2014 el Consello de Contas, que fiscaliza las finanzas de la Xunta, emitió un crítico informe sobre la operación en la que la Xunta había vendido en 2012 los dos helicópteros de salvamento marítimo de los que disponía por 13,5 millones de euros -la mitad del que habían costado en 2005- a cambio de que la empresa adjudicataria de su gestión, Inaer, operara con ellos durante cinco años más. Según el ente fiscalizador el Gobierno de Feijóo no hizo “ningún estudio” sobre la “repercusión” de esta venta de patrimonio público, amparada entonces en una apuesta por rebajar costes de mantenimiento. Una de esas repercusiones no valoradas está ya ante la Xunta: aquel contrato de cinco años está a punto de finalizar y, a pesar de haber puesto sobre la mesa 40 millones de euros para un período de hasta seis años, no encuentra empresa para volver a adjudicarlo. Tras fracasar en el primero intento la Consellería del Mar lanza ahora una consulta dirigida a las empresas del sector para conocer el “coste real” del servicio e intentar acertar a la segunda.
A la primera convocatoria del concurso se presentó una única empresa. No fue Inaer -actualmente propiedad de la multinacional británica Babcock-, sino la pequeña compañía ferrolana Seprogal. Según la documentación de la licitación, esta empresa no cumplió los requisitos de “capacidad, solvencia y habilitación” y por eso el departamento de Rosa Quintana tuvo que dejarla desierta. Al día siguiente, el pasado 9 de junio, la Consellería se acogió a la disposición de una directiva de la UE de 2014 sobre contratación pública que da a las Administraciones la posibilidad de realizar “consultas de mercado” para “preparar” una contratación “antes de iniciar” el procedimiento y también “informar” a las empresas del sector “sobre sus planes”.
En la propia convocatoria de la consulta el Gobierno gallego evidencia que realiza este estudio del mercado empujado por el fracaso del primer concurso, antes del cual no puso en marcha consulta alguna. “Como consecuencia” de tener que dejar desierto el proceso, la Consellería “pretende iniciar una nueva licitación” con “similares estipulaciones técnicas”, pero “ahora” sí “considera necesario” hacer este “sondeo al mercado” para “definir mejor el escenario”. Concretamente, para determinar “mejor” los “aspectos económicos de este tipo de contrataciones” mediante el manejo de “información sobre las estructuras de costes reales que supone la prestación del servicio” de salvamento marítimo con helicópteros tanto para operaciones de rescate como de lucha contra la contaminación.
En esa documentación puesta a disposición de las empresas la Xunta explica que el Servicio de Guardacostas funciona al amparo de una ley del año 2004 y que atiende emergencias y también vigila diversas labores del mar, empleando para estos trabajos “medios aéreos, marítimos y terrestres”. “En cuanto a los medios aéreos -detalla- el servicio se viene prestando mediante dos helicópteros” y “en estos momentos la Xunta no dispone de helicópteros en propiedad para prestar este servicio, por lo que es necesario contratar la disponibilidad de estas dos aeronaves”, dice el documento, obviando que no tiene los aparatos porque los vendió. “Al carecer la Consellería de estos medios”, admite el documento, es necesario resolver el proceso antes del “próximo 31 de octubre de 2017”, cuando finaliza el contrato con Inaer. En caso contrario, no podrá “seguir prestando el servicio de salvamento marítimo ”en “similares condiciones técnicas”.
Las compañías interesadas en suministrar información a la Xunta tendrán que cubrir un impreso en el que indiquen el “coste real” de un helicóptero “con capacidad para rescatar a una persona ubicada en un buque o en el mar a una distancia de 180 millas (...) desde la base de operaciones”, con capacidad para un “mínimo de 12 personas” y una autonomía mínima de 4 horas. También tendrán que detallar el coste diario de la tripulación -comandante, copiloto, rescatador y operador de grúa-, personal “cualificado” del que la Xunta “no dispone”, indica el documento, lo que “obliga la Consellería do Mar a acudir reiteradamente a la contratación externa de empresas debidamente autorizadas” tanto para operar los helicópteros como “también para su mantenimiento y reparación”. La carencia de personal fue, precisamente, el argumento principal para la primera privatización del servicio, si bien el Gobierno no adoptó decisión alguna para dotarse de él en estos años.
Con esta consulta preliminar por la vía rápida -las empresas tienen siete días naturales para participar- el Gobierno gallego se enfrenta a una carrera contra el reloj de poco más de tres meses ya que, en caso de llegar a octubre sin una nueva adjudicación, tendría difícil acogerse a la vía de la prórroga del contrato, como ha venido haciendo en la última década en los también privatizados barcos de Guardacostas por 6 millones al año, ya que en la contratación que implicó la venta de los helicópteros había indicado que “no se prevén prórrogas”. Sobre este nuevo escenario planea la incógnita de si Inaer participará o no en una segunda licitación que, tras lo resultado de la primera, cabe esperar que suponga un gasto mayor a los mencionados 40 millones de euros.