La Xunta vuelve a salir en defensa de Ence: “No parece razonable que una ley sirva para cerrar empresas”

El Gobierno gallego ha vuelto a salir en defensa de que Ence se quede en la ría de Pontevedra hasta 2073. El vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Francisco Conde, ha considerado que la Ley de Cambio Climático genera inseguridad jurídica para las empresas asentadas en la costa gallega, incluida la pastera, y ha pedido garantizar que su aplicación no va a tener carácter retroactivo. “No parece razonable que una ley sirva para cerrar empresas. La transición energética no justifica en ningún caso que se cierren empresas utilizando este criterio”, ha protestado.

Conde ha reclamado que se hagan “compatibles” el impacto ambiental y la actividad económica. En el caso de Ence, que desarrolla una actividad contaminante en terrenos de dominio público marítimo-terrestre en la ría de Pontevedra, el conselleiro protesta porque considera que la ley recién aprobada en el Congreso -y pendiente del trámite en el Senado- la aboca a dejar su actual ubicación. “No hay plan b para Galicia. La marcha de Ence supondría que la inversión que estaba programada en Pontevedra se vaya a Asturias. Que una ley deslocalice inversiones entre comunidades autónomas no tiene precedentes”, ha manifestado en una entrevista en la Radio Galega.

Para el vicepresidente segundo, el desencuentro es de fácil solución y no requeriría más de “cinco minutos” para consagrar en el texto que no afectará a la prórroga concedida a Ence en 2016 y que permite que la actividad siga hasta 2073. El conflicto deriva de que la Ley de Cambio Climático recoge en el artículo 18 que las concesiones en dominio público marítimo-terrestre durarán el máximo establecido en otras dos normas anteriores, que es de 75 años, prórrogas incluidas. La pastera empezó a funcionar en Lourizán en 1957, de modo que ese plazo habrá vencido en 2033. La ampliación del permiso que el gobierno en funciones de Mariano Rajoy autorizó hace cinco años no solo le valió al expresidente ser declarado persona no grata en su ciudad, sino que fue recurrido por el Ayuntamiento de Pontevedra, Greenpeace y la Asociación pola Defensa da Ría y está pendiente de lo que decida la Audiencia Nacional.

En una entrevista con elDiario.es, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, acusa al PP de querer “desactivar el proceso de control judicial” al que se someten las autorizaciones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre para resolver la situación de Ence en Pontevedra.

En cualquier caso, las declaraciones de los responsables de la Xunta contra esta ley van más allá de Ence. La conselleira do Mar, Rosa Quintana, avanzó esta semana que el Gobierno gallego la recurrirá si se mantiene la redacción del artículo 18 por sus efectos sobre otras empresas emplazadas en el litoral y relacionadas con la explotación marisquera y pesquera. Lo confirmó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que dijo que está pendiente de análisis la vía por la que su equipo acudiría al Tribunal Constitucional.