El asunto se ha convertido, desde hace ya unos años, en central para el debate público: la gestión del turismo y sus efectos sobre la población local. En Santiago de Compostela, ciudad de apenas 100.000 habitantes, vecinos y una parte importante de sus representantes políticos consideran que el fenómeno se ha desbordado. Así lo corroboran los indicadores objetivos, del INE al registro de peregrinos de la Iglesia Católica. Pero el Partido Popular, que gobierna la Xunta de Galicia y mantiene 11 ediles en la oposición al ejecutivo local de BNG y Compostela Aberta, prefiere el dejar hacer antes que las iniciativas del gabinete de Goretti Sanmartín. El propio presidente gallego, Alfonso Rueda, se ha declarado contrario a la tasa turística y ha desdeñado las limitaciones al comercio orientado al turismo anunciadas esta semana.
También el líder santiagués de los populares, Borja Verea, ha criticado esta última medida. El ayuntamiento suspenderá durante un año, mientras redacta un nuevo plan de usos, las licencias para establecimientos turísticos. Su objetivo, asegura, es “proteger y fomentar el comercio local y de proximidad y fijar población en la zona vieja”. Según Verea, no servirá de nada. “Siempre dijimos que el camino es el contrario, primero hay que recuperar vecinos y una vez que se recuperen va a llegar ese comercio de proximidad”, dijo en una entrevista en la Cadena Ser. No explicó su fórmula para lograrlo, pero sí añadió que lo que denominó “política de prohibición tras prohibición” de los últimos gobiernos locales “está demostrado que no funciona, el casco histórico está cayendo a trozos”.
Fue entre 2015 y 2019, durante el mandato de Compostela Aberta -coalición de partidos soberanistas y de izquierdas entonces encabezada por Martiño Noriega-, que el turismo pasó a ser una de las principales materias de discusión política en la ciudad. Aquel equipo de gobierno aprobó una moratoria en la apertura de hoteles en la zona vieja y lanzó la idea de cobrar una tasa turística a los visitantes, tal y como hacen innumerables localidades turísticas en toda Europa. Lo sucedió el Partido Socialista de Bugallo, que comenzó los trámites para regularizar los pisos de alquiler vacacional que ahora ha retomado la alcaldía del BNG: unos 600 quedan fuera del amparo legal y tendrán que cerrar. Además ha recuperado la idea de la tasa a los visitantes, que Sanmartín ha presentado al propio presidente Rueda ante cierta indiferencia de este -“le daremos para delante si procede y cumple los condicionantes”- cuando no posicionamiento explícito en contra.
La derecha no parece sensible al evidente malestar vecinal con la masificación turística. La subida de los alquileres y la escasez de vivienda, los insuficientes servicios de limpieza o los comportamientos irrespetuosos de algunos viajeros son motivo recurrente de queja y consecuencia, a decir de algunos analistias, del modelo dominante. Mientras, Rueda afirma que todavía hay campo para el crecimiento turístico y alerta contra el riesgo de una supuesta turismofobia. Sobre las medidas reguladoras concretas que ha adoptado el actual gobierno local, se limita a repetir la obviedad de que se trata de competencias locales y recomienda consenso político a la hora de aprobarlas. Si estas decisiones cumplen la normativa, dijo, “la Xunta tiene muy poco que decir”.
Más allá de Galicia, administraciones gobernadas por el Partido Popular, como el Ayuntamiento de Málaga o el Gobierno autonómico de las Baleares sí están abriendo las puertas a políticas de regulación del turismo.