Monse Pérez procede de una familia muy numerosa sin recursos económicos suficientes para sacar adelante a todos sus miembros. Cuando tenía 15 años entró, junto a una de sus hermanas, en un centro de menores por este motivo. Ahora, con 20, vive en A Coruña en un piso tutelado con otros seis jóvenes en una situación parecida. Busca trabajo y una vivienda para emanciparse pero cuenta que no lo está teniendo fácil y que los prejuicios han hecho que viva situaciones de discriminación. La peor que recuerda fue en un restaurante en el que entregó su currículum y el responsable fue “maleducado”: “Dijo que seguramente estaba en ese piso tutelado porque no estaba capacitada para trabajar, que tenía miedo de que robase”. También le han mentido para evitar tenerla como inquilina diciéndole que un piso estaba alquilado cuando ella conocía a otras personas que iban a ir a verlo.
“Cuando hablamos de un joven que está en el sistema de protección no es que haya hecho algo malo. Y aunque lo hubiese hecho... Pero en estos casos se les retira de la familia, que es una decisión radical, porque están en riesgo”, explica Carlos Rosón, director de la ONG Igaxes, que trabaja por la inclusión social de menores y jóvenes. La asociación acaba de lanzar una campaña a la que Monse y otros dos jóvenes residentes en pisos tutelados ponen cara. El lema es 'Non nos xulgues' -No nos juzgues- y el objetivo, reducir los prejuicios que obstaculizan su paso a la vida adulta e independiente. La idea de poner en marcha esta estrategia comunicativa surgió hace unos cinco años por un comentario que le hicieron a una joven cuando pidió trabajo en un local de hostelería. Rosón recuerda que le preguntaron que “cómo era que vivía en un centro si no tenía cara de mala”. Hay, dice, una “confusión” entre el sistema para proteger a menores en riesgo y el de los menores que delinquen.
En Galicia hay algo menos de 2.600 menores tutelados, según los datos de la Xunta referidos a 2020. De ellos, en torno a 1.300 están con familias de acogida y más de 1.200 en centros y pisos en los que están supervisados por educadores. El acceso a estas viviendas compartidas es un paso previo a su emancipación. La idea es que aprendan a llevar una casa y a hacer presupuestos para pagar todos los gastos. Igaxes gestiona el programa Mentor de transición a la vida adulta. El año pasado trabajaron con 566 jóvenes, señala Rosón. El acompañamiento se puede extender hasta los 21 años y, en algunos casos, hasta los 25, pero, de media, se independizan en torno a los 19. El promedio entre los jóvenes en general en España está en los 29, compara el director de la ONG.
A las principales dificultades que se encuentran no son ajenos los jóvenes en general. España está a la cabeza de la lista en paro juvenil en la Unión Europea y casi siete de cada 10 empleos son temporales en esta franja de edad. “Y hablamos de población normativa. Estos jóvenes hacen la transición sin apoyo familiar. Es un salto sin red”, reflexiona Rosón. Se suma que, por sus circunstancias, suelen tener un nivel formativo bajo, que tiende a conducirlos a puestos precarios. Cuando buscan un piso de alquiler, por su juventud y por los ingresos, es frecuente que les pidan un aval, agrega. Si consiguen una vivienda, suele suponerles en torno a dos tercios de su salario. “Y esto sin contar con las dificultades que tienen por esa identificación como jóvenes problemáticos, pese a que no lo son más ni menos que otros de su edad”. Igaxes cree que la Xunta puede hacer más en este aspecto. La organización pide que la administración gallega haga uso de pisos vacíos y los ponga a disposición de estos jóvenes para alargar el apoyo.
Monse Pérez concuerda con el análisis de los obstáculos a los que se enfrentan quienes viven en pisos tutelados. Ella ha estudiado un ciclo medio de restauración, ha trabajado y tiene ahorros guardados para dar el paso de independizarse. Le da miedo porque ve difícil encontrar un empleo en este momento y porque la gente “sigue viendo rara” su situación. Por sus experiencias, asegura que le gustaría estudiar Educación Social. La voluntad de ayudar a otros menores que pasen por lo que ella pasó es también lo que la convenció de participar en la campaña de Igaxes: “Sabemos de la repercusión que tiene y que habrá quien nos siga juzgando, pero no podemos pensar en eso”.
Con ella aparecen en las imágenes y los vídeos otros dos jóvenes que están en estas viviendas supervisadas. Son Diógenes y Francesca. Ante la cámara, ella se pregunta por qué los juzgan sin conocer su historia. Explican que el relato suele ser el circunstancias familiares difíciles o el de menores que tuvieron que emigrar solos. “Simplemente las circunstancias no han ayudado y las personas que tienen que ayudar aparecen de otras maneras, en este caso, en centros”, dice Monse. “Lo guay sería no juzgar a nadie”, concluye Diógenes.