En primavera de 2010 las entonces cajas de ahorro gallegas, Caixa Galicia y Caixanova, ya habían tenido que desistir de emprender proyectos de unión con entidades de otras autonomías. La Xunta, como reveló en el Parlamento el ex director general adjunto de Caixa Galicia, Javier García de Paredes, ya había dejado claro que “no iba a permitir otra alianza que no fuera entre las cajas gallegas” y ambas trabajaban ya en su plan de integración. Uno de los estudios sobre la operación le fue encargado a las consultoras Deloitte y Price Waterhouse Coopers y recibió el nombre de Proyecto Breogán, denominación bajo la que, por ejemplo, la que iba a ser nueva caja fusionada se presentó a los test de resistencia bancaria realizados por la Comisión Europea en el verano del mismo año. Aquel documento vaticinaba, en esencia, que la unión podría salir adelante.
Ese documento fue uno de los manejados por las entidades y la Xunta en aquellos días y ahora figura entre la documentación que está abordando el Parlamento en el marco de la comisión que investiga lo sucedido con las cajas. El plan es uno de los documentos declarados secretos por el Gobierno gallego, decisión ratificada en la Cámara solo con los votos del PP y que Alternativa Galega de Esquerda (AGE) decidió obviar, difundiendo los documentos a la prensa, acción a la que la Presidencia del Parlamento respondió con la amenaza de interponer una denuncia. Sea cómo fuere, el cierto es que esos datos ahora comienzan, cuando menos parcialmente, a ver la luz.
La presentación que las auditoras les realizaron a los miembros del consejo de administración de las cajas comenzaba describiendo un entorno en el que “el deterioro del ciclo económico anticipa unos años extremadamente adversos para las entidades financieras”, contexto en el que el Banco de España y el FROB, en ese moment recién creado, abogaban “claramente por una reeestruturación del sector”. Este era el telón de fondo en el que, describían, “la administración autonómica manifestó de forma clara su apoyo” a la fusión, “que debe servir como elemento dinamizador de un sector financiero gallego más fuerte y mejor posicionado para competir”. Todo esto llevaba las asesorías a señalar que “la nueva caja se orienta a crear un grupo financiero competitivo, sólido y eficiente” que preservaría “los activos diferenciales de cada caja”.
Las “principales premisas” de la nueva entidad
En este contexto, las empresas asesoras describen las que estaban llamadas a ser “principales premisas para la creación de la nueva caja”. Lo que después desembocaría en Novacaixagalicia estaba llamada a ser la “entidad financiera líder en Galicia y referente en España”, con “especial énfasis en el negocio minorista”. Lejos de pronosticar una intervención estatal, las auditoras auguraban “capacidad para actuar en los mercados financieros internacionales” y “dimensión para cometer nuevos proyectos y negocios”, todo esto “garantizando la vinculación territorial de la caja con sus mercados de origen, manteniendo el compromiso social con los mismos” y sin “medidas traumáticas” para el personal.
Concretamente, el informe le explicaba a las direcciones de Caixa Galicia y Caixanova que se disponían a constituir la “sexta caja de ahorros” del Estado por volumen de negocio y “una de las diez principales entidades financieras de España”. En este sentido, Novacaixagalicia tendría “potencial de crecimiento en los mercados más relevantes”. Fuera de Galicia la caja fusionada tendría como “principales mercados” Madrid y Catalunya, pero también la Comunitat Valenciana, según el informe, justo allí donde se concentraba parte del lastre de ladrillo de las entidades.
El “impacto” de la integración
El informe difundido por AGE también se detenía en el “impacto” que la fusión tendría en ambas instituciones financieras. Así, señalaban que los cierre de oficinas “por solapamiento” rondaría las 300 sucursales, quedándose con alrededor de 1.100 en el año 2015. En lo referido al empleo, la propuesta pasaba por entre 730 y 760 prejubilaciones, quedando la plantilla en alrededor de 5.400 personas. Las “desinversiones” estarían en el entorno de los 13.000 millones de euros y “cierres y otros” implicarían perder unos 3.800 millones de volumen de negocio. El “ahorro” en “gastos generales de administración”, “tecnología”, “gastos generales de red comercial” y “marketing y publicidad” estaba cifrado en el 30%, con unas “sinergias” de 73 millones de euros.
Con todo esto, el documento concluye que “el plan de negocio establecido permite una favorable evolución de los principales indicadores financieros de la entidad”. “La mejora de la eficiencia como consecuencia del proceso de integración está dentro de los parámetros requeridos para acceder a apoyos públicos”, señalaba. La caja, además, tenía “sentido estratégico y económico y permitiría el mantenimiento de los objetivos sociales y el compromiso con los territorios originarios de cada una de las cajas. El resto es historia.