Más de 130.000 pacientes de la sanidad pública gallega dependerán de un grupo estadounidense a través de Ribera Salud
La historia del grupo Ribera Salud está íntimamente ligada al PP. Concretamente, al PP valenciano. Fue la herramienta que la Generalitat Valenciana de los tiempos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps empleó para levantar su modelo de servicios sanitarios de gestión privada, el conocido como modelo Alzira, apoyado en desaparecidas entidades financieras como la Caja de Ahorros del Mediterráneo y en empresas sanitarias como Adeslas.
Pero llegó la explosión de la burbuja inmobiliaria. Las cajas valencianas -integradas en Bankia- quebraron y tras el correspondiente rescate fueron compradas por el Banco Sabadell, que llegó a tener en sus manos el 50% de una empresa sanitaria que ha ido perdiendo hegemonía en la Comunitat Valenciana tras la llegada del gobierno de la izquierda. El Sabadell se deshizo del grueso de las acciones de Ribera Salud vendiéndole en 2018 toda su parte excepto un 10% a la estadounidense Centene Corporation.
Este grupo multinacional sanitario fundado en los años 80 con sede en Saint Louis (Missouri), propietario al 90% de Ribera Salud, será desde ahora el responsable último de la asistencia sanitaria de más de 130.000 pacientes de la sanidad pública gallega en el área de Vigo. Lo es porque la hasta ahora propietaria del hospital concertado Povisa, el grupo Nosa Terra XXI, ha firmado este 3 de octubre la venta del 93% de Povisa a Ribera Salud por un importe que ni comprador ni vendedor revelan, pero que medios cómo El País sitúan en el entorno de los 22 millones de euros.
Apenas tres días después de que compradores y vendedores confirmaran la operación a la Consellería de Sanidade, ambas empresas han emitido un comunicado ratificando que la compra ya ha sido firmada, si bien sigue “pendiente de las autorizaciones administrativas correspondientes”, fundamentalmente de las autoridades de la competencia. Nosa Terra XXI se retira de este modo del centro sanitario que gestionaba desde 1996 y “se vuelve a centrar exclusivamente en el ámbito marítimo”, campo en el que cuenta con concesiones públicas como las de los barcos de Guardacostas, prorrogada por la Xunta en casi una veintena de ocasiones.
En declaraciones distribuidas por la propia empresa su consejero delegado, Alberto de Rosa, celebra que Ribera Salud aterrice en uno “de los hospitales más importantes” del Estado y “entre por primera vez en la sanidad gallega”. La compañía recuerda las principales magnitudes de Povisa: una plantilla de 1.500 personas, 573 camas o una escuela de enfermería que ahora también pasa a estar controlada por la multinacional de los EE.UU. propiedad de Ribera Salud.
En esta carta de presentación los nuevos propietarios de Povisa evidencian que “en el ámbito público, gestiona para el Servizo Galego de Saúde y da atención a unos 134.000 ciudadanos”. Sin embargo, no especifican las cifras en las que se basa este concierto, prácticamente 80 millones de euros anuales en virtud de un concierto mejorado en 2018 por la Xunta después de que, para lograrlo, la empresa solicitara el preconcurso de acreedores.
Este vínculo de la Consellería de Sanidade con Povisa, que se extiende como mínimo hasta el 31 de agosto de 2022, es objetivo de críticas habituales por parte de la oposición gallega y colectivos de defensa de la sanidad pública, pero los recelos han llegado también recientemente desde el Consello de Contas. El órgano fiscalizador de las cuentas públicas gallegas detectó “falta de transparencia” en el convenio del Sergas con Povisa, empresa cuyo volumen de negocio ha veniddo dependiendo hasta ahora hasta en un 80% de los ingresos procedentes de las arcas públicas gallegas.
El personal pide que lo compre el Sergas
La operación de la venta de Povisa a Ribera Salud ha sido acogida con inquietud en en la plantilla del centro, cuyo comité de empresa ha mantenido en los últimos días encuentros con representantes de la oposición parlamentaria gallega. Entre los principales reproches del personal destaca la falta de información durante las negociaciones de Nosa Terra XXI con la filial española de Centene, pero también que la Xunta de Galicia no haya aprovechado la ocasión para comprar el centro e instalarlo definitivamente en la estructura del Sergas.
Mientras el personal dice temer además consecuencias en la forma de inestabilidad laboral, nuevos concursos de acreedores o incluso expedientes de regulación de empleo, desde la Xunta se apela a la calma. Preguntado al respecto tras la reunión semanal de su gobierno, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que en su encuentro con la Consellería de Sanidade las empresas no advirtieron de planes perjudiciales para el personal.
