El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha definido como “decisiones personales” la posibilidad de que los concejales del PP gallego implicados en casos de maltrato puedan seguir o no formando parte de su grupo municipal. Rueda respondió así a una pregunta periodística sobre la diferencia entre el portavoz del partido en A Illa de Arousa (Pontevedra), condenado por violencia de género y readmitido tras apartarlo durante la campaña, y el de edil de Ribadavia (Ourense) que dejó el acta y la formación tras ser acusado.
“No sé si son exactamente casos equiparables y al final son decisiones personales”, respondió Rueda antes de añadir: “Tampoco sé el nivel de incorporación del candidato en A Illa”. Lo que sí afirmó conocer es la “renuncia personal” del concejal de Servizos de Ribadavia, una renuncia “que aceptamos, basada en un caso en el que creo que procedía”.
Pocos días antes de la fecha de las elecciones municipales de 2023, elDiario.es desveló el caso de Matías Cañón. El candidato del PP a la alcaldía de A Illa había sido condenado en 2011 a 25 jornadas de trabajos comunitarios por agredir a la que era su pareja. El PP intentó que renunciase a liderar la lista pero Cañón se negó. Fue entonces cuando Rueda, a tres días de la cita con las urnas, asumió un compromiso: “Celebradas las elecciones, y sea el resultado que sea, no integrará el grupo municipal”. Un año después, Cañón -que elevó el número de concejales de 4 a 5- accedía a la portavocía del grupo y Rueda lo justificaba: “A mí me lo comunicaron, tomé conocimiento y no manifesté oposición”.
Un caso que contrasta con el de Juan Carlos Fernández. El edil de Ribadavia renunció a su acta y se dio de baja en el partido sin esperar al juicio, después de ser acusado de un delito de violencia machista. Como el regreso de Cañón, su marcha ha sido una “decisión personal”.