El guión no ofreció ningún giro inesperado. Era la segunda sesión de control parlamentario al nuevo presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y este se ciñó a una táctica de la que ya abusaba Feijóo: responder apenas a las preguntas concretas de la oposición, no profundizar en explicar su acción de gobierno y culpar del grueso de lo que sucede al Ejecutivo central. Este miércoles lo cumplió a rajatabla. Así despachó las intervenciones de BNG sobre medidas contra la inflación y de Partido Socialista sobre la situación límite de la atención primaria.
“Este gobierno intenta solucionar los problemas que se pueden solucionar aquí”, se excusó en la última réplica a Luis Álvarez, portavoz del PSdeG. “Pide cosas para las que sabe que no tenemos competencias”, le dijo a Ana Pontón, líder nacionalista. Tampoco se ha preocupado mucho por que estas aumentaran: el PP ha batido todos las marcas de la autonomía gallega, al pasar 13 años sin lograr ni una sola transferencia. Ahora exige la del domnio marítimo terrestre. Moncloa dice que, para ello, es necesario una reforma del Estatuto.
El caso es que Rueda se refugió en un oxímoron. Los gabinetes de Feijóo, de los que él formaba parte, no pedían competencias, pero se defienden de la crítica alegando que no las tienen. En el caso de la atención primaria, que ocupó la primera parte del control en la Cámara gallega, el método le sirvió al presidente gallego para reclamar la eliminación de las tasas de reposición -implantadas por Cristóbal Montoro, no lo dijo-, la creación de la especialidad de urgencias o una convocatoria extraordinaria de MIR. Repitió así lo que en la jornada anterior del pleno había expuesto el conselleiro del ramo, Julio García Comesaña.
Fue Comesaña quien, además, anunció la política con la que la Xunta pretende hacer frente a lo que pacientes, profesionales o sindicatos califican sin dudarlo de colapso de la atención primaria: un complemento salarial para los facultativos que alargan la jornada, asumen el cupo de un compañero o dan servicio en “lugares aislados”. “Si esto se arreglase con chequera, estaría arreglado hace tiempo”, insistió Rueda. Pero el panorama, dibujado por Álvarez con cifras oficiales, corrobora lo que la oposición ha venido denunciando durante años. Los problemas de la sanidad pública son estructurales y agravados por los recortes de los sucesivos gobiernos del PP.
Así, el socialista recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece como óptimo que el 25% del presupuesto sanitario se dedique a la atención primaria. La media estatal es del 14,7% y Galicia, dijo, está por debajo. Y si en España hay 4,78 doctores por cada 1.000 habitantes, en Galicia son 4,5%. “Haría falta contratar 821 médicos para equipararnos”, añadió. En los presupuestos de 2022 figuran 8.634. En 2009, últimos del bipartito entre socialistas y BNG, eran 9.610. Rueda aseguró que había 6.500 personas más trabajando en el Servizo Galego de Saúde. “Lo que hay son 6.000 contratos más, precarios y sin estabilidad”, replicó Álvarez. El presidente se revolvió con una acusación extraída de la caja de herramientas retóricas de su antecesor. “No quiero copiar a Feijóo”, dijo sin que nadie se lo recriminase, “pero usted tiene mal los datos”. No ahondó en ello.
El diferencial negativo gallego
El diferencial gallego respecto al Estado también apareció en el careo con Ana Pontón. La inflación es en Galicia casi un punto superior a la media, pese a estar los salarios y las pensiones bastante por debajo. El aceite (47%), los huevos (33%), la leche (12%) o el pan (14%), “lo básico de la cesta de la compra”, según la portavoz nacionalista, registran enormes subidas. ¿Y qué hace la Xunta?, se preguntó. “Propaganda y echar balones fuera”, se respondió a sí misma. Pontón enumeró algunas propuestas -empresa pública de energía, elevar el complemento autonómico de las pensiones no contributivas o las ayudas a la vivienda, o aumentar la RISGA y hacerla compatible con el Ingreso Mínimo Vital- antes de preguntar a Rueda por las de su gobierno.
Lo más parecido a una respuesta que obtuvo fue el “plan de choque” que el entonces presidente Alberto Núñez Feijóo anunció a mediados de marzo. Complementos en los bonos térmicos, anticipo en las ayudas de la Política Agraria Común o la exención de tasas portuarias. La inflación, no obstante, continúa por encima de la media estatal. Y parte de la responsabilidad, adujo Rueda, es del BNG por “no atreverse a molestar a sus socios”, en referencia al PSOE, por exigir participación pública en los parques eólicos -él dijo que el Bloque estaba en contra de las renovables- o por no respaldar unas abstractas bajadas de impuestos para las que incluso las instituciones europeas afirman no haber margen. “Ustedes son dóciles con Madrid y muy bravos con la Xunta”, le espetó a Pontón, olvidando de nuevo que se encontraban el Parlamento de Galicia. “Nunca quiere hablar de sus competencias. Este país necesita un gobierno y no gente que esté simplemente calentando una silla”, le había soltado poco antes la portavoz del BNG.