Las Mercedarias compostelanas rompen su silencio. Lo han hecho por escrito, para defenderse ante la investigación judicial en la que se las acusa de haber retenido contra su voluntad a tres monjas de origen indio que, como reveló en exclusiva eldiario.es, abandonaron el convento tras la intervención de la Policía. Y también para, aunque sutilmente, acusar a medios de comunicación e instituciones públicas de mentir sobre su comunidad.
Cuatro días después de que este diario sacase el caso a la luz y mientras en los tribunales compostelanos ya se ha asignado el caso a un juzgado -el mismo que instruyó el caso Alvia-, las religiosas han emitido un comunicado para “público conocimiento y aclaración” para rechazar los hechos que se les imputan. Desde hace “más de quince años”, afirman, han tratao de “facilitar la vida contemplativa a distintas jóvenes vocaciones extranjeras”, entre ellas las jóvenes indias, proporcionándoles una “formación” que se convirtió en “tarea entrañable”.
Las que adquirieron la condición de “monjas de votos solemnes” lo hicieron “voluntariamente”, mantienen, y “hoy están muy integradas, llevan el peso de la comunidad”. “Incluso una de las que recientemente ha decidido, después de un período de discernimiento, abandonar la vida monástica, fue vicaria durante seis años”. Este, explican, es el “segundo oficio en importancia en la comunidad por su responsabilidad”, y en esa etapa “incluso” ejerció de “superiora en funciones durante un tiempo”.
En el mismo sentido, abundan, la misma joven “estuvo encargada posteriormente del torno conventual”. En ese trabajo le correspondía “atender las comunicaciones con el exterior” y entrar -a través del torno “en relación con todas las personas que acuden al monasterio”. “Todos los cargos y tareas intracomunitarias son elegidos democráticamente”, enfatizan.
Contradicción con la versión policial
El relato de “oración y fraternidad”, de “alegría y variedad cultural” que despliegan las monjas en su texto contrasta notablemente con los informes policiales. Como ha informado eldiario.es, los agentes han llegado a concluir que el régimen de clausura consiguió anular “la capacidad de pensar” de las jóvenes, que en sus declaraciones han detallado amenazas de deportación por parte de la madre superiora, además de denunciar la retención de su documentación o advertencias sobre la “vergüenza” que para sus familias supondría que abandonasen la vida monástica.
Nada de esto, según las monjas, se corresponde con la realidad. Las informaciones que han trascendido, acusan, “no han reflejado correctamente los hechos acaecidos” y por eso reclaman “respeto hacia la forma de vida consagrada” tanto a “las instituciones” como a los medios de comunicación. La orden mercedaria “en ningún momento” había “recibido información o denuncia alguna acerca de presuntos comportamientos delictivos en sus 300 años de existencia”, dicen. Por eso este episodio las llena de “perplejidad, dolor y consternación”, sentimientos que ha aliviado las “palabras de aliento” recibidas desde el Arzobispado, que también niega los hechos.