A Mercedes Fernández le cambió la vida una carta. Tras más de una década viviendo de alquiler, esta vecina del municipio pontevedrés de Barro recibió una orden de desahucio. En diez años, no había faltado ni una vez sola vez al pago de su mensualidad. Debía de ser un error, pensó. Pero el correo venía certificado y llevaba en el remite al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Caldas de Reis: tenía que abandonar su casa. El motivo era, según la misiva, que su casero, el promotor que construyó el edificio donde vive, había sido embargado y sus bienes, subastados. También el piso donde vivía. Con ella dentro. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida por Sareb, era la nueva propietaria y quería los inmuebles vacíos. Pero Mercedes no estaba sola en este revés. Otras nueve familias y una mujer que regenta una tienda en el bajo comercial de su edificio se encontraron en la misma situación. La misma carta en sus buzones con los mismos motivos. Era febrero de 2021 y, sin verlo venir, acababan de entrar en un laberinto judicial.
Al recibir la orden, las once familias afectadas hicieron lo mismo. Llamar a su casero, el promotor Eladio Riveiro, que, tras la construcción del predio, se había quedado con la mitad de los pisos para alquilarlos. “Me dijo que estuviera tranquila, que era una cosa suya. Que me daba un número de cuenta nuevo para pagar el siguiente mes y problema resuelto”, relata Mercedes. Pero ella no se conformó con aquella explicación “tan vaga” y pidió asesoramiento jurídico. A fin de cuentas, tenía que acudir al juzgado en unos días para que le detallasen las causas del desahucio. Lo mismo hizo Carla Carballo, dueña de la tienda agrícola que ocupa el bajo del edificio. “Al llegar a la vista en el juzgado, nos enteramos de que el embargo se había producido en 2019 y la posterior subasta en 2020. A nosotros nos avisan dos años después con una orden de desahucio”, explica Carballo en conversación con elDiario.es.
Uno de los dos abogados que asesoran a estas familias, Alipio Santiago, señala que el proceso estuvo “lleno de irregularidades”. La primera, el día de la primera vista en el juzgado: “Ellos acudieron con sus contratos de arrendamiento, facturas... Pero ni les dieron la posibilidad de tener abogado y procurador, ni tampoco les informaron de ese derecho”. En cambio, la Sareb, explican, contaba con representación legal: “Ellos, en cambio, a pelo”. Según los abogados de las familias, apoyándose en la Ley de Arrendamientos Urbanos, el procedimiento “tuvo errores manifiestos” desde el momento del embargo al promotor. En ningún momento se les notificó la existencia de la subasta de las viviendas donde residían. Eso les impidió hacer valer sus derechos de ocupación. Tampoco pudieron concurrir a la subasta ni ejercer su derecho de retracto, en base al cual los inquilinos podrían haberse subrogado en lugar del comprador del inmueble, de la Sareb. “No cumplieron con ninguno de estos procesos”, denuncia el letrado, Alipio Santiago.
La Sareb alegó que los contratos de arrendamiento no estaban inscritos en el Registro de la Propiedad y eso es cierto. Pero no los hace ilegales. “Eso no los devalúa. En las propias tasaciones de los inmuebles ya venía reflejado que algunos de ellos estaban habitados”, argumenta Santiago. No solo eso. La tienda agrícola que ocupa el bajo comercial y una clínica dental situada en el ático desde hace diez años son apreciables solo con acercarse al edificio. “Es muy extensible saber que allí había ocupantes”, recalca. Entre tanto, el conocido como 'banco malo' consiguió un negocio redondo. Según consta en los autos judiciales, adquirió las propiedades por la mitad del valor que les concedió el informe de tasación.
Los vecinos y vecinas afectadas por este proceso denuncian que llevan dos años tratando de tener contacto con la Sareb, pero nunca habían recibido una respuesta clara. Ni contestaban sus correos electrónicos, ni sus llamadas. “Hablábamos con máquinas y las pocas veces que conseguimos hablar con personas decían que ya nos avisarían”, sostiene otra de las afectadas. Pero eso cambió cuando decidieron comenzar a manifestarse públicamente y a acudir a los medios de comunicación para contar su historia. En apenas unos días, la Sareb e Hipogés, la empresa que gestiona este activo, enviaron representantes desde sus sedes de Madrid a hablar con los vecinos. Se reunieron en la sede del Ayuntamiento a comienzos de esta semana, pero el testimonio de los afectados enfría los efectos de la visita: “No hay ninguna propuesta formal sobre la mesa. Tenemos la sensación de que solo han venido para que nos calmemos”.
Por su parte, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria se ha negado a responder a las preguntas de esta redacción y simplemente ha remitido un escueto comunicado con la siguiente información: “Sareb se ha comprometido a ofrecer a todos los vecinos afectados la posibilidad de compra de la vivienda o local con carácter preferente. Asimismo, si se detectaran indicios de vulnerabilidad, Sareb aplicaría su protocolo que incluye la suscripción de un alquiler social y un contrato de acompañamiento destinado a facilitar la mejora de sus condiciones sociolaborales”. Para los vecinos, por ahora, “solo son palabras”.
“¿Quién me va a pagar a mí el dinero que me he gastado en abogados? ¿Cómo nos van a compensar todas las noches de insomnio?”, lamenta Mercedes Fernández, que es, además, la inquilina de mayor antigüedad. Lleva 12 años viviendo allí y hace tiempo que tiene estructurada su vida en torno a su hogar. Aunque con poca capacidad de ejecución, en este tiempo también han recabado el apoyo de todos los grupos políticos con representación en su Ayuntamiento: “Es evidente que ha sido un proceso trufado de irregularidades, quizás no provocadas y solo por desconocimiento. El promotor parece no haber actuado con claridad y que el proceso de subasta se haya producido con ellos dentro no nos parece normal”, lamenta Xosé Manuel Fernández Abraldes, alcalde de Barro. “Creo que una vez supieron que había personas dentro, deberían haber reflexionado y no esperar a la presión mediática para actuar”, remata.
El 'banco malo', que aglutinó los activos inmobiliarios fallidos de la banca española durante la crisis de 2008, sigue siendo una cuestión de debate político más de una década después de su creación. Por un lado, por el coste en deuda que ha supuesto. Y, por otro, por los diferentes planteamientos respecto a qué hacer con esta inmobiliaria, de la que el Estado ya tiene el control accionarial y que movimientos sociales y formaciones políticas de izquierda ven como potencial eje sobre el que se debería construir un parque de vivienda social asequible. Y hay ejemplos donde se están logrando esos procesos de transformación. El Ayuntamiento de Barcelona comunicó a finales de 2022 un acuerdo con la Sareb para que se regularizase la situación de cientos de familias que ocupan a día de hoy pisos de su propiedad en Barcelona.