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La secretaria xeral de Presidencia de la Xunta, sobre los contratos con su hermano: “No hay nada que ocultar”

La secretaria xeral da Presidencia, Beatriz Cuíña, durante su comparecencia en el Parlamento.

Beatriz Muñoz

Santiago de Compostela —

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La secretaria xeral da Presidencia, Beatriz Cuíña, defiende que “no hay nada que ocultar” sobre los contratos menores en la Xunta de Galicia. Lo hizo en el Parlamento, en la comisión en la que presentó los presupuestos que dependen de su departamento y después de las críticas indirectas -porque no citaron directamente ni a la empresa ni a que es propiedad del hermano de Cuíña- de la oposición a la acumulación de contratos a dedo a la compañía de Joaquín Cuíña. Entre 2018 y mediados de 2024, Gallaecia de Patentes y Marcas recibió 272 contratos por valor de 780.000 euros de la administración autonómica gallega.

“Sobre la contratación menor puedo asegurar que los diferentes órganos de contratación contratan autónomamente la prestación de servicios sin intervención directa ni indirecta”, manifestó Beatriz Cuíña en su turno de cierre. “Se hace conforme a la normativa; todo se publica, nada se oculta porque no hay nada que ocultar”, insistió. En su intervención, el portavoz del BNG en el debate, Daniel Pérez, hizo mención al expresidente de la Xunta y actual líder del PP español, Alberto Núñez Feijóo, del que dijo que, con su salto a Madrid, se dio cuenta de que los medios estatales “no iban a ser tan comprensivos” con las contrataciones del Gobierno gallego con empresas en las que trabajan personas de su entorno -como el caso de Eulen, en donde su hermana es la directora para el noroeste- o con que una ex alto cargo se “olvidase” de su obligación de presentar una declaración de bienes al dejar el puesto. Hacía referencia, sin mencionarla, a Mar Sánchez Sierra, mano derecha de Feijóo. Habló, además, de la información, publicada también por elDiario.es, sobre los contratos de la Xunta con la empresa de Joaquín Cuíña.

Menos específica fue la diputada del PSdeG Patricia Iglesias, que reclamó en sus intervenciones un mayor esfuerzo de transparencia en la Xunta, en concreto en la plataforma y el registro de contratos y, sobre todo, en el caso de los contratos menores. Hay, recalcó, herramientas para facilitar la consulta y permitir un control efectivo. También se pueden tomar medidas para “evitar abusos de posibles fraccionamientos de contratos” e impedir que se acumulen encargos a dedo cuando hay “indicios” de conexiones familiares entre altos cargos y responsables de las empresas, manifestó.

Para el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, las palabras de Daniel Pérez sobre contratos menores equivalen a “tirar la piedra y esconder la mano”. “Son perfectamente legales”, replicó. Le afeó que hablase de Mar Sánchez, aunque sin citarla: “Un poquito de elegancia. Se refiere a personas que hoy no están aquí [y lo hace] falseando la realidad”. Insistió en que ella sí presentó la declaración de bienes a su salida, pero hubo un olvido en la publicación que, en cualquier caso, consideró subsanado con el documento que entregó al entrar como diputada en el Congreso. “La legalidad del patrimonio de esa persona está acreditada”, defendió.

Beatriz Cuíña, por su parte, aseguró que la Xunta tiene “un sistema de integridad institucional que colabora y orienta a todos los departamentos”, en los que aseguró que hay planes de prevención del fraude en la contratación vigentes. Si hay “inexactitudes” en la información publicada en la plataforma de transparencia, dijo, “deben de ser mínimas”. La secretaria xeral da Presidencia desgranó algunas de las partidas que dependen del departamento y citó que en 2025 la previsión es hacer transferencias a la Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) de 127,2 millones de euros.

La mención a los medios públicos le valió a la oposición para insistir en la retirada del anteproyecto de ley de medios que va a reforzar el control político del PP. “Reduce la independencia periodística hasta límites nunca vistos”, dijo la socialista Patricia Iglesias. Daniel Pérez acusó al PP de querer “el control absoluto” para poner la CRTVG a su servicio como “una auténtica terminal de propaganda”. El portavoz de Democracia Ourensana, Armando Ojea, hizo también una referencia a la Secretaría Xeral de Medios: “Esperemos que no acabe siendo de propaganda”.

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