Rueda confirma que no pedirá a Baltar el acta de senador, que tiene por designación autonómica

Un pleno extraordinario del Parlamento de Galicia en julio de 2023 -tras las elecciones generales de aquel año- designó a José Manuel Baltar senador por la comunidad autónoma de Galicia. Por aquel entonces, el político del PP de Ourense acababa de anunciar que no optaría a presidir de nuevo la Diputación, tras semanas perseguido por su comportamiento temerario al volante de un coche del ente provincial, en el que la Guardia Civil lo detectó viajando a 215 kilómetros por hora. Tras conocerse que el Tribunal Supremo lo condena por aquellos hechos, el presidente de la Xunta y del PP gallego, Alfonso Rueda, confirma que no le va a reclamar su acta de senador.

En respuesta a varias preguntas sobre la situación de su compañero de partido, a quien el Supremo condena a un año y un día de retirada de carnet y le impone una multa de 1.800 euros como autor de un delito contra la seguridad vial, Rueda ha eludido pedirle responsabilidades políticas. “Mi intención no es pedírselo”, respondió sobre el asiento en el Senado.

Sobre las medidas internas que podría tomar el PP, Rueda recalcó que los estatutos del partido no implican que le tenga que exigir responsabilidades o imponer alguna sanción a Baltar. Ese documento recoge que una condena a un militante puede ser considerada una infracción muy grave, pero siempre que el delito sea, por su naturaleza o por las circunstancias en que se haya cometido, “incompatible con las obligaciones y deberes éticos establecidos” en los propios estatutos. Y esa valoración queda en manos del comité de derechos y garantías competente para el caso.

El “mensaje asociado” a lo ocurrido con Baltar es, para Rueda, que “tiene que cumplir la sentencia como cualquier persona que se somete a la acción de la Justicia”. El líder del PP gallego introdujo en su reacción una última apreciación dirigida a rebajar la gravedad de los hechos: “Simplemente recordar todo lo que se comentó sobre ese tema, en lo que se dijo que podían consistir las penas y, al final, lo que es la sentencia”.

Baltar, que era todavía presidente de la Diputación de Ourense cuando fue cazado a 215 kilómetros por hora en abril de 2023, se enfrentaba a la acusación de haber cometido un delito contra la seguridad vial, para el que se prevén penas de entre tres y seis meses de prisión o una multa de seis a 12 meses. La Fiscalía había pedido la pena mínima, que son los seis meses de multa que le ha impuesto el Supremo.