El Pazo de Meirás debe ser entregado al Estado este jueves, día 10, con todos los bienes que hay en su interior. La jueza Marta Canales, autora de la histórica sentencia que restituye al patrimonio público la emblemática propiedad con la que se hizo Francisco Franco durante la dictadura, ha rechazado todas las alegaciones de la familia del caudillo y nombra a la Administración central depositaria de todo cuanto hay en el interior del singular castillo enclavado en Sada (A Coruña). Así todo quedará bajo tutela del Gobierno hasta que haya una sentencia definitiva sobre la propiedad. Era “urgente”, subraya la magistrada en un auto emitido este viernes, prohibir a los herederos del dictador retirar nada del pazo dado que habían hecho público su intención de vaciar la mansión en una mudanza con hasta 50 camiones. En las Torres de Meirás, los nietos de Franco atesoran innumerables piezas y obras histórico-artísticas de incalculable valor con las que el dictador y su familia se hicieron durante la dictadura.
La magistrada atendió la demanda de los representantes públicos, quienes consideraron necesario, en aras de preservar la integridad y unidad de la propiedad donada al caudillo en plena Guerra Civil en su condición de autoproclamado jefe del Estado, que todos los bienes del interior del pazo y sus jardines sean depositados en custodia hasta que haya una resolución en firme sobre la propiedad. Los Franco, que recurrieron ante la Audiencia Provincial de A Coruña la sentencia que les obliga a devolver el emblemático dominio, alegaron, sin éxito, ser dueños de todo lo que hay en su interior y que esos bienes nunca habían sido objeto de litigio hasta el momento.
No negaron, subraya la magistrada, su intención de vaciar la mansión “en 50 camiones, que sin duda son muchos camiones” antes de entregársela, de forma voluntaria y con carácter provisional, al Estado. “Era necesario saber qué existía en Meirás” antes de permitir trasladar todo tipo de bienes desconocidos“. De ahí que dictara hace un mes la prohibición de retirar nada y ordenase realizar un exhaustivo inventario, bajo supervisión judicial, de todo lo que había en el interior y exterior del pazo y sus jardines. Unas medidas ”cautelares, urgentes y sin audiencia“ sin las cuales, abunda la juez, ”nunca sería posible acoger una decisión futura, nunca podría debatirse si, por ejemplo, un escudo se integra o no en la ejecución y propiedad del Estado, porque los bienes habrían simple y llanamente desaparecido“.
Ya habrá tiempo de discutir qué bien forma parte o no del emblemático dominio que pasará a manos del Estado esta semana. Los siete nietos del dictador tienen intención de recurrir hasta las últimas instancias la sentencia que les obliga a devolver la propiedad que ocuparon 82 años. La batalla judicial se anuncia larga y, mientras tanto, podrán entablar esa discusión “acerca de que bienes se integran o no en el pazo”. Junto con el auto de esta mañana, el Juzgado número uno de A Coruña hizo entrega tanto a la familia del dictador como a las administraciones demandantes (Estado, Xunta de Galicia, Diputación de A Coruña así como los ayuntamientos de A Coruña y de Sada) copias del abultado inventario. Es ahora, con ayuda de ese catalogo, cuando el Estado “tendrá que decir qué bienes mantiene que son suyos”. Y los Franco “podrán aceptarlo o negarlo”. “Y será en ese momento cuando este juzgado tendrá que pronunciarse, pero no ahora”.
La magistrada recuerda, atendiendo la argumentación de los letrados de las administraciones, que el Pazo de Meirás es Bien de Interés Cultural (BIC) en la condición de sitio histórico y que está bajo protección integral. Concebido como refugio literario de unas de las grandes de las letras españolas, Emilia Pardo Bazán, fue adquirido con donaciones forzosas y dinero público para donarlo en 1938, en plena Guerra Civil, al autoproclamado jefe del Estado. Dentro, estaba todo el legado de la escritora, incluida su biblioteca que ahora la Xunta también intenta proteger declarándola también BIC.
La histórica sentencia que ordena restituir el pazo al patrimonio público declara probada la mala fe con la que el dictador y su familia se hicieron con la propiedad. “Este extremo es relevante”, dice la juez, para argumentar su decisión de nombrar al Estado depositario de todos los bienes muebles y elementos accesorios que conforman el conjunto de Meirás.
La familia Franco podrá, no obstante, retirar todos los objetos “de estricto uso personal o que, por sus características, nada aporte a la significación del pazo como Bien de Interés Cultural”. Podrán llevarse todo “lo que no comprometa los posibles usos definitivos que se decidan para el pazo”. Quien también deberá desalojar su casa es el matrimonio de guardeses que allí habitan con sus dos hijos. Su relación laboral con los herederos de Franco terminará con la entrega del pazo y la magistrada, a petición del Estado, amplia el plazo para que abandonen el lugar hasta el 15 de enero de 2021.