El 14 de febrero de 2020, la representación de las trabajadoras de la residencia DomusVI San Lázaro, en Santiago de Compostela, registró en la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia un escrito de dos páginas. En él relataban una serie de hechos relacionados con la atención a los residentes y a las condiciones laborales de las empleadas de un centro en el que 91 de las 156 plazas son concertadas, es decir, pagadas por el Gobierno gallego. La denuncia hacía referencia al incumplimiento de los índices de trabajadores necesarios para prestar servicios a los usuarios y hablaba de “hechos constitutivos de infracciones graves”. Política Social nunca respondió al escrito ni envió la inspección solicitada. Posteriormente, en la residencia San Lázaro murió de coronavirus uno de cada tres mayores que allí vivían.
El documento, estructurado en cuatro puntos, desmenuza las diferencias entre la oferta de DomusVI para hacerse cargo de las plazas concertadas y la realidad. “Esta discrepancia supone un claro incumplimiento de las ratios de atención exigidos para los centros concertados”, señala, “no se mantiene el número de efectivos del cuadro de personal ofertado para la contratación, y no alcanza siquiera los recogidos en el pliego de condiciones”. Y entran en los datos. La empresa ofreció 46 gerocultores, pero, “una vez ponderada la reducción horaria”, y según el Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (Ruepss) de la propia consellería, constan 41,2. Ofrecieron 18 limpiadoras, pero constan 12,5. Lo mismo sucede con el personal de recepción, de 3 a 1,71, y con los médicos, de 2,5 a 1,54.
La oferta, “vinculante de los servicios que debe ofrecer”, también incluía la contratación de un podólogo. Desde el 20 de enero, fueron los gerocultores los encargados del corte de uñas de los residentes. Pero la denuncia que el comité de empresa puso en conocimiento de Política Social añade más elementos. “El incumplimiento es más grave si tenemos en cuenta que este personal reducido, que no cubre ni siquiera las ratios exigidos para las plazas concertadas, atiende a la totalidad del centro, incluyendo plazos y servicios puramente privados”, dice, “lo que conlleva que el personal efectivamente ocupado esté muy por debajo de lo requerido en los pliegos o en lo ofertado por la empresa”.
Como ejemplo, coloca el personal de limpieza, que consta como adscrito al servicio concertado y también se ocupa de la cafetería, servicio privado, “lo que agrava el déficit de personal”. Siete meses después, la Xunta no ha respondido. Tampoco a la consulta al respecto realizada por elDiario.es. A otras comunicaciones anteriores sí lo hacía, siempre antes de dos, a lo sumo tres meses. “Los hechos expuestos pueden ser constitutivos de infracciones graves previstas en la Lei de Servizos Sociais 13/2008”, finaliza el escrito. En su artículo 81, referido a infracciones graves, figura como una de ellas “no contar con el personal suficiente y/o con la titulación exigida, de acuerdo con el tipo de actividad y número de personas atendidas en el centro, servicio o programa”.
La residencia San Lázaro tiene 156 plazas, de las que 91 son concertadas y, así, pagadas por la Xunta. Durante los meses más duros de la pandemia, murieron 53 de sus residentes. Las trabajadoras no llegan a las 90. Isabel Salgado, presidenta del comité de empresa del centro, recuerda que ya el Consello de Contas puso el foco sobre San Lázaro en su informe de 2017 sobre “fiscalización del gasto en atención residencial a personas mayores y dependientes”. “Los cuadros de personal que consstan en el Rexistro Único no coinciden en número de efectivos con el cuadro de personal ofertado para la contratación, apreciándose valores inferiores”, afirmó en su día el organismo fiscalizador a respecto de varios centros, entre los que se encontraba el de San Lázaro propiedad de DomusVI.
“Llevamos muchos años con este tema, que no salió ayer”, insiste Salgado, que advierte la situación ha empeorado después de la etapa crítica de la epidemia de COVID-19. “Las residencias han quedado en situación más precaria”, asegura, y pone como ejemplo la reducción del número de enfermeras. “Los residentes son más dependientes si han pasado por el coronavirus. Y hay que vigilar que lleven la máscara, que cumplan los protocolos”, explica. Los residentes en San Lázaro son ahora unos 120. Antes de la pandemia las plazas estaban cubiertas el 100%. Ahora al 100% solo están las plazas concertadas del centro.