La Xunta de Galicia decidió intervenir el pasado 27 de octubre la residencia de mayores de Salvaterra de Miño (Pontevedra), cuando se había confirmado el contagio de 84 de los ancianos y 26 de los trabajadores. En los días posteriores, el Gobierno gallego se encontró con un problema de falta de personal para cubrir las necesidades del centro. Llamó entonces a personas que carecen de formación sanitaria para encargarse de plantas enteras de pacientes. Hasta 25 dijeron que no el mismo día, según una sindicalista de CSIF, Montse Rodríguez Arribas. Días después, con 95 mayores infectados en unas instalaciones con capacidad para 108, los propios empleados denunciaron que no se daban “las mínimas condiciones de mantenimiento y salubridad”.
A Marta Fidalgo, que está anotada como cuidadora en las listas de contratación de la Xunta, la llamaron el pasado 31 de octubre para que fuese a trabajar en la residencia de Salvaterra. Cuando el personal del propio centro se puso en contacto con ella, se sorprendió por la urgencia. No le pidieron que se hiciese una PCR y querían que se incorporase solo unas horas después para cubrir el turno de noche.
“Cuando escucho que me van a dejar sola en una planta, comento que no tengo formación. Me dijeron que no me preocupase, que me explicarían lo que tenía que hacer”, relata. Les preguntó por el uniforme y la respuesta fue que no tenían en ese momento, que le proporcionarían “un pijama”. Marta empezó a “cuestionar” las medidas de seguridad. “Me entró el miedo en todos los aspectos: que le pase algo a alguien estando a mi cargo allí o que yo pueda contagiar a alguien dentro o fuera”, explica.
Finalmente dijo que en esas condiciones no podía trabajar. Critica la mala organización de la Xunta: “No puedes intervenir una residencia y llamar a gente que no está formada y con una antelación de cuatro horas en una pandemia que está arrasando con la gente mayor”. En aquel momento desconocía las condiciones en las que estaban los ancianos que viven allí, pero dice que no quiere pensar en “el trato” que reciben si iban a mandar a una persona sin formación sanitaria como ella a hacerse cargo de su cuidado.
El mismo día que la Xunta intervino la residencia, una auxiliar de enfermería que pasó por cuatro centros distintos desde que empezó la pandemia se sometió a una PCR para entrar a trabajar en el establecimiento. No le habían contado cuál era la situación allí y cuando se presentó al día siguiente, a las 8.00 horas y sin tener todavía el resultado de la prueba, aguantó 15 minutos antes de presentar la renuncia.
Esta trabajadora, que prefiere no dar su nombre, no llegó a ver a los mayores ni los colchones rotos o los goteros colgando de lámparas que la Asociación de Traballador@s de Residencias de Galicia (Trega) denunció después. Se espantó por la falta de controles, el desorden del vestuario, el estado del material de protección y la ausencia de circuitos señalizados para evitar que el personal se mezclase por los pasillos.
Los primero que le causó preocupación fue que la llamasen para incorporarse antes de que la PCR confirmase que no estaba contagiada. Una vez allí notó que no controlaban la temperatura al entrar, que no había gel desinfectante y que las trabajadoras no tenían taquillas y colgaban la ropa en las barras de la ducha. “Aquello clamaba al cielo”, dice y recuerda que tampoco vio ningún cubo de los que se suelen utilizar para desechar material usado como las mascarillas. “Yo me empecé a poner nerviosa”, relata. En el resto de centros en los que trabajó en estos meses de pandemia las cosas eran distintas. Llegó a esperar una semana a recibir los resultados de un test que garantizase que no tenía en virus antes de incorporarse a una residencia en Santiago.
Uno de los elementos del traje de protección que le dieron en Salvaterra estaba húmedo y, ante sus quejas, la coordinadora la invitó a irse. Subió, junto a sus compañeras, en un ascensor a la zona de las habitaciones. Allí le causó inquietud no encontrar señalizaciones de los circuitos que se debían seguir para evitar cruzarse y eso acabó de convencerla: “Decidí irme porque me temía lo peor”. Esta auxiliar de enfermería llamó a la Consellería de Política Social para comunicar que “en esas condiciones” no podía trabajar porque no había “una mínima seguridad”. “Entiendo que allí la cosa estaba fastidiada. Me enteré después”, explica.
Tanto ella como Marta Fidalgo y, al menos, otras 25 personas han sido penalizadas por negarse a trabajar en este centro y estarán un año fuera de las listas de contratación de la Xunta. Fidalgo ha presentado un escrito ante la administración gallega en el que solicita que se le retire la sanción. Asegura que no se negó a aceptar el trabajo, pese a carecer de formación sanitaria, y que lo que ocurrió es que el puesto “no reunía las condiciones mínimas de salubridad ni de seguridad” .
Montse Rodríguez, la representante sindical de CSIF, que es también auxiliar de enfermería, ayudó a redactar este escrito. Señala que la figura de las cuidadoras, como está registrada Marta, “está pensada como ayuda para niños en colegios e institutos” y califica de “grave” que la Xunta llamase para centros intervenidos a personas “sin conocimientos sanitarios de ningún tipo”. Incluso profesionales que sí están formados “renunciaron en pocas horas porque aquello –la residencia de Salvaterra– era el caos”, agrega.
En la primera ola de la pandemia ya se recurrió a cuidadores como refuerzo en los centros de mayores porque “todas las manos eran pocas”, pero, en su experiencia, en las residencias públicas estaban supervisados por personal sanitario. “De aquellos polvos vienen estos lodos. ¿Por qué hay tantos casos en las privadas y no en las públicas? En las públicas somos todos personal sanitario”, reflexiona.