La comparecencia en el Parlamento gallego este viernes de la responsable de la mayor red de residencias de ancianos de España, y también la de mayor incidencia de la COVID-19, acabó entre loas del Partido Popular y bronca con la oposición. BNG y PSOE protestaron por la falta de respuestas a sus preguntas sobre el muy cuestionado grupo DomusVi. Frente a la protesta, el presidente de la Comisión parlamentaria que estudia propuestas contra la crisis de esta pandemia, Diego Calvo (PP), contestó pidiendo perdón a la empresaria Josefina Fernández Miguélez. En el momento de máxima tensión, Calvo terció: “Le pido disculpas en nombre del Parlamento de Galicia”. El presidente de la comisión aclararía minutos más tarde que si algún diputado no se sentía representado por esa petición de disculpas generalizada a la jefa de DomusVi podía no hacer suyas esas palabras. Todo el lío, por las preguntas del representante socialista Pablo Arangüena que quería saber cómo se gestó el “pelotazo” de DomusVi y si su máxima titular tenía alguna titulación que la acreditase para dirigir los cuidados de decenas de miles de ancianos en toda España.
La consejera delegada de DomusVi, acudió a la Cámara gallega con una defensa cerrada de su gestión pese a los casi 2.000 fallecidos registrados en sus centros. Alertó contra quienes claman por un modelo público de cuidados de mayores al afirmar que sólo traería “caos, pérdida de recursos y consecuencias de alcance impredecible”, y descargó todas culpas en cómo gestionaron la pandemia el Gobierno de Pedro Sánchez y, en menor medida, algunas comunidades autónomas.
La única que salvó es a la Xunta de Alberto Núñez Feijóo, de la que la empresaria es muy próxima. “No me avergüenza decir que Galicia lo hizo bien”, aseveró en contestación al diputado socialista Pablo Arangüena, quien destacó que el 32% de los contagios en Galicia ocurrieron en centros gestionados por este gigante del sector de la geriatría. Y en su reparto de responsabilidades, Josefina Fernández incluso incluyó a los parientes de internos de sus residencias, concretamente los acudieron a la Justicia para denunciar la situación en residencias de este gigante del sector de la geriatría: “Nos costó mucho que las familias entendieran que no podían entrar [en los centros], y es cierto que algunas familias no lo entendieron y ahí es donde hubo más contagios”, afirmó.
El diputado del PP Alberto Pazos ahondó aún más en la defensa del grupo empresarial asentado en Vigo que atienden a más de 36.000 personas en residencias y centros de días de toda España. “Están más expuestos al virus, a mayor número de plazas, más riesgo, es lógico”, espetó Pazos al recriminar a la oposición por pretender “criminalizar a una empresa” a la que los socialistas u otras fuerzas políticas también encomiendan, en ciudades como Vigo o Barcelona, la gestión de centros para mayores. Media docena de comunidades autónomas, entre ellas Galicia, han tenido que intervenir residencias de DomusVi al detectarse mortíferos y elevados brotes de Covid-19. El diputado del PP justificó que la Xunta lo hiciera con ánimo de colaborar, “no para castigar a la residencia, sino para evitar muertes”.
Para Josefina Fernández, que el más castigado por la pandemia sean las residencias de ancianos es, en parte, porque por edad también es el colectivo “con más tasa mortalidad”. Pero, acusó, si registró más victimas es principalmente “por los graves errores de gestión de la Administración en la primera ola”. Y ahora, en la segunda, se redujo el número de fallecidos porque la afección del Covid-19 también es “menos mortífero”, consideró. Ante las denuncias de familiares y trabajadores de centros por las condiciones en las que son gestionados y la falta de medios, la empresaria asumió que gobiernos como del Núñez Feijóo le impusieran alguna sanción por no cumplir sus obligaciones en el ratio de personal. Pero, de nuevo a la defensiva, consideró que la falta de empleados formados es generalizada y acuciante en todos los sectores. “En todo caso es cuestión sólo de días, no es que no cumplamos el ratio de personal, es que no lo encontramos”.
“El sistema de salud no estuvo a la altura” ante la pandemia “y se les pidió a las residencias una responsabilidad que no tienen, no son un hospital, no tienen ni el espacio, ni el personal, ni los equipos”, abundó la empresaria al lamentar que se quiera criminalizar a DomusVi cómo si fuese quien “fabrica el virus para inyectarlo a los mayores”.
El gigante grupo empresarial con sede en Vigo y controlado por un fondo de inversión británico “paga sus impuestos en Galicia y en España y es un orgullo haber conseguido traer capital extranjero para el servicio de la geriatría”, aseguró Josefina Fernández. Es prácticamente la única respuesta que dio a la batería de preguntas del socialista Arangüena sobre la gran incidencia del Covid-19 en los centros de este grupo en toda España y el formidable negocio que constituye DomusVi nacido de la privatización de las residencias de las antiguas cajas de ahorro y de la estrecha relación entre la empresaria y el presidente de la Xunta. “Hace de la vejez un negocio”, criticó la nacionalista Olalla Rodil al subrayar que tras Madrid, Galicia es el territorio que más aporta a la multimillonaria cuenta de resultados de DomusVi, El 52% de sus centros son beneficiados con dinero público al tener algún concierto las administraciones.
Los interrogantes del diputado socialista llevaron al presidente de la comisión a pedir disculpas a la empresaria y excusó que no respondiera por considerar que entró en un terreno de acusaciones “fuera de lugar”. “Confundió los papeles, esta no es una comisión de investigación, sino de estudio”, apuntó el representante del PP entre reproches de la oposición. “De pedir disculpas, que sea en todo ella la que las haga a las familias de los miles de ancianos que murieron en sus residencias”, rogó Olalla Rodil.
Si tienes información sobre la situación en las residencias de ancianos durante la pandemia, escríbenos a pistas@eldiario.es