Sumar y BNG llevan a Europa la preocupación ambiental por el proyecto de macrocelulosa en Lugo

Obtener fondos europeos Next Generation es una condición indispensable para que la macrocelulosa que la empresa Altri quiere levantar en Palas de Rei (Lugo), en el límite de una zona protegida, llegue a ser una realidad. Esperan conseguir por este medio un 25% de los 850 millones que, según sus cálculos, costará ponerla en marcha. Por eso, tanto Sumar como el BNG quieren que Bruselas aclare si el polémico proyecto cumple la normativa ambiental que le permita optar a esas ayudas. Para ello, han presentado preguntas ante la Comisión Europea y la Comisión de Peticiones de la Eurocámara.

La eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop, del grupo de La Izquierda y Sumar, considera que la iniciativa “representa una infracción” del principio ambiental DNSH -no causar perjuicio significativo, en sus siglas en inglés- ya que “incumple” varios objetivos“ como la protección de los recursos hídricos”. Así, inquiere: “¿considera la Comisión (Europea) que este proyecto es subvencionable?”.

También se interesa por conocer si la Comisión considera que se ajusta a la Directiva Marco del Agua, ya que el proyecto “contempla la extracción de 46 millones de litros de agua al día: 31 para producir celulosa soluble y 15 para lyocell”. Ese consumo diario “es equivalente al de toda la provincia de Lugo”. Añade que la fábrica realizará “vertidos contaminantes que afectarían a toda la cuenca del río Ulla, desde su nacimiento, hasta su desembocadura en la Ría de Arousa”.

Con anterioridad, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ya había anunciado la presentación de una denuncia a la Comisión de Peticiones de la Eurocámara . “No podemos consentir que se concedan fondos europeos a un complejo que pone en serio peligro la biodiversidad y el sector agroganadero de varias comarcas”, señaló, en una visita a la zona afectada.

En su pregunta, Miranda explica que este proyecto está generando “gran preocupación en Galicia debido a su posible impacto ambiental y socioeconómico”. Destaca que su construcción está supeditado a la recepción de ayudas públicas de los fondos Next Generation, a través de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). “En 2023 ya fue rechazado en la convocatoria del PERTE de descarbonización industrial por incumplir la normativa europea, pero la compañía sigue optando a próximas convocatorias de estos fondos de recuperación europeos”.

“El elevado consumo de energía y agua; la posible contaminación en el río Ulla y en la Ría de Arousa; así como la dependencia de la madera de eucalipto y la pérdida de biodiversidad, son algunos de los aspectos que habían debido ser considerados en la evaluación medioambiental en caso de que este proyecto concurra a fondos europeos”, señaló Miranda.

La eurodiputada nacionalista ha presentado otra pregunta a la Comisión Europea en la que informa de que la falta de ampliación de la Red Natura puede posibilitar esta instalación. “La Red Natura hace años que debería haber sido ampliada y al no hacerlo, el Gobierno gallego vulneró las reiteradas advertencias europeas que la Comisión formuló desde 2011 para que la Xunta ampliase este espacio protegido”. Miranda acusa a la Xunta de usar esta falta de protección para promover proyectos “que atentan contra el medio ambiente e incumplen la normativa europea”.

Mientras, el Ministerio para la Transición Ecológica mira hacia otro lado. A preguntas de elDiario.es, una portavoz del departamento de Teresa Ribera se ha limitado a responder que no tienen competencias, ya que la cuenca afectada, la del río Ulla, está ubicada en la demarcación hidrográfica Galicia-Costa, perteneciente a la Xunta de Galicia.