El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha revelado este lunes que el Tribunal Supremo ha “dado la razón a Galicia” y, según el fallo que ha sido notificado al Ejecutivo, la Comunidad podrá recuperar los en torno a 200 millones que reclamaba al Gobierno central en concepto del IVA pendiente de diciembre de 2017. Recientemente, el alto tribunal ya había avalado la misma exigencia de Castilla y León. Por ello, en declaraciones a los medios en Oporto, Feijóo ha remarcado que se trata de “una noticia esperada”, según informa Europa Press. El origen de la deuda que ahora reconoce el alto tribunal se ocasionó durante el gobierno del PP.
Feijóo ha recordado que el “conjunto” de autonomías han impulsado esta reivindicación y ha apuntado que se plantearon propuestas de negociación al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez, pero “todas fueron rechazadas”, lo que llevó a “judicializar” el proceso para que el Gobierno central hiciese frente a la “deuda”.
Así las cosas, ha celebrado que “por fin” el Supremo repone “el equilibrio y el orden estatutario y constitucional”, incidiendo en que de lo recaudado en Galicia “el 50 por ciento del IVA y del IRPF corresponde a los gallegos. Recuperar ahora los en torno a 200 millones que exigía la Xunta (204 millones) es, en palabras del presidente, ”una muy buena noticia“ en el actual contexto económico de la pandemia.
El tribunal establece que la compensación final para Galicia habrá de fijarse en ejecución de sentencia; y su cuantía vendrá dada por la diferencia entre el resultado de la liquidación practicada en su día por la Administración del Estado y la que habría resultado de computar en dicha liquidación la recaudación del IVA de doce mensualidades, esto es, incluyendo también la correspondiente al mes de noviembre de 2017, a la que deberá añadirse los correspondientes intereses legales computados desde el momento de la presentación del requerimiento hasta el momento efectivo en que se produzca la compensación y se adopten las medidas necesarias para revertir el desajuste financiero ocasionado a la Comunidad Autónoma de Galicia.
Como hizo en la sentencia relativa a Castilla y León, el alto tribunal resuelve que el desequilibrio derivado de la aplicación de la metodología instaurada por el Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, determinó la vulneración del derecho a la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma, “pues es notoria la disfunción que se deriva del hecho de que las entregas a cuenta se le abonasen en doce mensualidades y, en cambio, en la liquidación definitiva se atendiese únicamente a la recaudación de IVA correspondiente a once mensualidades, derivándose de ello un resultado anómalo”.
Agrega que la aplicación de una norma reglamentaria --Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre-- “trajo consigo una alteración en las reglas del sistema de financiación autonómico establecido legalmente, produciendo un desequilibrio que es necesario corregir, al haberse producido un quebranto financiero para la Comunidad Autónoma demandante y, correlativamente, un enriquecimiento indebido para la Administración del Estado”.
El Supremo recuerda además que de ese “resultado anómalo” “se mostró persuadida la Administración del Estado antes del inicio de este proceso, como pusieron de manifiesto iniciativas de arreglo extraprocesal y que resultaron fallidas.