A principios del mes de agosto la Diputación provincial de A Coruña, la Iniciativa Gallega de la Memoria, la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica y los ayuntamientos de Sada y A Coruña acordaron impulsar la Junta pro Devolución del Pazo de Meirás para “reclamar la restitución de la propiedad” del edificio que desde hace casi 80 años está en manos de la familia Franco.
En esa primera reunión invitaron a la Xunta de Galicia a unirse al consenso creado para coordinar la respuesta institucional a lo que es desde hace años un clamor social. Sin embargo, tanto el Gobierno gallego como el propio Partido Popular siguen mostrándose tibios y dubitativos, enlazando excusas para no exigir a los herederos del dictador el retorno del inmueble.
Enfrente, la actividad institucional, política y social ha sido muy intensa. BNG, mareas municipales y En Marea están presentando iniciativas en todos los ámbitos, desde mociones municipales a propuestas en el Parlamento gallego o en la Eurocámara. En Marea llevó así mismo el asunto al Congreso de los Diputados. El PSOE ha apoyado en todo momento la reivindicación. No así el PP, que ya en mayo rechazó una propuesta en la Cámara gallega para reclamar en el Congreso un cambio legislativo que permita recuperar el pazo. Los populares también rompieron la unidad en un pleno municipal celebrado hace unos días en Sada, la localidad en la que se ubica el inmueble.
Aquel día, en un acto emotivo y con claveles rojos repartidos entre los asistentes, la mayoría de los ediles acordó “rechazar la gestión por parte de la Fundación Francisco Franco del programa de visitas al Pazo de Meirás” y apoyar la demanda del Ayuntamiento de que sea esta Administración “quien las gestione”, así como “condenar” las declaraciones de la entidad y de su portavoz, que consideraron “apología del franquismo”.
Así mismo, se instaba a la “modificación de la Ley de Fundaciones con objeto de impedir la legalidad de fundaciones que hagan apología del franquismo” y se pidió “realizar un estudio alrededor del expolio y la apropiación del Pazo de Meirás por parte de la familia Franco y sobre el proceso para posibilitar su devolución e incorporación al patrimonio público”.
El portavoz del PP y exalcalde, Ernesto Anido, justificó la abstención de su grupo en el hecho de que, a su juicio, existen otras prioridades en la localidad.
La actitud de la Xunta ha sido la misma: se ha abstenido. Después de que los representantes de la fundación franquista aireasen que piensan aprovechar las visitas guiadas a Meirás para hacer apología del dictador, el presidente, Alberto Núñez Feijóo, y otros miembros de su partido repitieron declaraciones públicas sobre el malestar que les provoca ver a la fundación franquista guiando las visitas al monumento, declarado Bien de Interés Cultural.
Pero más allá de esos titulares de prensa, el Gobierno gallego dice tener las manos atadas. Asegura que mientras la familia del dictador sea la propietaria oficial del pazo y la Fundación Francisco Franco, una entidad legal, no hay mucho que hacer.
“La Xunta cumple con la ley, como no podría ser de otra manera en un Estado de derecho”, afirmaron representantes de la Consejería de Cultura, que añadieron que la Fundación Francisco Franco “es una entidad considerada legal” y que, “por lo tanto, su derecho, pero también su deber, es actuar bajo las reglas democráticas”. El Pazo de Meirás “es un bien de titularidad privada” y, tal y como figura en la Ley del Patrimonio Cultural, “es deber de los propietarios abrirlo al público y gestionar su mantenimiento”, señala la Xunta. “Esta ley no establece nada al respecto de que las visitas se gestionen a través de uno u otro tipo de entidad”, añade.
El Gobierno gallego y el PP no se colocan del lado de la familia Franco, pero se resisten a actuar con contundencia para explorar posibles vías para la restitución del pazo. El pasado marzo, el número dos del Gobierno, Alfonso Rueda anunció un expediente sancionador a los herederos del dictador por incumplir su obligación de abrir el inmueble a los turistas cuatro días al mes. De momento el procedimiento duerme en los cajones de la Xunta.
La actitud mantenida por el Gobierno autonómico ha debilitado además el frente político y social que reclama la devolución del espacio. Una actitud que ha recibido sonoras críticas por parte del conjunto de la oposición, que acusan al PP de “complicidad, permisividad y connivencia” con la Fundación Franco, en palabras de En Marea.
El alcalde de Sada (de Sadamaioría, la marea local) fue rotundo al respecto: “Con voluntad política, con una mayoría en el Congreso de los Diputados, se puede modificar la Ley de Memoria Histórica. La proposición presentada por En Marea supondría una modificación sustancial en la legislación que, en nuestro caso, serviría para recuperar el pazo para el público. Poder, claro que se puede”.