El derecho a acceder a la información pública está recogido en una ley estatal de 2013 y en un gallega de 2016. La primera habla de que el procedimiento ha de ser “ágil, con un breve plazo de respuesta” y la segunda indica que “toda la información pública es accesible y relevante, y toda persona tiene acceso libre y gratuito a la misma”. A pesar de la declaración de intenciones, el proceso para obtener datos de las administraciones puede prolongarse durante varios meses, derivar en respuestas incompletas u obligar a presentar quejas para conseguir una contestación.
Este es el relato de cuatro casos en los que la Xunta no contestó a peticiones de información amparadas en la ley de transparencia hechas por esta redacción, dio una respuesta parcial o fue necesario pedir amparo a la Valedora do Pobo para obtenerla. Dos de ellos ocurrieron cuando Alberto Núñez Feijóo era el presidente de la Xunta. El ahora líder del PP incluye entre las propuestas de su plan de calidad institucional la de legislar de nuevo para que la administración sea “más transparente” y “ética” y “asegure el derecho de acceso a la información”.
El 26 de septiembre de 2022 fue presentada ante la Xunta una petición para conocer el detalle de las empresas que aportaron fondos en concepto de patrocinio (una fórmula que permite sustanciosas desgravaciones fiscales) para el Xacobeo 21-22. A través del formulario que la administración autonómica ha creado para solicitar información pública, este diario reclamaba saber la cantidad que cada firma había entregado y los beneficios en el pago de impuestos que les reportaría. La contestación llegó un mes después, que es el plazo máximo fijado por ley para resolver. Contenía únicamente la indicación de que se debía consultar una página web en la que aparecían las empresas, pero nada referido a sus aportaciones económicas.
Para estos casos, la ley gallega fija que se pueden presentar reclamaciones ante la Valedora do Pobo contra las resoluciones en materia de transparencia. A esta posibilidad recurrió esta redacción el 4 de noviembre de 2022 y la respuesta, que dio la razón a este periódico, fue notificada el 23 de diciembre. La Valedora señala en su texto que el derecho de los ciudadanos a pedir información pública “implica el derecho a recibir una respuesta documentada, completa y satisfactoria” y considera que no se puede admitir “que se le remita únicamente un link a la información publica en la web del organismo en la que se contiene únicamente parte de la información solicitada”. Añade que, en el caso de que los datos que se piden no estén en poder de la administración, como argumentaba la Xunta que ocurría en esta ocasión, esta “tiene la obligación de remitir la solicitud al órgano que posea esa información, debiendo informar de esta circunstancia al solicitante, obligación que en este caso la Axencia [de Turismo] no cumplió”.
A partir de este momento se abre otro proceso con otros plazos: en su respuesta a la Valedora la Xunta traslada que es el Consejo Jacobeo (un órgano de cooperación entre el Gobierno central y las comunidades por las que pasa el Camino) el que puede tener los datos de las aportaciones económicas, porque interviene para certificarlas. La Valedora reclamaba en su resolución que la Axencia de Turismo remitiese la petición a ese órgano en un plazo de 10 días, con lo que se abría la espera para que sea esa otra instancia respondiese.
La contestación del Consejo Jacobeo fue notificada el 19 de enero. En total, casi cuatro meses desde que se enviaron las preguntas. El documento sigue dejando parte de la información oculta. Expone que la Comisión Técnica Certificadora del Acontecimiento de Excepcional Interés Público Año Santo Jacobeo 2021 fue la que se ocupó de emitir la certificación de que los gastos de publicidad declarados por las empresas que donaron fondos se ajustaban a las normas. Fueron 21 las que cumplieron con esto. Aportaron 9,8 millones de euros ingresados por la Axencia de Turismo de Galicia. De acuerdo con el sitio web al que remitía la Xunta en su primera respuesta, hay 40 entidades colaboradoras del Xacobeo: 38 empresas, incluida una creada para la construcción y promoción inmobiliaria de un centro turístico en Huelva, y dos fundaciones. El Consejo Jacobeo aclara que solo tiene la información de las empresas colaboradoras que han presentado solicitud de certificación. El resto, ha de pedirse a “la administración correspondiente”.
A finales de marzo de 2022, seis instagrammers comenzaron a hacer una parte del Camino de Santiago y a publicar a diario en sus redes sociales sus selfis en ruta. En ninguna de las varias notas de prensa del Gobierno gallego sobre la iniciativa se mencionaban los fondos destinados a la misma ni se aclaró este punto cuando esta redacción lo preguntó a través del gabinete de prensa. La petición amparada en la ley de transparencia tampoco obtuvo respuesta, pero unos meses después la Xunta terminó subiendo los acuerdos a la plataforma de contratos -otro de los requisitos de las leyes de transparencia. Así se supo que se entregaron unos 80.000 euros de fondos públicos a estos influencers y a otro que participó en otro plan promocional ese verano.
El Gobierno gallego optó también por dificultar el acceso a los datos en otro asunto, en este caso más sensible: el número de eutanasias practicadas desde que entró en vigor la ley que reconoce el derecho a morir dignamente y la cifra de médicos que se han declarado objetores. En otoño de 2021, pocos meses después de que entrase en vigor la ley, trascendió el primer caso de eutanasia en Galicia, adelantado por el diario ourensano La Región. Pero la Consellería de Sanidade ni lo confirmó ni quiso ofrecer explicaciones sobre el motivo para no hacerlo. La pregunta a través del sistema de transparencia no tuvo contestación en plazo. La reacción de la Xunta se demoró desde el 5 de noviembre de 2021 al 21 de febrero de 2022, tres meses y medio. Pocos días antes de esa respuesta, este diario había publicado una información sobre la opacidad en esta materia, tras haber presentado una reclamación ante la Valedora do Pobo.
El Gobierno gallego también ha recurrido a ofrecer cifras sin desglosar en respuesta a otra pregunta hecha a través del mecanismo de transparencia. Fue el caso de la que reclamaba saber a cuándo ascienden los gastos de mantenimiento del complejo de Monte Pío, la residencia oficial del presidente de la Xunta, cuya construcción costó unos 10 millones de euros y que apenas tiene uso. La respuesta del equipo del entonces jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, argumentaba que suministros y servicios como el de la limpieza o la jardinería se habían formalizado con contratos centralizados para todos los edificios administrativos.
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