El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha admitido a trámite la demanda presentada por la Red de Medios Comunitarios contra el concurso destinado a otorgar las licencias disponibles en Galicia para la emisión en frecuencia modulada. La causa de la impugnación es el veto a la participación de los medios comunitarios en el reparto de licencias a pesar de que la Ley General de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2010, reconoce este tipo de medios como un derecho de la ciudadanía. La Xunta pretende otorgar las 85 licencias de las que dispone a servicios de comunicación comercial, agotando así el espectro planificado disponible e imposibilitando por la vía de hecho el ejercicio del derecho a comunicar a través de medios comunitarios en condiciones dignas.
El concurso fue convocado el 26 de julio de 2012 y excluye expresamente en su primer punto la participación de medios sin ánimo de lucro: “quedan fuera del ámbito de este concurso los servicios de comunicación audiovisual radiofónica comunitarios sin ánimo de lucro”. Los criterios de la convocatoria hacen muy difícil además que una emisora no comercial pueda competir de las propuestas de las grandes cadenas. Exige, por ejemplo, una cuantiosa garantía económica sólo para participar en el concurso. Además, aunque la propuesta de propuesta de programación puede otorgar 40 puntos para el baremo final, la propuesta económica puede conseguir 30 puntos, la propuesta tecnológica 20 puntos y la experiencia otros 10.
Cuando en agosto la emisora coruñesa Cuac FM comenzó una batalla para conseguir una de estas 85 licencias presentándose -al no quedarle otra manera- como emisora comercial, comenzó en paralelo otra lucha, esta estrictamente legal -a través de la Red de Medios Comunitarios- para impugnar la convocatoria y exigir que la administración cumpla su compromiso de reservar un mínimo espacio en el dial para las emisoras comunitarias o sin ánimo de lucro.
Las radios comunitarias en Galicia
España está muy lejos de otros países europeos, en los que las radios comunitarias sí cuentan con legislación y espacios específicos. Tan sólo una emisora comunitaria (Radio Klara, en la Comunidad Valenciana) ha conseguido en las últimas décadas una licencia de emisión. El resto mantienen su actividad en una continua situación de alegalidad, a la espera de que el Gobierno central apruebe el reglamento que desarrolla la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010, que reconoce por vez primera (lo que es un gran avance, después de treinta años de democracia) la existencia de emisoras comunitarias y posibilita que se pueda legalizar su situación. La Xunta se escuda en esta inacción del Gobierno central para restringir el concurso a las emisoras comerciales y tapa los ojos a la realidad de que ya existen seis emisoras comunitarias en funcionamiento. Radio Piratona, en Vigo (106.0); Rádio Filispim, en Ferrol (93.9); Radio Kalimera, en Compostela (107.9); Radio Roncudo, en Corme (106.1); Radio Clavi, en Lugo (103.0) y Cuac FM, en A Coruña (103.4). Están agrupadas en la Red Gallega de Radios Libres y Comunitarias, formada en 2006.
Por lo tanto, en Galicia existen medios libres y comunitarios desde hace tres décadas, sin que hasta la fecha las diversas administraciones les hayan otorgado licencias para desarrollar su actividad, a pesar de contemplarlas en la normativa reiteradamente. No hay que olvidar que la Resolución del Parlamento Europeo A6-0263/2008, “les pide a los Estados miembros que pongan la disposición de estos medios el espectro de frecuencias, analógica y digital, de radio y televisión, toda vez que el servicio prestado por los medios de comunicación comunitaria no se ha de evaluar en términos de coste de oportunidad o justificación del coste de adjudicación del espectro, sino por el valor social que representa”, y que la actividad de los medios comunitarios se encuentra legalmente protegida en la mayoría de los países europeos.
Los medios de comunicación comunitarios se caracterizan por no tener ánimo de lucro, por estar gestionados por un colectivo ciudadano, por su gestión participativa y horizontal y por tener un objetivo de servicio a la ciudadanía y a la sociedad civil de la que parte. La propia Cuac FM define su objetivo como “dar voz a aquellos que no la tienen”, y más allá de que esta premisa pueda sonar simple o ingenua, lo cierto es que las emisoras comunitarias cumplen ese papel tan necesario de acceso democrático, que supone entregarles a los colectivos y personas individuales espacios y tiempos para que expresen lo que quieran expresar. Varias de ellas rechazan la denominación de piratas y prefieren llamarse radios libres o comunitarias, pues consideran que los que verdaderamente piratean son las emisoras comercias que ocupan frecuencias o emiten en cadena más allá del permitido por la ley.
El sistema radiofónico en España y Galicia ha beneficiado en las últimas décadas a las grandes cadenas radiofónicas, que copan case todas las frecuencias de emisión y que dejan un espacio muy escaso para las emisión locales. Esta nueva convocatoria de la Xunta, por ejemplo, exige que el 50% de las emisiones se realicen en gallego, pero al mismo tiempo permite que la mayor parte de las horas de emisión se puedan hacer en cadena, casi siempre con origen en Madrid, por lo que ese 50% sólo se aplica en las emisiones realizadas desde Galicia. La convocatoria tampoco valora específicamente la creación de puestos de trabajo, lo que sería una grande ayuda para el sector del periodismo, que atraviesa una profunda crisis.