La Valedora do Pobo estudiará, a petición del Partido Socialista, lo sucedido en la Cabalgata de Reyes de Ourense. Ese día desfiló, ataviado como Baltasar, una persona que había sido condenada por abuso sexual. Lo contrató el Gobierno municipal de Gonzalo Pérez Jácome -de Democracia Ourensana, derecha populista-, que se ha negado a dar explicaciones. Según denunció la oposición, el hecho contravenía la ley que obliga a presentar un certificado de no haber cometido delitos sexuales a quien trabaje en contacto con menores.
“Solicitamos la intervención de la Valedora en un asunto que consideramos de extrema gravedad”, señala el PSdeG ourensano en un comunicado, “y la celeridad en la respuesta demuestra que se trata de una cuestión prioritaria que debe ser investigada sin demora”. Socialistas y BNG denunciaron en su día que la contratación sin el mencionado certificado podía infringir la Ley 26/2015 del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
El texto de la misma establece que “será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual (...) A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales”. El PP, que ha sido durante este convulso mandato el apoyo de Jacóme, como socio de gobierno y con su negativa a respaldar a la lista más votada -la del PSdeG-, se sumó finalmente a las protestas de BNG y socialistas.