La Valedora reprende a la Xunta por sus maniobras para ocultar el número de eutanasias practicadas en Galicia

La Valedora do Pobo ha reprendido a la Xunta por contestar fuera de los plazos que fija la ley de transparencia gallega a una petición de información pública y le ha recordado que incumplir de forma reiterada este punto representa una infracción grave. Las preguntas a las que no ha respondido en tiempo el Gobierno gallego fueron realizadas por este periódico en noviembre de 2021 para conocer datos relativos a la aplicación de la ley de eutanasia como el número de procesos en marcha y finalizados y la cantidad de profesionales que se han declarado objetores de conciencia.

Las primeras cuestiones al respecto se dirigieron a la Consellería de Sanidade, la competente para poner en marcha los mecanismos para aplicar el derecho a la muerte digna, a través del cauce habitual para los medios de comunicación, que es el gabinete de prensa. La falta de respuesta motivó posteriormente la petición de información amparada en la ley de transparencia. Esa norma da a la Xunta el plazo de un mes desde que recibe la solicitud para darle respuesta. Transcurrido ese periodo sin contestación, el siguiente mecanismo disponible es presentar una reclamación ante la Valedora do Pobo y, en concreto, ante la Comisión de Transparencia, algo que hizo esta redacción en enero de este año. Casi un mes después, el Gobierno gallego facilitó la información que se pedía.

En su resolución, la Valedora estima la reclamación y recalca que Sanidade no dio respuesta a la petición de información hasta después de que se presentase un recurso ante la Comisión de Transparencia. Avisa de que la ley estatal de transparencia considera que resolver las solicitudes fuera de plazo de forma reiterada es una infracción grave. Sin embargo, de acuerdo con una información publicada por Praza.gal, no se han desarrollado en Galicia las regulaciones que determinen qué hacer en caso de incumplimiento y, por lo tanto, la Valedora no tiene la capacidad de imponer sus resoluciones.

Los últimos datos de Sanidade, actualizados a finales de febrero, indican que hay 128 médicos registrados en Galicia como objetores de conciencia. Hasta ese momento se habían presentado 14 solicitudes de eutanasia y dos de ellas habían llegado hasta el final del proceso y se habían realizado, una en el área sanitaria de Ourense y otra en la de Ferrol.

La ley de eutanasia ha cumplido ya un año desde su aprobación, en marzo de 2021, pero la entrada en vigor de los puntos fundamentales no se produjo hasta junio. En el límite del plazo dado, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, activó todos los mecanismos para aplicarla menos uno -la comisión de garantía y evaluación se constituyó poco después-. Entonces no criticó directamente la normativa, pero sí reivindicó la posición habitual de la derecha, que es la de defender los cuidados paliativos, e hizo mención a la norma que el Parlamento gallego aprobó con ese nombre y que considera “más respetuosa con el conjunto de sensibilidades de la distinta población gallega y española”. En cualquier caso, añadió que “todas las leyes se tienen que cumplir”.

La Xunta se reservó en la aplicación de la norma una parcela de influencia sobre los procesos de eutanasia. En el decreto con el que se ordenó la aplicación de la ley en Galicia se introdujo que son las direcciones asistenciales de cada área sanitaria las que eligen al médico responsable de cada caso. Esta no es una decisión del paciente, un punto que la Asociación Derecho a Morir Dignamente en Galicia ha criticado.