No es la primera ni la segunda vez que Alberto Núñez Feijóo participa de acciones que blanquean la dictadura. El presidente del Partido Popular acredita una carrera política en la que su posición ante el franquismo se ha instalado en la tibieza durante años, ha rozado la comprensión por momentos y, en otras ocasiones, le ha llevado a poner su rúbrica en declaraciones institucionales contra el fascismo junto a Partido Socialista y Bloque Nacionalista Galego. Y es que Feijóo, sucesor político de Manuel Fraga, aprendió pronto que decir una cosa y la contraria no es un problema en política, es conveniente. Su análisis de la dictadura no solo es equiparable al de Vox, sino que está asentado en su ideario mucho antes del nacimiento de la formación de extrema derecha. En este punto, un dato: Vox nunca ha encontrado hueco en el Parlamento de Galicia en las dos ocasiones que ha concurrido a esos comicios.
El actual debate sobre la puesta en marcha de leyes de “concordia” en autonomías del PP que igualan al franquismo con la democracia no supone un problema para el líder del PP. Galicia, bajo su mando, nunca tuvo una ley de memoria histórica. Y no es porque no se lo hubieran pedido: lo hizo el BNG en marzo de 2019 y el PP usó su mayoría absoluta para tumbar el proyecto. Durante aquel debate, Alberto Pazos Couñago, el portavoz que el PP nombró para defender aquella negativa, acusó a los nacionalistas de “falsificar la historia”, buscar “réditos electorales” y autoproclamarse con “superioridad moral para trazar una línea entre quienes son demócratas y quienes no lo son”. El firmante de esos argumentos, que boqueó como diputado raso, es a día de hoy portavoz parlamentario del PP en el Parlamento de Galicia.
Los ejemplos del programa de lavado al que Feijóo ha sometido al franquismo una y otra vez son incontables. En 2009, tras ganar sus primeras elecciones, cerró el memorial ubicado en la Illa de San Simón (Pontevedra) que recordaba el campo de concentración que la dictadura instaló en el lugar y por el que pasaron miles de presos republicanos; muchos nunca salieron con vida.
La ocupación franquista del Pazo de Meirás (A Coruña) durante 82 años la calificó como unas “vacaciones estivales” de Franco, a quien en numerosas ocasiones se dirigió como “el general”. En mayo de 2017, Feijóo hizo suyas las tesis de los herederos del dictador y obligó que sus diputados votasen en contra de una iniciativa parlamentaria que reclamaba la devolución del Pazo al patrimonio público. Cuando la justicia obligó a devolver el palacio al Estado corrió a pedir la gestión para la Xunta con un plan debajo del brazo: convertirlo en un lugar de culto a la escritora Emilia Pardo Bazán, que también residió en la finca, y olvidar las décadas del expolio franquista sobre los vecinos de Sada (A Coruña), obligados a pagar la compra del inmueble con sus ahorros y hacerlo pasar como un regalo.
Pero, si hay un gesto de Feijóo que deja a Vox a la altura de un recién llegado al blanqueo de fascistas, es la frase que pronunció a principios de noviembre de 2022. Aquel día aseguró que la Guerra Civil había sido “una pelea de abuelos”.
Luego está el otro Feijóo, el que aprendió de Fraga las mieles de la contradicción y que, cuando se cumplieron 80 años del golpe de estado del 18 de julio del 36, firmó junto al resto del PP gallego una declaración institucional del Parlamento de Galicia, que se aprobó por unanimidad y en la que se hablaba de “dictadura franquista”, se condenaba expresamente aquel golpe, “el régimen dictatorial” que lo sucedió y “los crímenes y represiones ejercidas sobre las personas vencidas”.
Pupilo de un ministro de Franco
Tras la postura de Feijóo sobre la dictadura hay un nombre propio: Manuel Fraga Iribarne. El fundador del Partido Popular concitó ante sí un oxímoron histórico: haber formado parte de un régimen de terror para acabar convirtiéndose en padre de la Constitución que dio paso a la democracia. Pero la biografía de Manuel Fraga no está completa sin el relato de su participación en el fusilamiento de Julián Grimau, ordenado por un Consejo de Ministros del que formó parte; la muerte de Enrique Ruano, cuyo asesinato a manos de la Policía disfrazó ante la prensa como un suicidio; o la muerte de trabajadores en Vitoria, tiroteados por la Policía, siendo él ministro de Gobernación. “La calle es mía”, clamaba entonces un Fraga a quien Feijóo ya conoció como “Don Manuel”, cuando en 2003 lo fichó para su Gobierno en la Xunta, en donde le haría vicepresidente un año después.
Fraga era entonces el jefe, espejo y guía de todos aquellos que querían progresar en la política desde Galicia. Feijóo era uno de ellos y llevaba años intentándolo; primero fundando un sindicato de funcionarios y coqueteando con el PSOE, en donde no encontró alojamiento. Eran años en los que las leyes de memoria aún no habían llegado al debate público y el propio Fraga se despachaba en entrevistas reivindicando “la inteligencia de Franco para rehacer España”.