Un año después del accidente del Alvia del 24 de julio de 2013 la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del Ministerio de Fomento concluyó que el único responsable de lo sucedido había sido su maquinista, que se había despistado y no había frenado a tiempo antes de la curva de Angrois. Dos años después, la Unión Europea constató que aquella investigación no había sido realizada de manera independiente, y reclamó a España que realizara una nueva de acuerdo con las normas comunitarias. Sin embargo, casi cinco años después del siniestro esa investigación aún no se ha hecho porque Fomento argumenta que la CIAF ahora ya sí es independiente y el Gobierno ya no puede darle la orden de hacer un nuevo análisis del siniestro. Y la propia CIAF no considera necesario hacerlo. Este martes oa comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, ha trasladado a las víctimas del siniestro su “frustración” con España por ese bloqueo, que se mantiene casi cinco años después del siniestro.
La plataforma de víctimas del Alvia ha sido recibida por la comisaria europea en Bruselas por mediación del BNG, cuya eurodiputada, Ana Miranda, está actuando como embajadora de hecho de los afectados ante diversos entes comunitarios. En el encuentro de este martes Bulc les ha trasladado que el próximo 10 de julio ha previsto mantener un encuentro con el nuevo ministro de Fomento, el socialista José Luis Ábalos, y trasladarle la necesidad de que España realice esa investigación técnica independiente del siniestro al margen de la penal que está en marcha en un juzgado de Santiago y que tampoco ha terminado cinco años después. Pero la Comisión Europea, dice, no tiene capacidad de obligar al Estado español a hacerlo.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que ha participado en el encuentro, ha mostrado su incomprensión por el hecho de que la Comisión Europea entienda que un estado miembro no está cumpliendo con la normativa comunitaria pero que no exista ninguna sanción para ese caso. Lo mismo considera Arturo Domínguez, uno de los integrantes de la plataforma de víctimas, que considera que la UE debe habilitar algún mecanismo legal para desatascar la situación.
En el encuentro de este martes a comisaria Bulc también ha avanzado a los presentes que ya cuenta con un informe que encargó hace un año a la Agencia Ferroviaria Europea sobre el cumplimiento actual por parte de España de la normativa comunitaria en general en materia de seguridad ferroviaria y que podría abrir la puerta a un procedimiento de infración. Un informe que, segundo ha dicho, prevé hacer público en cuestión de semanas. Las víctimas y el BNG confían en que ese informe, a pesar de no hacer referencia directa al accidente de Angrois y su época, constate incumplimientos actuales que evidencien que la situación era aún peor en 2013.
Esta reunión se produce unos días después de que la pasada semana a Agencia Ferroviaria Europea remitiera al juzgado que instruye la causa penal un informe que tumba gran parte de los argumentos que venía empleando Fomento para atribuir al maquinista del Alvia la responsabilidad del siniestro. Este martes otro de los portavoces de las víctimas, Javier García, consideraba “inexplicable que cinco años después no haya dimitido nadie y no hayan hecho dimitir a nadie”, destacando en particular que el director de Seguridad en la Circulación de Renfe, Antonio Lanchares, uno de los imputados en la causa junto a su entonces homólogo en Adif, siga ocupando en la actualidad ese mismo puesto de libre designación. Las víctimas piden al nuevo ministro que lo cese.
Por su parte, la eurodiputada Ana Miranda ha salido del encuentro optimista con lo que considera una nueva muestra de compromiso por parte de las instituciones europeas, tanto de la Agencia Ferroviaria como este martes por parte de la comisaria, con las víctimas y con la fiscalización por parte comunitaria de cómo España está gestionando la investigación del accidente. “No vamos a tirar la toalla”, ha sentenciado la portavoz del BNG, Ana Pontón, quien ha hecho suyas las palabras de las víctimas y ha apelado a “saber toda la verdad para poder cerrar las heridas”.
Por su parte, las víctimas han aprovechado su visita a la Comisión Europea para informar de los obstáculos que están teniendo para averiguar todo lo que pasó en Angrois a los secretarios generales del PSdeG, Gonzalo Caballero, y PSC, Miquel Iceta, con los que se encontraron mientras estos esperaban por reuniones sobre otras cuestiones que tenían concertadas en el mismo edificio.
Declaraciones en el juzgado
Por otra parte, este mismo martes declararon en el juzgado de Santiago como testigos dos cargos de Renfe en relación con la alerta que un año y medio antes del siniestro había lanzado otro maquinista sobre el riesgo de que en la curva de Angrois ocurriera un accidente justo cómo el que sucedió el 24 de julio de 2014. Francisco Minayo, director general de Operaciones e Ingeniería de Renfe, y Javier Nicolás, gerente de la dirección corporativa de Seguridad en la Circulación de Renfe, han dicho, según varios de los presentes en la sala, que ellos no conocieron de manera directa esa alerta lanzada por aquel maquinista. Según su declaración, cuando analizaron la configuración de los sistemas de seguridad que había por detrás de aquella advertencia comprobaron que todo cumplía con la normativa y concluyeron recomendando más formación sobre la línea a los maquinistas.
Esas declaraciones, que se producen después de que su superior imputado, Antonio Lanchares, dijera en el juzgado que sus subordinados no lo habían informado de esa alerta previa sobre Angrois, son similares a las que hace ya cuatro años habían hecho también en el juzgado otros cargos relacionados con la gestión de aquella alerta. Ya en ese momento quedó constatado que esa formación a mayores de los maquinistas decidida por Renfe no había llegado al conductor del Alvia siniestrado, que pertenecía al departamento de larga distancia y no al de media distancia que fue al que supuestamente se impartió. Su historial formativo no recoge nada al respecto.